Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia anunciaron que cada una de ellas han presentado recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen Especial de Protección (LESPRE) y solicitaron que se suspendan cautelarmente los efectos de esta orden hasta que haya una sentencia firme de los contencioso que se presenta. Así se lo ha ratificado el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una reunión en Santander (Cantabria) para atajar la situación con sus homólogos y representantes de organizaciones agrarias, quienes también anunciaron acciones legales y movilizaciones.
En dicho encuentro se revalidó el compromiso de las cuatro comunidades para mantener la unidad de acción y continuar trabajando en en la coexistencia del lobo con la ganadería extensiva con una coordinación en todos los niveles, señalaron a la Agencia Ical.
Suárez Quiñones, quien destacó que las comunidades recurrentes representan colores políticos diferentes, afirmó que la estrategia y las medida llevadas a cabo hasta ahora por las comunidades autónomas han mostrado durante años la conservación del lobo, pero la decisión del Gobierno de España «se carga un modelo que ha permitido durante tantos años alcanzar unas poblaciones de lobo que son verdaderamente la envidia de muchos países, algo que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, debería de lucir y dejar de dedicarse a tomar decisiones que solo van a atacar la propia supervivencia del lobo».
Detalló que en aquellos lugares en los que ha habido una protección estricta «no ha garantizado la expansión del lobo, sino todo lo contrario». La desaparición de las poblaciones de lobo en Sierra Morena, a caballo entre Castilla-La Mancha y Andalucía, ha sido en el marco de una protección estricta. Algo similar sucede en Portugal, quienes poseen peores poblaciones que Galicia o Castilla y león con una protección estricta desde hace muchos años, agregó.
Por ello, recalcó que esta iniciativa va en contra de muchas cosas, tanto de la propia especie como de la soberanía de los Gobiernos regionales, sin olvidar que las competencias estaban bajo el amparo europeo, con la posibilidad de gestión del lobo que la Directiva Hábitat de 1992 permitió a los estado al norte de Duero, añadió.
El responsable de Medio Ambiente de la Junta subrayó a la Agencia Ical que desde el Ministerio de Transición Ecológicas y el Gobierno de Pedro Sánchez existe «miedo al diálogo para poder hablar de la nueva ley y consensuar la estrategia, ya que no se puede decidir algo tan importante de esta forma». Por ello, cargó contra la manera «autoritaria» de hacer las cosas y censuró el «desprecio» mostrado contra el trabajo realizado por la cuatro comunidades autónomas hasta ahora.
De igual modo mostró su incredulidad ante la parte monetaria, con unos comprimíos económicos «Totalmente discordantes» entre los supuestamente 20 millones de euros para la gestión y aplicación de la orden ministerial, cuando la memoria económica de la misma, que es el documento jurídico, administrativo y presupuestario que tiene que acompañar a una normativa de este tipo, habla de que son 25.000 euros la repercusión económica. «De todo estos tendrá que hablar con nosotros», subrayó.
Aun así, Suárez-Quiñones dejó claro que la justicia «es el último bastión de los derechos de los territorios y de las personas», por lo que mostró su total confianza en en la justicia para que es recupere «un sin sentido que ha desembocado esta gestión».
Justicia y respeto
«Cuidar la biodiversidad y reivindicar justicia, coherencia y respeto». Así de clara se mostró la consejera gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien explicó que las cuatro comunidades autónomas albergan siete millones de habitantes y representan el 28 por ciento del territorio, las cuales han trabajado durante muchos años para que el lobo pueda gozar, en estos momentos, «de buena salud y de un estado favorable, ya que congregan al 95 por ciento de las manadas».
Gracias a ello, «España puede presumir en Europa de que tiene y conserva lobo». Todo ello de la mano de estrategias y planes de gestión, que llevan implementados más de una década en Galicia y han conseguido «el equilibrio perfecto para poder defender al lobo y a los habitantes». «Hablar de medio ambiente es proteger la biodiversidad, pero la biodiversidad es el lobo, el oso, el águila, la vaca o la cabra, algo que tenemos gracias a los hombres y mujeres que viven en el medio rural».
Vázquez señaló que se presentan estos recursos al «no haber ninguna alternativa y no quedar remedio ante unas acciones y una ley que produce indignación, que carece de argumentos científicos y que sigue un camino de incoherencia tras incoherencia». Se espera un camino largo, pero se confía en la justicia para mantener una gestión que pide el territorio, aseveró.
El consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, denunció a la Agencia Ical la situación de inseguridad jurídica y de paralización de los planes de gestión que produce una ley, que trastoca todas las acciones llevadas a cabo desde hace 20 años en el Principado para salvaguardar la especie, las cuales han sido las medidas más avanzadas de toda España. Además, censuró que dicha orden ministerial no tiene periodo transitorio para su aplicación y «deja a los que tenemos que desempeñar la responsabilidad en el peor de los escenarios».
«Creemos que tenemos razones, documentación y fundamentos científicos y una visión global de nuestra responsabilidad en el territorio. No estamos de una política sectorial, aun que se tenga muy en cuenta al ámbito agrícola y ganadero, sino que se habla de la conservación de la especie, porque en el medio rural se tiene respeto por la fauna salvaje y la biodiversidad».
Todo ello para que «ese equilibrio siga avanzando como ocurre con la situación del lobo, que no es perfecta, pero si ha permitido que la especie para nada esté peligro en estas regiones». No obstante, aclaró que para que eso siga funcionando se necesita la «complicidad de los habitantes del medio rural, dado que si mensajes y políticas como la estatal hacen sentir a esos habitantes que no se los tiene cuenta, hay un grave problema». Y ahí entran en juego el papel de las comunidades autónomas, aseveró.
Falta de diálogo
En ese sentido, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, dejó patente su indignación por las acusaciones de la ministra, Teresa Ribera, y del secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al asegurar que las comunidades autónomas no han querido dialogar. Hace prácticamente un año, en octubre de 2020, los cuatro consejeros presentes enviaron una carta a Ribera para llevar a cabo una reunión con el fin de exponer en detalle los argumentos, puntualizó.
De igual modo se trasladó una misiva a Morán en el mes de diciembre. Algo que no cesó ahí, ya que en el pasado febrero se solicitó a la ministra, al amparo del reglamento de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, una reunión extraordinaria y monográfica de dicho órgano para tratar la inclusión del lobo en el LESPRE. «No solo no se respondió, sino que no se convocó dicha reunión como contempla el reglamento».
Por todo esto, afirmó que las recientes declaraciones en las que se alude a una «supuesta falta de diálogo es indignamente». «Nos gustaría pensar que todavía hay un espacio al diálogo, porque nunca nos cerraremos a ello. No vamos a permitir más avasallamientos como los que estamos sufriendo a día de hoy», sentenció Blanco.
