El obispo de Segovia, Ángel Rubio, denunció hoy el “negocio” de los abortos asegurando que cada día mueren aproximadamente 300 niños por esa práctica que, según sus datos, mueve alrededor de 50 millones de euros en nuestro país.

Suscribiendo las palabras de la directora de la Fundación Red-madre, Carmina García-Valdés en las que señaló que “en un año de crisis vemos que el aborto es un negocio saneado, protegido y subvencionado por el Estado”, Rubio recordó que en 2011 se practicaron 118.359 abortos en nuestro país, lo que representa un 4,5 por ciento más respecto a la cifra de 2010, situada en 113.031. De ellos, el 97 por ciento se efectuarían en centros privados, según los datos del Ministerio de Sanidad.

A través de la carta pastoral recogida por Segoviaudaz.es, el obispo de Segovia critica la “falsísima” idea del “sector proabortista” de que la práctica no mata a ningún ser humano. Calificándolo de “crimen abominable”, Rubio incidió en que existe vida humana desde el instante mismo de la fecundación y criticó los “chantajes efectivos” de quienes alegan que los futuros hijos pueden llegar a convertirse “en grave problema doméstico y social”. A ellos, contestó el máximo representante de la Iglesia católica en Segovia, “se les puede responder que por esa misma regla se podrá aniquilar a todo el que molesta o supone una carga social”.

Citando al Concilio Vaticano II, señaló además que la decisión del aborto deja profundos traumas psicológicos y morales sobre quien la toma y aseguró que sobrepasa las decisiones sobre el propio cuerpo, sobre la salud de la madre o sobre la elección de la maternidad. “Es una decisión sobre un hijo indefenso y totalmente dependiente de quien lo lleva en su seno”, subrayó.

Ante la ley del aborto, Ángel Rubio criticó que el Estado otorgue calificación de derecho a lo que es “un atentado contra el derecho fundamental de a la vida” y le asignó “la tutela del bien fundamental de la vida humana y del derecho a vivir” como parte esencial de sus obligaciones. “La vida de cada ser humano es un bien básico, sagrado e intangible; y el derecho a vivir no está a disposición de nadie: no puede ser violado por ningún ciudadano ni por el Estado; menos, si cabe, por aquellos que tienen particulares obligaciones de atención a la vida incipiente de un ser indefenso, como son sus padres o los médicos”, concluyó.