Más de 25.000 personas de Castilla y León que reciben una prestación económica por cuidados en el entorno familiar de un dependiente percibirán desde este mes de agosto un 30 por ciento menos de asignación, tras la entrada en vigor el pasado día 1 de la orden que modifica las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad.
Según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a Ical, a 1 de junio de 2012 había en la región 25.486 cuidadores familiares no profesionales que recibían una prestación mensual media de unos 380 euros, que ahora se reducirá en un 30 por ciento, un 15 por ciento como consecuencia de la reforma de la Ley de Dependencia incluida en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y otro 15 por ciento por decisión de la Junta para potenciar las prestaciones por servicios profesionales.
De esos 25.486 cuidadores familiares no profesionales, 11.744 estaban además acogidos a un convenio especial por el que el Estado también les abona una cuota a la Seguridad Social al no cotizar por otras vías, un beneficio que sí seguirán teniendo aunque se ha eliminado para los nuevos usuarios.
La Junta ha demandado reiteradamente desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007 que se primen los servicios profesionales frente a los cuidados en el entorno familiar, que según la norma deberían utilizarse sólo en casos excepcionales. De hecho, es una de las comunidades autónomas que menos porcentaje destina al pago de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y más a financiar servicios.
Así, sólo el 41,2 por ciento de los 61.839 dependientes con prestación reconocida (77.778 prestaciones ya que una persona puede tener varias) que había en la región a 1 de junio eran atendidos por un miembro de su familia, mientras que en España ese porcentaje se elevaba a un 58 por ciento de los 750.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia, con un total de 435.180 cuidadores familiares con paga, de los que a 179.435 el Estado les abonaba además su cotización a la Seguridad Social. Esto supone que en la Comunidad los servicios representan el 67,94 por ciento de las prestaciones por dependencia, frente al 54,68 por ciento estatal.
Con esta reducción de la paga a los cuidadores no profesionales, la Consejería de Familia calcula que unas 25.000 personas dependientes pasarán de ser atendidas por familiares a recibir servicios profesionales, tanto residenciales como a domicilio, lo que permitiría crear 16.700 puestos de trabajo en centros residenciales u 11.000 en atención domiciliaria.
Requisitos
La normativa estatal establece que pueden asumir la condición de cuidadores no profesionales el cónyuge de la persona dependiente y sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado de parentesco. La reforma introduce como novedad que a partir de ahora deberán acreditar unos conocimientos mínimos para poder acceder a esta asignación, con el objetivo de dar prioridad a la atención profesional.
El importe de la prestación económica que reciben depende de la capacidad económica del beneficiario y del grado y nivel de dependencia de la persona a la que atienden. El máximo mensual establecido en 2012 para un cuidador a tiempo completo era de 520,69 euros al mes, para una persona que atendiera a un gran dependiente de nivel 2, y el mínimo de 180 euros, para el de un dependiente moderado de grado 1, unas cuantías que ahora se reducen un 30 por ciento de media.
Así, tras la simplificación de los grados y niveles de dependencia, que pasan de seis a tres, en Castilla y León los cuidadores familiares de grandes dependientes cobrarán una media de 319,23 euros; los de dependientes severos, 221,36 euros, y los de dependientes moderados, 126 euros al mes.
