El Ministerio de Economía y Hacienda advirtió a 105 municipios de Segovia, de que en octubre podría dejar de transferirles su parte correspondiente a los ingresos de la recaudación de impuestos por no haber liquidado el ejercicio fiscal 2010 antes del 31 de marzo. Así lo establece la Ley de Economía Sostenible, aprobada por las Cortes Generales y que está en vigor desde marzo, y que señala que aquellas corporaciones locales que incurran en este capítulo de la norma, podrían ver bloqueados estos fondos, si bien la idea del Gobierno no es retener ese dinero, sino que los ayuntamientos auditen sus cuentas. En la Comudidad se cifran un total de 730 municipios que igualmente podrían quedarse sin ellos.

En esta ‘lista negra’ publicada por Economía y Hacienda se encuentran consistorios con importante peso poblacional en la provincia de Segovia como El Espinar o San Ildefonso.

Respecto a la Comunidad, Castilla y León engloba a casi una tercera parte (29 por ciento) del total de municipios españoles que han recibido el aviso del departamento dirigido por Elena Salgado, que asciende a 2.514 por no auditar 2010. Aunque un gran número de ellos son pequeños ayuntamientos, ninguno de esos 730 son diputaciones provinciales, ni tampoco capitales de provincia. Se añaden otras poblaciones como Benavente y Toro (Zamora), La Bañeza y Villablino (León), Guijuelo y Vitigudino (Salamanca), Las Navas del Marqués y El Tiemblo (Ávila), Saldaña y Velilla del Río Carrión (Palencia), San Leonardo de Yagüe y Berlanga de Duero (Soria) y Renedo de Esgueva (Valladolid).

Si se atiende al número de municipios que no tienen al corriente sus cuentas, Burgos es la provincia donde más ayuntamientos no han presentado las auditorías, con 127, frente a Valladolid, que es la más responsable con la Ley de Economía Sostenible, ya que solo 36 entidades tienen pendiente remitir sus cuentas al Gobierno. Entre la provincia burgalesa, Salamanca, Segovia y Zamora, todas por encima del centenar de municipios sin auditar, representan seis de cada diez municipios en este estado crítico, y el 17,4 por ciento de España.