La Guardia Civil ha detenido a dos empresarios radicados en la comarca de Cuéllar por tener empleadas a 24 personas de origen rumano sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social, los cuales desempeñaban las labores de recolección de ajos en diversas parcelas agrarias de dicha comarca como temporeros.
Las investigaciones se iniciaron cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un asentamiento ilegal de personas, situado en un pinar próximo a Cuéllar, el cual carecía de los mínimos requisitos de salubridad, careciendo de agua corriente, luz, durmiendo al raso y rodeados de inmundicias que con el paso de los días iban acumulando las más de veinte personas que allí se encontraban. Estos ciudadanos se desplazaban a trabajar en furgonetas hasta diversas parcelas agrarias entre las que se encontraban las de los dos detenidos.
A los detenidos se les imputa un delito Contra los Derechos de los Trabajadores, del artículo 311 del Código Penal, castigado con penas comprendidas entre los seis meses y seis años de prisión y multa de seis a doce meses.
Por otra parte, se considera infracción grave no solicitar el alta en la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio. Esta infracción está castigada con multa que oscila entre los 3.126 y los 10.000 € por trabajador no dado de alta. Además cabe recordar que las solicitudes de alta se deben realizar con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios.
La existencia del asentamiento ilegal ha sido puesto en conocimiento tanto del SEPRONA, como del Centro de Acción Social de Cuéllar (CEAS), por si se considera necesario algún tipo de actuación con los ciudadanos rumanos integrantes del asentamiento. En el caso de los detenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar.
Las diferentes campañas de recolección de productos agrícolas en las explotaciones agropecuarias generan una importante demanda de trabajadores, al desarrollarse de manera concentrada en determinados periodos estacionales. Todo esto provoca que se estén produciendo situaciones como la descrita, lo que hace que por parte de la Guardia Civil se continúe en colaboración con la Inspección de Trabajo, realizando las correspondientes investigaciones, con el objetivo de detectar posibles irregularidades administrativas o penales.
