La formación política UPyD de Segovia ha pedido a todos los miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia como a los miembros de la Comisión de Retribuciones de la entidad que declaren en calidad de imputados porque consideran que existen indicios delictivos en la modificación en beneficios de terceros del Plan de Prejubilaciones y retribuciones durante los ejercicios 2008 a 2010. UPyD aseguró que la entidad ya conocía entonces el proyecto de integración en el SIP del Grupo BFA/BANKIA, por lo que lo modificó otorgando importancia a “la salida apresurada de todo órgano de administración para empezar a cobrar estas retribuciones”, dotándolas posteriormente de una mayor cuantía.

Durante una comparecencia ante los medios, Luciana Miguel Alhambra, portavoz de UPyD Segovia y Andrés Herzog, miembro del Comité de Dirección de la formación magenta, responsable de los Servicios Jurídicos del partido y abogado que ha asumido la acusación en el procedimiento judicial en marcha contra Caja Segovia , aseguraron que, como miembros del Consejo de Administración, conocían las cantidades millonarias, “unos 45 millones de euros que se han repartido entre unas 15 personas, en unos cinco años”, y que no se hubiera aprobado sin su consentimiento.

Por este motivo, UPyD presentó al Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia una documento de alegaciones al proceso abierto contra Caja Segovia alegando que “en vez de rescatar las cantidades que ya se habían abonado del plan de prejubilaciones, fueron acelerar las dotaciones para aumentar sus propias retribuciones. En este sentido, Herzog lamentó que se hayan premiado “los malos resultados” con unas prejubilaciones millonarias que no corresponden con beneficios positivos y calificó la gestión de las cajas de “desastrosa”. El responsable de los Servicios Jurídicos del partido añadió que no descartan en un futuro pedir la imputación de otros directivos, y que este es un paso más “para seguir avanzando en la depuración de responsabilidades”.

Por su parte, Miguel Alhambra denunció “que a día de hoy nadie ha asumido ninguna responsabilidad y que no hayan dado explicaciones” y añadió que han sido los políticos los que han causado un gran perjuicio a las cajas de ahorro por su presencia en los órganos de dirección. En este sentido añadió que “no es verosímil” que el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, manifieste no conocer las cifras del caso “porque estaban presentes en el Consejo de Administración cuando se aprobaron las cantidades que se han concedido al Comité de Dirección”.

Entre los representantes del PP y del PSOE de Segovia, la portavoz del grupo político citó, por el PP, al ex director de Caja Segovia Atilano Soto, Elena García Gil, Miguel Ángel de Vicente, Fernando Aceves, el ex presidente de la Diputación, Javier Santamaría, Juan José Sanz Vitorio; y por el PSOE, al alcalde de la capital segoviana Pedro Arahuetes, José Pablo Lozoya y Manuel Agudíez.

Para finalizar, UPyD pidió al Consejo de Administración y “los administradores ocultos que no son otros que las cúpulas de los partidos políticos”, que tanto si ha constituido delito como si no, que reparen “el daño consentido a los ciudadanos”.