UPyD critica que el PP prefiera “esquilmar a los ciudadanos” antes que renunciar a las diputaciones y a los “microayuntamientos”
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El coordinador territorial de Unión, Progreso y Democracia en Castilla y León, Félix Sánchez Montesinos, defendió la propuesta presentada por la portavoz de su partido en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, de suprimir “despilfarros”, eliminando diputaciones, fusionando ayuntamientos o cerrando “aeropuertos desérticos”, antes de pensar en subir impuestos a los ciudadanos y recortar el Estado del Bienestar y los servicios fundamentales.
Sánchez Montesinos lamentó que PP, PSOE e IU votaran en contra de la moción de UPyD para eliminar las diputaciones y agrupar municipios, y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy parezca optar por seguir subiendo los impuestos para llegar al objetivo de déficit marcado por Europa, que se ha endurecido del 5,8 al 5,3 por ciento, lo que se traduce en un recorte adicional de 5.000 millones de euros, y prefiera “esquilmar los bolsillos de los ciudadanos antes que renunciar a la ineficiente red de microayuntamientos y diputaciones”.
Según un estudio elaborado por la formación magenta, las comunidades autónomas desperdician en mala gestión 21.500 millones al año. A esta cantidad habría que añadir 5.500 millones que se pierden por la ineficiencia de los municipios.
En cuanto a la ordenación del territorio, desde UPyD defienden la necesidad de fusionar municipios ya que aseguran que España mantiene un modelo del siglo XIX con un considerable número de pueblos pequeños que carecen de medios económicos y materiales suficientes para prestar los servicios que se les atribuyen. Con su unión, se conseguiría un gran ahorro económico, mayor profesionalización, racionalidad, eficiencia, eliminación de duplicidades y simplificación burocrática, y además podrían ofrecer servicios básicos de mayor calidad.
En este sentido, la formación magenta cree que el Gobierno central debe liderar un proceso que apueste por la creación de municipios de al menos 5.000 habitantes, aplicando el criterio de contigüidad geográfica y favoreciendo las concentraciones mayores (de 10.000 y 20.000 habitantes), que debería ser gestionado por las comunidades autónomas.
