La resignación y el desánimo tuvieron mayor protagonismo que la propia asistencia de empleados de Primayor Elaborados a la manifestación convocada hoy, debido a que la fábrica se encuentra en proceso concursal desde hace más de dos años y para la que los administradores han solicitado su liquidación.

En total, se reunieron apenas una docena de empleados, de los 115 que todavía quedan en la empresa, donde ya se aplicó un expediente de regulación de empleo hace dos años para otro centenar de trabajadores.

La reunión tuvo lugar a los pies del Acueducto. Vigilados por algunos miembros del Cuerpo Policía Nacional, los trabajadores estuvieron acompañados por algunos familiares y corearon gritos para impedir se cierre la factoría, situada junto a la carretera de San Rafael.

Uno de los dirigentes sindicales que asistió, Julio César Sanz Polo, de la central CGT, mayoritaria en el comité de empresa, se refirió a las dificultades de encontrar empleo que tendrán los trabajadores que se quedan sin empleo, ya que muchos superan los 50 años de edad. Recordó que hace unos días los empleados pararon la producción para exigir el pago de atrasos salariales desde el año 2007 y la actualización de las nóminas. Además, lanzó su temor a que la fábrica se cierre a mediados de noviembre, momento en que se presentaría el ERE definitivo para los trabajadores, informa Ical.

Por último pidió que se aclare el patrimonio que tiene el grupo empresarial, ya que, según dijo, mientras Primayor Elaborados, donde quedan 115 trabajadores, es la dueña de la maquinaria y las mercancías, el principal activo, los terrenos, se han segregado y asignado a la empresa Alresa, aunque ambas pertenecían a la misma sociedad, el grupo Proinserga.

Los manifestantes también pidieron más implicación a las administraciones públicas, incluida la Junta de Castilla y León, que aportó diez millones de euros, de los que dos millones y medio se destinaron a Primayor Elaborados, a la que también se le facilitó un acuerdo de trabajo con Campofrío durante un año.