Para que haya una ley de electoral justa

El actual sistema aleja a los ciudadanos de la participación política. Proponemos una Ley electoral que aporte más igualdad y más participación, en el que la mitad de los diputados se elijan en circunscripción nacional. Así incrementamos la calidad democrática de nuestro sistema político con un Parlamento más representativo.

Para que los ciudadanos puedan elegir dentro de la lista a qué candidatos quieren en las instituciones, propondremos listas desbloqueadas.

No pactaremos con nadie que no reforme la Ley Electoral.

 

Para que tengamos una justicia independiente

La separación de poderes es esencial para que los ciudadanos puedan controlar a sus gobernantes y exigirles cuentas. Una justicia independiente, que no sea un instrumento al servicio de fines políticos, es la mejor garantía contra la corrupción.

Las resoluciones judiciales no deberían participar de forma decisiva en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunas Constitucional y del Fiscal General del Estado. Con una Justicia independiente Bildu no estaría en las instituciones.

 

Para acabar con el despilfarro y los privilegios

Para que los ciudadanos recuperen la confianza en la política, los privilegios de los políticos deben desaparecer. Los partidos mayoritarios y nacionalistas han gastado el dinero público en colocar a su gente y en ganar votos. Televisiones ruinosas, aeropuertos sin aviones, trenes sin pasajeros, fundaciones sin objeto, observatorios repetidos, etc…

Es necesario acabar con las duplicidades, eliminar organismos inútiles y vigilar el endeudamiento de los que sean necesarios. El Estado debe limitar los gastos en coches oficiales y otras prebendas. Los sueldos de los cargos públicos deben ser públicos.

El despilfarro es responsabilidad de todos los partidos que han gobernado tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y muchos ayuntamientos. Exigiremos que el Gobierno utilice los instrumentos que tiene para controlar el gasto en las CCAA.

 

Para que la educación sea competencia del Estado

Con la educación nos jugamos el futuro. Hay que evitar que haya 17 sistemas educativos diferentes. En las comunidades bilingües, los padres tienen que poder elegir la lengua en la que se educa a sus hijos.

No hay que recortar, sino aumentar la inversión hasta asimilarla a la de Europa. Recuperaremos la cultural del esfuerzo con una reforma educativa que reduzca el abandono escolar. Reforcemos la autoridad del profesor y reconozcamos al alumno como sujeto del derecho a la educación.

 

Para conseguir una economía competitiva que cree empleo

Para llevar a cabo una reforma laboral para el empleo, y no para el despido necesitamos fomentar la contratación indefinida y no la temporalidad.

Proponemos un contrato indefinido único, con una indemnización que iría creciendo con los años. Así se promueve que las empresas inviertan en formación. El fraude fiscal supone 70.000 millones menos para los ingresos públicos. Urge un plan integral contra el fraude fiscal. Tenemos que apoyar a los que quieren crear empresas, facilitarles los trámites y ayudarles a crear empleo.

Las Cajas de Ahorro deben ser despolitizadas de una vez por todas. El intervencionismo de los políticos es lo que explica la desastrosa situación de muchas de ellas.

 

Para que no decidan los nacionalistas

El camino para salir de la crisis pasa por más unidad en Europa, pero en España los nacionalistas exigen más separación. Cuando desde Europa se pide una política fiscal y económica común, aquí los nacionalistas quieren independencia financiera.

Lo más grave es que los partidos mayoritarios están dispuestos a concedérsela, y ya se han declarado a favor de un concierto económico para Cataluña. Proponemos suprimir los conciertos económicos vasco y navarro, un anacronismo que reduce la igualdad y que son justo lo contrario de lo que hace falta en Europa: integración.

Aceptar las exigencias nacionalistas a cambio de apoyo (o incluso gratis) demuestra no entender la naturaleza de la crisis que vivimos. Los territorios y las lenguas no tienen derechos, lo tienen las personas. Defender la igualdad política es la garantía de que cada uno pueda luego ser y expresarse como desee.