El Gobierno regional ha acordado, mediante un decreto ley que deberán convalidar las Cortes, reducir la presencia de políticos, tanto electos como altos cargos de las administraciones públicas, y endurecer el régimen de incompatibilidades para acceder a los órganos de gobierno de las cajas de Castilla y León, en los que no podrán ser elegidos presidentes ni miembros del consejo de administración personas con operaciones financieras vinculadas a la caja participada. Con la entrada en vigor de esta normativa, las entidades de ahorro de la Comunidad, excepto la resultante de la fusión entre Duero y España, celebrarán entre los meses de enero y febrero el proceso electoral para renovar a sus órganos rectores.

Estas son las principales novedades del decreto ley que traspone la legislación básica estatal, aprobada el pasado mes de julio, al ámbito autonómico, según explicó el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Gobierno, informa Ical.

A la incompatibilidad estatal sobre la presencia en los órganos de las cajas de políticos electos y altos cargos de la Administración central, autonómica y local, la Junta extiende la prohibición para que en la presidencia y en los consejos de administración haya personas que tengan operaciones, créditos, avales u garantías con la entidad a la que pretenden representar. «Es un régimen serio», definió Villanueva.

La normativa estatal reduce la presencia pública en los órganos rectores del 50 al 40 por ciento, cuyo 10 por ciento la Junta de Castilla y León regula para dar más presencia a los grupos de impositores y entidades de interés general o entidades de interés colectivo. Así, impositores representarán en los órganos un 5 por ciento, al pasar del 32 actual al 37 por ciento, mientras que las entidades de interés general aumentan un 5 por ciento hasta llegar a un 10 por ciento total de presencia, cuyo del que la mitad (5%) se destina, por primera vez, a los miembros del Consejo para el Diálogo Social. Por otro lado, Cortes y corporaciones municipales pasan del 47 actual al 37 por ciento, con el 16 sobre el 15 para las primeras.

También refuerza la norma autonómica la mayoría por las que las asambleas deberán aprobar fusiones, integraciones en el sistema institucional de protección o la transformación de una caja en una fundación especial, de manera que de los dos tercios actuales se pasa a los cuatro quintos para adoptar acuerdos en esa dirección.

Igualmente, el decreto ley regula un perfil más profesional para los miembros de los órganos rectores, de manera que el 50 por ciento de las personas propuestas por cada uno de los grupos de representación deberá tener conocimientos de alta administración, dirección, control o asesoramiento a través de trabajos realizados al menos durante cinco años en las entidades. De este perfil se excluye a los empleados, si bien en el caso de los propuestos por las Cortes afecta a la totalidad de los propuestos para entrar en las cajas.

Villanueva precisó que el decreto ley introduce una disposición transitoria en la que se respeta el periodo transitorio de dos años que han acordado Caja Duero y Caja España para elegir los órganos de gobierno de la nueva caja fusionada. Así, durante ese periodo podrán mantener sus miembros sin renovar, excepto de que sean ellos los que aceleren este proceso.

 

Calendario

Para el resto de las cajas se abre un periodo de seis meses para celebrar el proceso electoral de renovación de sus órganos de gobierno, de forma que el Gobierno regional prevé que ese proceso se desarrolle entre los meses de enero y febrero. Una vez que el decreto ley esté en vigor, al día siguiente de su publicación en el boletín oficial, las cajas tienen tres meses para adaptar sus estatutos y reglamentos a la nueva normativa y la Junta un mes para su aprobación. Una vez autorizados los estatutos por la Junta, las cajas disponen de dos meses para celebrar la renovación de sus miembros.

Durante la rueda de prensa, Villanueva declinó hablar de personas que pueden estar vinculadas al régimen de incompatibilidades para presidir alguna de las cajas, como la fusionada, para la que se ha hablado de mantener al actual presidente de Caja España, Santos Llamas, e incluso de proponer a Isabel Carrasco, actual presidenta del PP de León y de la Diputación Provincial.

“No hago valoraciones de personas, no debo hacerlo, pero si están inmersas en el régimen de incompatibilidades, no podrán presidir una caja”, respondió Villanueva, a preguntas de los periodistas durante la exposición de las novedades de la normativa y de los motivos que han llevado a la Junta a no agotar el plazo de seis meses que tenía para adaptar el Real Decreto del Gobierno a la Comunidad.

La normativa regula la conformación y profesionalización de los órganos de gobierno, el régimen de cuotas participativas, el ejercicio indirecto de la actividad de las cajas de ahorro, la posible transformación de las cajas en una fundación de carácter especial e incorpora la regulación de los sistemas institucionales de protección.

Asegurar la pervivencia de unas entidades que cumplen una función social y su fortalecimiento a través de su capitalización y profesionalización son los motivos de la nueva normativa, tanto de la estatal aprobada el pasado mes de julio, como de la regional, que traslada al ámbito autonómico esta regulación básica, según explicó Villanueva.

Con esta ley se pretende, en palabras del vicepresidente, dos objetivos: facilitar instrumentos a las entidades de ahorro para mejorar sus niveles de capitalización y profesionalizar la gestión de los órganos de gobierno.

Villanueva destacó que la Junta ha acelerado la aprobación de esta norma para dotar a las cajas de seguridad jurídica en el proceso de reestructuración y porque la renovación de los órganos rectores estaba previsto a partir del 1 de septiembre con lo que se evita otro proceso electoral a comienzos de 2011, como recoge la norma estatal.