«Las medidas impulsadas por el Gobierno de España benefician directamente a casi la mitad de los segovianos». Así lo aseguró la subdelegada, Marian Rueda, en un balance sobre la acción del Gobierno en los últimos cinco años.
Afirmó que “es el resultado del compromiso del Gobierno de España con los ciudadanos, que están en el centro de su trabajo diario”, y citó, entre los resultados que han logrado las medidas de protección social, la subida de las pensiones, el aumento de trabajadores y de contratos laborales indefinidos, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el bono social eléctrico, el abono de transporte y las becas de estudiantes.
De este modo, los cerca de 35.000 pensionistas segovianos cobran una prestación media mensual de 1.348 euros, 319 euros más que a finales de 2018, “lo que redunda en una mejora de su bienestar y calidad de vida”, apuntó la subdelegada.
“La Reforma Laboral ha aportado una mayor estabilidad en el empleo”, señaló Marian Rueda, quien cifró en un 192 por ciento su incremento desde 2019, en un mercado de trabajo que cuenta con 3.386 afiliados más a la Seguridad Social desde diciembre de 2018, con un total de 64.366 ocupados.
El Ingreso Mínimo Vital llega a 6.236 segovianos. Se trata de una prestación que sufraga la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
El bono social eléctrico cubre a 4.980 segovianos, “para ayudar a estas familias a hacer frente a las dificultades económicas provocadas por el encarecimiento de los combustibles y la energía”.
También se refirió la subdelegada a las ayudas para utilizar el transporte público, entre las que mencionó los abonos de transporte por tren que alcanzan a 3.945 ciudadanos en la provincia de Segovia.
Mientras, se destinan unos 2,5 millones de euros a las 1.392 becas para alumnos de distintos niveles no universitarios igualdad, “para facilitar el acceso a la educación y la formación en condiciones de igualdad de oportunidades”, manifestó Marian Rueda.
“Son medidas que tienen en su eje central al ciudadano, la protección de las personas más desprotegidas; el impulso económico para la creación y el mantenimiento de empresas en las mejores condiciones; y el aumento del bienestar social”, argumentó la subdelegada.