La pandemia está evolucionando peor de lo previsto en España y esto genera incertidumbre a las puertas de la “vuelta al cole”, que no solo se producirá en los centros de enseñanza sino, en buena medida, en el tejido empresarial, ya que septiembre también significa en este ámbito un inicio de curso.
Una muy significativa mayoría de empresas han tomado medidas en el periodo estival para tener actualizados los protocolos de actuación en el caso de que se produjera un empeoramiento de la situación sanitaria, como está ocurriendo.
Además de un esfuerzo notable en medios y recursos humanos, y de la inquietud que genera la posibilidad de nuevas medidas restrictivas, cuarentenas, etc., esta situación llega para las empresas después de una de las peores crisis de la historia reciente, que a muchas de ellas las ha colocado en una situación dramática.
Por eso, como representante del tejido productivo y de servicios de la provincia, quiero en primer lugar enviar a nuestros empresarios un mensaje de ánimo, de aliento, de cercanía y, por supuesto, de absoluta disposición por parte de la Federación Empresarial Segoviana para cualquier consulta o gestión en estas circunstancias.Pero también quiero ser el altavoz de sus demandas, que nos reiteran una y otra vez en nuestro constante diálogo con los empresarios. Demandas que apuntan a las enormes dificultades burocráticas que los empresarios autónomos de la provincia están teniendo para acceder a las ayudas por cese de actividad. No es un problema que se circunscriba a nuestra provincia: solo cobrarán la ayuda unos 125.000 autónomos de los más de 3 millones que están dados de alta en nuestro país, teniendo en cuanta además que a finales de agosto alrededor de 280.000 actividades de autónomos seguían cerradas.
Es urgente en este sentido liberar las rigideces y clarificar, simplificándolos, los requisitos para acceder a estas ayudas que son vitales, en todos los sentidos del término. Porque en la provincia de Segovia los empresarios autónomos constituyen verdaderamente el motor de generación de riqueza y empleo.
Hemos insistido mucho -y lo seguiremos haciendo- en la prolongación de los ERTEs, en que lo hagan para las empresas que tengan dificultades, y en que ese sea el criterio más que el sector o la ubicación. Hemos aplaudido la articulación de esta herramienta, que ha impedido una destrucción de empleo desastrosa y el cierre de más empresas, y por eso decimos que retirarla antes de tiempo sería un error mayúsculo.
Si hay una partida en la que no hay que escatimar esfuerzos es, precisamente, la que puede impedir la destrucción del tejido empresarial. Porque sin empresas no hay empleo, desciende la recaudación impositiva y la economía se congela.
Afrontamos septiembre y el otoño con incertidumbre, pero también con un optimismo que es un factor común a todos los empresarios. No sabemos con certeza cuál va a ser la evolución de la pandemia, pero desde las organizaciones empresariales creemos que ante el crecimiento de los rebrotes, existen alternativas a las medidas de confinamiento, y solo hay que mirar a otros países de nuestro entorno: test masivos, rastreo, distanciamiento social, etc.
También el teletrabajo, que se ha demostrado como un gran activo en lo más duro del confinamiento. Ahora las empresas están más preparadas, y lo que urge es una regulación que incida más en los acuerdos entre las empresas y sus trabajadores más que en obligatoriedades, rigideces e imposiciones que, como en otros terrenos, no llevan a buenos puertos. Flexibilidad en la regulación del teletrabajo y en general en el marco regulatorio de las relaciones laborales para ir en paralelo a los cambios que se producen en la economía española y global. Y seguridad jurídica que nos permita desarrollar nuestra actividad con la máxima confianza dentro de la
incertidumbre que marca la evolución de la pandemia.
