La Plataforma de San Rafael pide a Europa la gratuidad del peaje a través de dos denuncias presentadas el pasado 23 de diciembre de 2022, concretamente, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y ante el Defensor del Pueblo Europeo.
Así, la Plataforma “Solución a la Travesía de San Rafael” ha denunciado «la vulneración del Derecho de la Unión Europea por parte tanto de la Comisión Europea como del Gobierno de España en relación a la situación administrativa de la actual concesión de la AP-6».
AP-6
La Plataforma considera que esta vía «se encuentra en una situación de ilegalidad tras no cumplir ni la Comisión Europea ni el Gobierno de España con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condenó en 2010 la adjudicación de la actual concesión de la AP-6».
Precisamente, añade, «es esta situación la que provoca el grave y perenne problema de seguridad vial en las dos travesías de San Rafael, las carreteras nacionales N-6 y N-603 las cuales son las alternativas gratuitas de la AP-6 y de la AP-61, respectivamente».
Denuncias
En las dos denuncias «se narran y referencian detalladamente una sucesión de hechos que se remontan desde hace más de veinte años hasta la actualidad y que han provocado que San Rafael sea actualmente uno de los puntos negros de la red de carreteras del Estado», argumentan.
La Plataforma lamenta que «tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea han mirado para otro lado con el único objetivo de beneficiar a la actual concesionaria de la AP-6». Mientras que, por contra, no están velando «por los intereses generales y por la seguridad de los vecinos de San Rafael».
Un poco de historia
En 1999 el Ministerio de Fomento sacó a concurso público la actual concesión de la AP-6 «incluyendo unas irregularidades que tenían el claro objetivo de que fuera la misma empresa concesionaria (Iberpistas, Abertis) la que obtuviera la licitación de las obras y con ello la nueva concesión de la AP-6», relatan. Esto, añaden, provocó que la Unión Europea abriera un procedimiento de infracción contra España que acabó finalmente en 2010 con la condena judicial de la concesión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Sin embargo, «la Comisión Europea y el Gobierno de España implementaron unas medidas que no cumplieron con la sentencia judicial del TJUE, sino que al contrario, la dejaron de facto con la misma duración que establecía la concesión condenada por el TJUE y permitieron a la actual concesionaria continuar con la explotación de la autopista además de tener que recibir ésta una millonaria indemnización por dicha sentencia judicial».
Reclamación
Por todo ello, desde la Plataforma “Solución a la Travesía de San Rafael” reclaman «tanto al Parlamento Europeo como al Defensor del Pueblo Europeo que investigue si la Comisión Europea y el Gobierno de España han podido cometer una irregularidad al no respetar los términos de la sentencia del TJUE, que este caso sea sometido de nuevo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que se dé un cumplimiento real y efectivo a la sentencia del TJUE y, en consecuencia, se anule la actual concesión de la AP-6 y se liberalice definitivamente la autopista de un peaje totalmente amortizado para que todos los vehículos puedan utilizar esta autopista como alternativa natural a la travesía de San Rafael».
Dejación de funciones del Gobierno de España
Además, esta organización ha incluido en las denuncias presentadas «la dejación de funciones del Gobierno de España durante casi veinte años en implementar una solución definitiva al grave problema de seguridad vial que se vive en la travesía de San Rafael y que han provocado multitud de accidentes, algunos con el resultado de muerte».
El Gobierno de España lleva lustros prometiendo la construcción de una variante de San Rafael como hizo hace ya 18 años para Guadarrama. Sin embargo, la subdelegada del Gobierno en Segovia, María del Lirio Martín, reconoció públicamente el 21 de noviembre de 2022 que la variante no se va a realizar alegando la protección del Parque Nacional y no dio ninguna solución alternativa al problema que vivimos en San Rafael, lamenta la Plataforma.
Paralelamente, no obstante, inciden desde la organización, los Presupuestos Generales del Estado del 2023 sí incluyen una ridícula partida de medio millón de euros destinada a la variante de San Rafael, lo que contradice las propias palabras de la subdelegada.
Todo ello, indican, «es una clara demostración más de cómo los sucesivos Gobiernos de España llevan años mintiendo al prometer la construcción de una variante que realmente nunca se va a realizar».
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