La Junta de Castilla y León recupera el impuesto de sucesiones que, de manera progresiva, volverán a pagar los patrimonios de padres a hijos y entre cónyugues a partir de 175.000 euros. Esta es una de las novedades del proyecto de ley de Medidas Tributarias y Administrativas para 2013, llamada ley de acompañamiento de los presupuestos, que ha conocido el Consejo de Gobierno y que ha presentado en la rueda de prensa posterior la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien remarcó la progresividad del modelo fiscal de la Comunidad. “La filosofía es que “paguen más aquellos que más tienen”, subrayó durante su comparecencia, en la que emplazó a la presentación de los presupuestos para conocer la recaudación prevista con los cambios introducidos.

La Junta, que eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones en 2007, mantiene ahora la bonificación del 99 por ciento para los primeros 175.000 euros de base imponible entre patrimonios de padres a hijos y entre cónyugues y recupera el tributo por encima de ese valor, pero de manera progresiva.

En el caso de donaciones, también se deja el 99 por ciento de reducción entre parientes directos en entregas de dinero para la adquisición de una vivienda habitual por jóvenes menores de 36 años o discapacitados por un importe de 120.000 y 180.000 euros, respectivamente. Además, para incentivar al actividad económica se mantiene la misma bonificación en la transmisión en vida de empresas agrarias o familiares, como casos de jubilación.

 

IRPF y Patrimonio

El Gobierno de Castilla y León “no toca” el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas porque entiende que con la modulación de los beneficios fiscales, que se recibirán conforme a los ingresos de las familias, de las subvenciones y de los precios y tasas públicas se produce el mismo efecto, explicó la consejera. Así, manifestó que la cuantía de subir dos o tres puntos el tramo autonómico sería escasa y además el ingreso a las arcas autonómicas no llegaría hasta 2015.

Además, Del Olmo precisó también que no se sube el impuesto de patrimonio que recauda la Junta cuando el último Gobierno socialista decidió su recuperación porque “los ciudadanos pagarían más y la Comunidad no recibiría una mayor compensación”. Por ese concepto, Castilla y León recibe una compensación de 78 millones de euros en el Fondo de Suficiencia, pero todas las autonomías, le recauden o no, tienen una compensación conforme al modelo de financiación.

 

Impuestos ligados a la vivienda

El compromiso con la estabilidad de las cuentas públicas y el “exigente” objetivo de déficit para 2013 (0,7 por ciento) obliga a la Junta a un “aumento moderado” de los tipos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (compra de una vivienda o vehículo de segunda mano) y Actos Jurídicos Documentados (escrituras). Así, en los traspasos de inmuebles los primeros 250.000 euros de base imponible tributarán al 8 por ciento (ahora es el 7 por ciento) y, a partir de esa cantidad, será al 10 por ciento. El tipo bonificado de la compraventa de viviendas de segunda mano al cinco por ciento y el otorgamiento de concesiones administrativas al siete por ciento.

Además, se limita por renta la aplicación de ventajas fiscales en la adquisición de viviendas de protección pública y se establece un tipo del ocho por ciento en transmisiones de objetos de arte, antigüedades y vehículos de turismo y todoterreno que superen los 15 caballlos de potencia fiscal.

En el caso de los Actos Jurídicos Documentados, el tipo general pasa del uno al 1,5 por ciento y se eleva del 0,3 al 0,5 por ciento el bonificado en las transmisiones de viviendas. Para los menores de 36 años se mantiene la bonificación del 99 por ciento en la adquisión de la vivienda habitual y el 0,01 por ciento en la escrituración

Para el acceso a los beneficios fiscales se tiene en cuenta el nivel de renta, como ocurrió ya este año. Así, se limita a 18.900 euros en declaración individual y 31.500 conjunta. En el caso de familias numerosas se eleva ese tope a 38.000 euros.

La normativa presentada por la consejera recoge la creación de un fondo para compensar un posible suplemento territorial en la factura de la luz, que figura en la Ley del Sector Eléctrico. Del Olmo explicó que si se aplica ese suplemento los habitantes de la Comunidad no se verían perjudicados con esa medida preventiva que contempla la normativa.

En el marco de reestructuración del sector público, se autoriza la extinción de la empresa Promoción de Viviendas, Infraestructura y Logística SA (Provilsa) y del ente público de derecho privado Instituto de Seguridad y Salud Laboral. La consejera recordó que el objetivo es reducir este sector en un 50 por ciento al final de la legislatura.