La Junta de Castilla y León acordó hoy un cambio normativo de la ley de Comercio de Castilla y León para su adaptación a la norma estatal, que se traduce en una flexibilización y en el aumento de las horas de apertura de 70 hasta 90 semanales, así como en un mínimo de diez domingos y festivos de actividad frente al máximo actual de ocho.

La modificación se aprobó por un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, cuyo contenido explicó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, quien destacó la ampliación de las horas de apertura de 70 hasta 90, el número de festivos que se podrá abrir, de un máximo de ocho a un mínimo de diez, y el veto para que el 23 de abril (Día de la Comunidad) y 6 de diciembre (Fiesta de la Constitución) estuvieran cerrados.

El decreto establece que el número de festivos autorizados se fijará, anualmente, a través de una orden de la Consejería de Economía y Empleo. De esta forma, se prioriza el criterio de consenso de los distintos representantes del sector comercial salvaguardando, en cualquier caso, la elección de los días con mayor interés comercial para los consumidores.

Aunque de esos diez, ocho se deben producir en Navidad o en el inicio de la temporada estival, ya que la Junta entiende que el “mayor atractivo comercial” se produce en las campañas comerciales de Navidad, las del inicio del periodo estival, las de mayor afluencia turística o cuando se produzca la coincidencia de dos o más días festivos continuados.

Por otro lado, el decreto detalla la prohibición de abrir los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre, de la misma forma que se elimina el veto de la apertura para los días 23 de abril y 6 de diciembre. Por último, se mantiene la posibilidad de excepciones en determinados ámbitos municipales a instancias de entidades representativas del sector comercial.

Otra de las novedades que incorpora, es la regulación de zonas de gran afluencia turística que pueden ser parte o la totalidad de un municipio, concedidas ya a Arévalo, con motivo de Las Edades del Hombre, y a Valladolid. También Ávila, como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, ha solicitado esa declaración.

En la referencia del Consejo, la Junta recuerda que la modificación de la normativa comercial de Castilla y León es obligada por la reforma introducida por el Estado en su normativa básica, que establece medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad. La modificación estatal adopta medidas de carácter liberalizador en el ámbito del comercio que persiguen el incremento del empleo, la productividad y la eficiencia del sector, así como la competitividad de las pymes, concluye.