El empresario detenido por la mañana en Turégano (Segovia) en el marco de la segunda fase de la operación Heracles fue puesto en libertad horas después, tras prestar declaración en dependencias de la Guardia Civil, con la obligación de comparecer ante la juez que instruye el caso en el momento en que sea reclamado para ello. En principio, según ha podido saber Ical por fuentes del Instituto Armado, a J. J. S. A., de 57 años de edad, se le imputan delitos de falsedad documental y contra la hacienda pública, pero no se considera que exista riesgo de fuga y, al contar con domicilio conocido, puede permanecer en libertad. De hecho, ayer por la tarde ya estaba en su municipio.

El citado empresario estaría implicado presuntamente en la trama de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos de Andalucía por la actividad que desempeñó como presidente de Primayor Foods. Se trata de una de las empresas que investiga la juez Alaya, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Sevilla, por la supuesta presencia de “intrusos” en sus ERE, es decir, personas ajenas a las empresas que aparecen como beneficiarias de ayudas sociolaborales. La división de carnes frescas de Campofrío fue adquirida por el Grupo Proinserga en 2004 y por entonces era propietaria de mataderos en ocho provincias, entre ellas Jaén, donde lo cerró en 2007 tras la aprobación de un expediente de regulación de empleo para sus más de 140 trabajadores. 

La Guardia Civil, dentro de esta segunda fase de la operación Heracles, incluye a J. J. S. A. en el ámbito de los “pagos de empresarios a las tramas ilícitas descubiertas, como contraprestación a la financiación pública obtenida en sus expedientes de regulación de empleo”.

El Instituto Armado, en el marco de esta operación llevada a cabo ayer en las provincias de Madrid, Barcelona, Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz, aparte de Segovia, practicó un total de 10 detenciones: F. C. S. y J. M. C. S. en Córdoba; J. J. B. G., M. R. C. S. y E. M. R. C. en Sevilla, S. M. C. en Cádiz, G. C. E. y A. Q. V. en Málaga, F.J.G.C. en Jaén y J. J. S. A. en Segovia. Asimismo, realizó 10 registros en domicilios y empresas, siete en Sevilla, uno en Córdoba, uno en Málaga y otro en Barcelona.

“Esta segunda fase de la operación es fruto de la documentación recabada en la primera fase así como de la actividad policial desarrollada en la propia investigación”, recuerda hoy la Guardia Civil en un comunicado. El desarrollo de la primera fase de la operación Heracles se centró en la forma de actuar que utilizaban las personas implicadas para distraer partidas de dinero identificadas como sobrecomisiones, de los fondos públicos asociados a subvenciones excepcionales vinculadas principalmente a expedientes de regulación de empleo. En este sentido, se identificaron a las personas, físicas y jurídicas que intervinieron “en la forma y grado de participación en los hechos”.

“Entre los actores referidos se encontraban mediadoras, aseguradoras, ‘conseguidores’, entramados societarios creados para dar cobertura y alejar los fondos derivados de las ‘sobrecomisiones’, un despacho de abogados como colector y distribuidor de los activos obtenidos de manera irregular, sindicatos, empresarios y la Junta de Andalucía como fuente de financiación de la que se surtirían las numerosas sobrecomisiones”, prosigue el Instituto Armado en su comunicado. Y tras analizar la documentación recabada en los diferentes registros efectuados, entre otras diligencias de la investigación, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil procedieron a llevar a cabo esta segunda fase “con la intención de concretar determinados aspectos vinculados a los objetivos establecidos en la primera fase y esclarecer nuevos hechos derivados de estas nuevas investigaciones”, prosigue el Instituto Armado en su comunicado.

 

Tres ámbitos de actuación en la segunda fase de la operación Heracles

Esta segunda fase se centraba así principalmente en tres ámbitos. Por un lado, irregularidades en la concesión de las llamadas ayudas a empresas: en este sentido, “se pretende establecer el papel jugado por diversos empleados de distintas sucursales bancarias, habiéndose detenido al director de una de ellas, en relación a diferentes operativas vinculadas a blanqueos de capitales y los entramados ilícitos instrumentales expuestos en el atestado presentado en marzo”. También se pretende precisar el papel desarrollado por determinados responsables públicos de la Administración andaluza en relación con la concesión de las referidas ayudas.

El segundo ámbito en el que se centra esta segunda fase es la participación de representantes y dirigentes de organizaciones sindicales en los procesos de los ERE asociados a las distintas pólizas por prejubilaciones, así como su relación con las asociaciones ilícitas descritas en la primera fase, ante la posibilidad de que exista algún tipo de responsabilidad penal. En este marco, se ha procedido a la detención de dos personas vinculadas a estas organizaciones y a la imputación de seis más en similares circunstancias.

Y el tercer ámbito sería el de los “pagos de empresarios a las tramas ilícitas descubiertas, como contraprestación a la financiación pública obtenida en sus expedientes de regulación de empleo”, con los que se vincula al vecino de Turégano que, al menos de momento, seguirá en libertad.