La Diputación Provincial de Segovia aseguró hoy que dotar de competencias a la institución provincial es constitucional y un hecho que recoge la Carta Magna en el apartado 2 del artículo 141, que dice literalmente que “el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo”.

A raíz de las declaraciones realizadas esta misma mañana por el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, en las que tildaba de “criterio antidemocrático” el hecho de que la reforma de la administración local otorgase más competencias a las diputaciones, la propia institución quiso dejar claro que no desaparecerán ni alcaldes ni concejales como señaló el regidor de la capital segoviana haciendo referencia a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

En este sentido criticaron la “postura sectaria” del alcalde de Segovia y explicaron que Arahuetes, “al igual que el resto, no ha sido elegido directamente por los ciudadanos, sino por sus concejales y que el hecho de liderar una lista electoral no es decisión de los vecinos, sino del partido por el que se presenta”. “Es muy grave que un alcalde califique como ‘antidemocrático’’, incidieron desde la Diputación para señalar que, según la Constitución las diputaciones deben cumplir con las demandas del Estado y “es lo que continuarán haciendo tras la reforma de la administración local, tanto de la Junta de Castilla y León y como del Gobierno de España”.

Además subrayaron su apoyo a ambas reformas con las que se conseguirá, como añadieron, que las administraciones locales presten los servicios que les competen y no otros que no son obligatorios. También incidieron en que con la nueva normativa en estudio se resolverá la preocupación municipal sobre las competencias impropias y el gasto duplicado. “Asimismo, ofrece un modelo de medición a través de una evaluación de resultados que serán públicos, buscando la viabilidad de las administraciones”, aseveraron.

La Diputación de Segovia señaló que las entidades locales solo podrán ejercer competencias impropias cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, no haya duplicidades con las competencias autonómicas, y se garantice la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. De esta manera, añadieron, se posibilitará una “mayor efectividad, ahorrará costes y mantendrá la estructura administrativa actual”.