El expresidente de Caja Segovia y exconsejero delegado de la sociedad Segovia 21, Atilano Soto, ha declarado ante la Fiscalía de Segovia a raíz de que ésta abriera tras recibir los contratos formalizados con la empresa Fomento Territorial. Escueto en palabras ante los medios de comunicación que allí le esperaban, Soto prestó declaración durante alrededor más de una hora ante el fiscal jefe de la Audiencia de Segovia, Antonio Silva, quien señaló que la investigación continuará por el momento sin “adoptar ninguna medida cautelar ni económica”.

A partir de las 10:00 horas el Palacio de Justicia comenzó a recibir a los nueve convocados aunque finalmente solo fueron cuatro los que prestaron declaración. Además de Soto, también mantuvieron un encuentro con Silva otros exconsejeros de Segovia 21 como el exsecretario general del PSOE provincial y portavoz en el Ayuntamiento de El Espinar, David Rubio, el gerente de la empresa Ontex Peninsular, Miguel Ángel González, y Tomás Rivilla.

“Ante la imposibilidad de horas”, explicó el fiscal jefe, Antonio Silva, el proceso de aplazará hasta el próximo martes 5 de febrero a las 10:00 horas. Silva destacó la cordialidad de las declaraciones y aseguró que fueron “interesantes desde el punto de vista del contenido jurídico”. Además, explicó que éstas se verán complementadas con la apertura de nuevas diligencias y esperó que en “breves” plazos finalice la investigación. No obstante aún deberán de prestar declaración el presidente de la sociedad gestora, Fomento Territorial, Elías Benatar, así como los exconsejeros Jesús Sánchez, Manuel Escribano, Benigno Rodríguez y el portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Postigo.

Precisamente éste último fue el más rezagado en llegar al Palacio de Justicia tras la celebración de un pleno en la sede del Ayuntamiento de Segovia. Postigo, salía del salón de plenos “tranquilo”, como señaló en declaraciones a Segoviaudaz.es, se dirigió inmediatamente hacia la sede judicial dónde se encontró con su abogado. Una vez finalizó su encuentro, Postigo insistió en que volverá “con la misma tranquilidad con la que he venido ahora”. El ‘popular’ manifestó encontrarse absolutamente seguro de su proceder “honesto, honrado y profesional” porque a su parecer “todo se ha hecho bien” en la consecución de los objetivos de Segovia 21.

 

Información “incompleta, parcial y sesgada»

Por su parte, Luis Rodríguez Ramos, abogado del presidente de Fomento Territorial, Elías Benatar, aseguró que los contratos formalizados con la empresa llevaron a cabo un “control absoluto” tanto de los auditores internos de la sociedad como de los externos, así como a través de la intervención de la Diputación Provincial de Segovia. En su opinión “no hay ninguna culpa que echar” y remarcó la inexistencia de indicios de delito. “Estos contratos se han considerado perfectamente lícitos”, argumentó el letrado, en el mismo sentido que lo hizo el exconsejero David Rubio.

Rodríguez aseguró que la información presentada por la nueva gestora de Segovia 21 es “incompleta, parcial y sesgada” y remarcó que “es normal” que la Fiscalía de Segovia abra diligencias “cuando quién denuncia confunde las cosas adrede”. El abogado quiso quitar importancia al asunto señalando que de todas las denuncias y querellas presentadas en España únicamente acaban en condena un 5 por ciento, pero admitió cierto revuelo “cuando los querellados son famosos”.

“Aquí no solo no hay delito, sino que se ha cumplido el derecho civil, el mercantil, el laboral, el administrativo, el tributario, es una empresa tremendamente auditada que ha cumplido todas las normas del ordenamiento jurídico”, aseguró para remarcar que es “imposible” que se haya cometido un delito si se han cumplido dichas normas.

Como se recordará, el administrador único de Segovia 21, Javier de la Orden, fue el encargado de entregar la documentación al ministerio público. De la Orden fue designado por el presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Francisco Vázquez, quien disolvió el anterior consejo de administración de la sociedad participada en un 66,41 por ciento por la propia institución provincial, un 14,42 por Bankia y un 3,17 por la Cámara de Comercio, quedando un 16 por ciento que supondrían acciones de autocartera.