Equo demanda al Ayuntamiento de Ayllón por no permitir la grabación de los plenos municipales
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El candidato de Equo al Senado por la provincia de Segovia, Manuel García Cob, presentó esta mañana una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Segovia contra el Ayuntamiento de Ayllón por “ejercer censura previa sobre los ciudadanos” al acordar en pleno municipal la prohibición de la grabación de las sesiones plenarias a toda persona que no esté acreditada por un medio de comunicación.
A través de un comunicado recogido por Segoviaudaz.es, Equo denunció que el Consistorio presidido por la alcaldesa del PP, Sonia Palomar, no permite a los ciudadanos “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” vulnerando así, el artículo 20 de la Constitución española en donde se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
García Cob lamentó la falta de transparencia de los consistorios que impiden grabar plenos a sus vecinos y señaló que estos “suelen estar salpicados en un alto grado de corrupción, tal y como se viene observando a través de la prensa”. Además, solicitó la medida cautelarísima de suspensión de la ejecución del acto recurrido porque “se trata de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas”.
Asimismo pidió a todos los ciudadanos “que no se dejen avasallar por los ayuntamientos caciquístas que prohíben las grabaciones en los plenos públicos” y les invitó a presentar demandas Contencioso-administrativas o penales para pedir la inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años, según se recoge en el artículo 542 del Código penal. En este sentido el representante de Equo recordó que éste se refiere a funcionarios públicos que, a sabiendas, “impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes”.
