El Ayuntamiento de Segovia derribará el próximo mes de octubre los 46 ‘miniapartamentos’ que se empezaron a construir en 2005 en una huerta del valle del Eresma calificada como suelo rústico. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León había dado tres meses a los promotores para que restituyeran la legalidad pero, una vez expirado el plazo, Urbanismo procederá a la ejecución de forma subsidiaria con un coste de casi 80.000 euros para las arcas municipales.
La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, reconoció que el Ayuntamiento tendrá que recurrir a una modificación de crédito para llevar a cabo la demolición, especialmente costosa “porque requiere mucha mano de obra”. La intención es reclamar después el dinero a los responsables, pero la regidora reconoció que tiene poca confianza en recuperarlo.
Fue precisamente Luquero quien anunció el pasado mes de abril que el TSJ había impuesto una multa de 210.000 euros a Hontanilla de Santo Domingo S. A., “cuyo titular no es otro que el exconcejal del Partido Popular Ángel Sancho (que dimitió por este motivo)”, al “intentar construir una residencia de estudiantes en suelo rústico de especial protección”. Al arquitecto Tomás Arranz Sanz, por su parte, se le impuso “una multa de 122.500 euros” por la misma causa.
Ambas sanciones se elevan de manera notable con respecto a las establecidas en noviembre de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia, que las había rebajado a 40.500 y 23.625 euros, respectivamente, cuando el Ayuntamiento solicitaba 540.000 y 315.000 euros. En cualquier caso, ya entonces la Justicia declaró ilegales estas viviendas construidas en un muro de contención para estudiantes de la antigua Universidad SEK, al considerar además que se proyectaron con vistas a una futura recalificación.
La alcaldesa ya avanzó entonces que el Consistorio llevaría a cabo la demolición de manera subsidiaria si la constructora no procedía a ello en el plazo establecido, aunque después tomaría “las medidas oportunas” para reclamar el dinero. El derribo ordenado busca así “la restauración de la legalidad urbanística”, recordó Luquero, ya que la licencia de obras tramitada en su día sólo contemplaba la construcción del citado muro de contención de tierras.
En este sentido, ahora “hay que mantener lo que había autorizado la licencia, todo lo exterior, y derribar todo lo interior, llenar de tierra los cubículos y sellar”, explicó en declaraciones recogidas por Ical. “No sé si lo recuperaremos o no (el dinero), a la vista de lo cumplidoras que han sido estas empresas no confío excesivamente, pero sí creo que es importante demolerlos porque supone restaurar la legalidad y porque es un ejemplo para todos los que piensen que se pueden saltar las leyes sin más, por beneficio privado o personal”, concluyó.