El Grupo Parlamentario Socialista reclamó hoy al Gobierno regional la puesta en marcha de 16 medidas para mejorar la situación de los consumidores y usuarios de Castilla y León. En esta línea, la procuradora Victorina Alonso denunció el “pasotismo” de la Junta en esta área, expresó su “sorpresa” ante el “escaso trabajo” realizado en materia de consumo a pesar de que la consejería responsable “no tiene competencias ni en Interior ni en Justicia” y acusó al PP de votar en contra de sus propios compromisos electorales.

En una nota de prensa, Alonso instó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a que suprima la Consejería de la “nada en Justicia, nada en Interior y casi nada en Consumo”, pues con “el dinero que recibe este consejero y sus múltiples asesores se podrían atender las necesidades de los castellanos y leoneses en materia de consumo”.

La procuradora socialista defendió además la puesta en marcha de 16 medidas dirigidas a mejorar la situación de los consumidores y usuarios, entre las que se encuentran actuaciones que son “claros incumplimientos de compromisos electorales del PP”, como la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que, a pesar de que data de 1998, “aún no se ha remitido a las Cortes ningún proyecto de Ley de modificación para adaptarla al actual marco normativo nacional y europeo”.

Asimismo, aludió a que tampoco se ha puesto en marcha el programa de Acción para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios 2011-1012 ni se ha aprobado el Estatuto del Consumidor.

Alonso denunció además que la Junta no ha potenciado el Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios, ni el Sistema Arbitral de Consumo ni las Juntas Arbitrales de Trasporte.“Estamos hablando del incumplimiento de medidas para atender necesidades compartidas por los consumidores, los empresarios e incluso por el PP, que así lo hace constar en su programa electoral”, reiteró.

Entre las propuestas socialistas se encuentran la creación dentro de la Agencia de Protección Civil y Consumo de una unidad específica (Sección de Normativas y Procedimientos), para que unifique criterios de actuación y apoye y colabore en el desarrollo normativo porque, explicó Alonso, “las normas en materia de consumo cambian con frecuencia y es necesaria su actualización».

Además, instan a la Junta a que forme e informe a los ciudadanos y a que trabaje con los centros escolares “porque dar formación e informar es poner en manos de los usuarios las armas necesarias para que sean consumidores responsables, para que conozcan la forma de reclamar cuando han sido estafados y para que sepan que esas reclamaciones si se realizan por los cauces adecuados contribuyen a mejorar la calidad de los servicios y las relaciones entre los consumidores y las empresas”.

También, piden mejoras en la web de la Junta ya que aseguran que tiene “escasos contenidos, está sin actualizar, es poco clara, poco accesible y pone de manifiesto el escaso trabajo que ha realizado la Consejería de Interior y Justicia en materia de consumo”.

 

Apoyo a las asociaciones

Para la representante socialista, todas estas propuestas contribuirían a que la convivencia social sea “más respetuosa y armónica”. Alonso destacó además el trabajo que están realizando en este sentido las asociaciones de consumidores de la Comunidad, que son las que “están llevando a cabo, con gran esfuerzo y escasos medios, el peso de la formación y de la información de los ciudadanos en materia de consumo”. Por eso, pidió a la Junta que las apoye mediante convenios estables.

Por último, la procuradora contrapuso la política del Gobierno regional en esta materia con la que lleva a cabo el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que destacó que anunció hace unos días en el Congreso que se van a elaborar reales decretos sobre emisiones de CO2 en los vehículos y sobre el etiquetado en Braille de los productos, además de una ley sobre servicios de atención al cliente.