El PSOE exige que se garantice el aborto en el hospital público de referencia

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El Grupo Socialista en las Cortes pedirá a la Junta que garantice a las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como una prestación, en el hospital público de referencia de forma «plena», «efectiva» y «equitativa». Así lo recoge una proposición no de ley que se debatirá en el pleno de la próxima semana, previsto para los días 5 y 6 de octubre.

En su comparecencia tras la Junta de Portavoces, la viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Virginia Barcones, explicó que el contenido de la iniciativa que llevan a la próxima sesión para que se cumpla la ley orgánica del aborto, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 36 años después de su despenalización en España, porque argumentó en Castilla y León existen «obstáculos» para el acceso efectivo.

En ese sentido, la socialista aseguró que es un derecho reconocido en la ley, pero denunció que en 2020 el 97,5 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se practicaron en clínicas y centros privados, al ser derivadas las mujeres que solicitaban esta prestación desde los hospitales públicos. De hecho, Virginia Barcones aseguró que sólo un hospital de Sacyl practica las interrupciones voluntarias del embarazo, lo que obliga a las mujeres a desplazarse a otras provincias en lo que denominó un «peregrinaje».

Por ello, Barcones indicó que la proposición no de ley insta a las Cortes a dirigirse a la Junta para que cumpla la ley y garantice de forma plena, efectiva y equitativa el derecho de las mujeres a poder interrumpir el embarazo en su centro hospitalario de referencia. A esta iniciativa se suman otras dos mociones, una sobre las políticas culturales, que reclama más de 30 actuaciones, y otra sobre el transporte sanitario.

Esta última, precisó la viceportavoz socialista, insta a la Junta a realizar actuaciones oportunas para auditar los contratos de transporte sanitarios desde 2014 con todas las empresas o filiales de Ambuibérica y en el caso de que se aprecien incumplimientos de la prestación de los servicios contratados, se realicen actuaciones por parte de la Consejería de Sanidad para que el citado grupo subsane los problemas e irregularidades, llegando incluso a rescindir los mismos.

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