El portavoz municipal del PP del Real Sitio de San Ildefonso, Juan Carlos Matesanz, denunció hoy que la deuda del Consistorio presidido por José Luis Vázquez, alcanza los 10 millones de euros y advirtió que se encuentra “a un paso” de ser intervenido. Mientras recordó que el Consistorio se encuentra fiscalizado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, quien urgió a presentar sus cuentas, el ‘popular’ lamentó que hayan tenido que presentarlas “a la carrera” y temió por el futuro de la localidad que no aprueba un presupuesto municipal desde el año 2010.

Para Matesanz, los “vicios” están llevando al Ayuntamiento del Real Sitio “a la ruina” y se trata de vivir a través de “una fachada” que “tarde o temprano reventará”. En este sentido, apunta que el Consistorio recurrirá al plan de pago de proveedores por el que se hipotecará en torno a los 3.750.000 euros que se unen a las facturas pendientes que, según el edil, ascienden a 1.246.193,22 euros. Además, asegurando que los gastos financieros alcanzan los 1.288.000 euros, el ‘popular‘ aseguró que la gestión de Vázquez “nos lleva directamente al abismo”.

También criticó que las arcas municipales tarden hasta 692 días de media para pagar facturas, y los efectos que pueden provocar en pymes, así como el gasto en la empresa municipal de turismo, a quien atribuye mayoritariamente la función de organizar las Noches Mágicas de La Granja, “una apuesta de promoción personal que nos está arruinando”. Al respecto apuntó que en las últimas ocasiones el Consistorio destinó 300.000 y 72.500 euros para el evento “por mucho que diga a todos los vecinos y a la prensa a todas horas que no nos cuesta nada”.

Según el portavoz del PP en La Granja, a la deuda de 1.246.193,22 euros, se suman los 120.000 euros anuales por la “mala gestión” de la guardería municipal, “ostentosos gastos” en comidas oficiales y partidas hoteleras, así como los requerimientos de pago al Consistorio. Entre ellos, destacan los 100.000 euros que deberían a la empresa Segipsa por el alquiler de unas parcelas y que mantiene a ambas partes en litigios, los 280.000 euros reclamados por el Consejo Superior de Deportes; o los 120.000 del Consorcio de Medio Ambiente.