El juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia citará como imputado al director de recursos humanos de Caja Segovia por el caso de los planes de pensiones y prejubilaciones de la extinta entidad financiera. Enrique Quintanilla será así el siguiente en declarar por los más de 34 millones de euros que, según UPyD, han percibido o percibirán ocho directivos por los acuerdos aprobados en 2008 y 2010 por el Consejo de Administración.

La instrucción de la causa prosiguió hoy con la comparecencia como testigos de José Francisco Santos, exdirector de auditoría de Caja Segovia; y María Eugenia Fernández-Villarán, auditora de la consultora KPMG. Y tras Quintanilla, deberán declarar en sede judicial, en este caso en calidad de imputados, los exconsejeros que aprobaron estos acuerdos que, según la acusación, pueden ser constitutivos de un delito de administración fraudulenta o desleal.

Luis Rodríguez Ramos, abogado de la defensa, reiteró tras estas últimas declaraciones que el caso está abocado al sobreseimiento porque “no existe ningún tipo de indicio delictivo” tipificado como tal en el Código Penal, por muy “obscenas” que pudieran parecer las retribuciones aprobadas. No comparte la misma opinión el abogado de UPyD, que ejerce la acusación popular, para quien lo más relevante de las declaraciones de los responsables de las auditorias es que José Francisco Santos “ha reconocido que las dotaciones realizadas al plan de prejubilaciones eran recuperables”.

Andrés Herzog explicó que tanto el director de la auditoría interna como la responsable de la externa reconocieron que “efectivamente en 2010 hubo un descenso de en torno al 60 por ciento en el patrimonio neto de la caja, lo cual no impidió a los consejeros dotarse importantes cuantías en concepto de prejubilaciones y jubilaciones”. En este sentido, el también responsable del área de Justicia de UPyD señaló que Caja Segovia concebía estas prejubilaciones como una forma de fidelizar a los directivos para que cumplieran con un plan estratégico diseñado para un periodo de seis años. Sin embargo, señaló que ese plan “dejó de tener sentido” porque ya en 2010 se vislumbraba el proceso de integración en Bankia, “pero en vez de rescatar esas dotaciones lo que hicieron es acelerarlas”.

Respecto a la imputación de Enrique Quintanilla, Herzog la definió como “una buena noticia porque es uno de los ocho magníficos”, dijo en referencia a los ocho consejeros que se repartieron o se repartirán en total más de 34 millones de euros. Y además es quien llevaba el área de Recursos Humanos, “y por tanto el máximo responsable de todas estas cuestiones relativas a las retribuciones de los directivos y los planes de pensiones”.

 

Los exconsejeros, pendientes de ser citados

Del último escrito de la Fiscalía, según el abogado de la acusación popular, también se deduce que “pronto” declarará el Consejo de Administración, pero no antes que el director de Recursos Humanos. Del 13 al 15 de enero declararon los miembros del comité de retribuciones que aprobaron estas cantidades: el expresidente y el exvicepresidente de Caja Segovia, Atilano Soto y Manuel Agudíez; así como Elena García Gil, Manuel Escribano y Antonio Tapia.

En cuanto a los miembros del Consejo de Administración que tendrán que declarar, aunque no hay fecha todavía, son Miguel Ángel de Vicente Martín (vicepresidente de la Diputación de Segovia); Fernando Aceves González; Eduardo Pastor; Pedro Arahuetes García (alcalde de Segovia); Manuel Berzal Lobo; Bonifacio García de Frutos; Fidel García Fernández; José Pablo Lozoya Martín; María Concepción Monte de la Cruz; José Pedro Palomo Hernángomez (presidente de la Federación Empresarial Segoviana y de la Cámara de Comercio); Juan Manuel de la Puente Clemente; José Luis Sanz Merino (diputado provincial); Javier Vicente Santamaría Herranz (senador del PP) y Juan José Sanz Vitorio (portavoz adjunto del PP en las Cortes), si bien los dos últimos, como advirtió el Ministerio Fiscal, tienen la condición de aforados por ser parlamentarios autonómico y nacional.