El procurador de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León y coordinador regional del partido, José María González Suarez, ha presentado una denuncia interpuesta al fiscal superior de la comunidad de Castilla y León, asegurando que tienen constancia de la intervención en los Consejos de Administración por parte de diferentes consejeros de cajas de ahorros de Castilla y León para conseguir «condiciones mucho más ventajosas o condiciones de prejubilación que han perjudicado a terceros», como señalan a través de un comunicado.

De la denuncia, que ha sido enviada íntegra a los medios de comunicación, se extrae que González ha tenido conocimiento de que varios consejeros de Caja España, Caja Duero, Caja Burgos,  Caja de Ávila y Caja Segovia han intervenido de forma decisiva en los Consejos de Administración a fin de obtener ‘bien créditos de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas o que a otros ciudadanos o empresarios les serían denegados, o bien condiciones de prejubilación que han perjudicado a terceros o en los que las entidades públicas de ahorro han dejado de observar su propia normativa y convenios colectivos –con fuerza de ley-‘.

El procurador de IU iguala en su denuncia el caso del ex alcalde de León y ex vicepresidente de Caja España, Francisco Fernández, al de Manuel Escribano, ex director general de Caja Segovia, quien ‘recibirá cerca de seis millones de euros en diez años en concepto de prejubilación’. En este sentido, añade que Escribano abandonó Caja Segovia días antes de la integración de dicha entidad pública de ahorro, en el Grupo BANKIA y que Caja España se ha negado a facilitar cifras sobre las prejubilaciones alegando “que se vulneraría la intimidad de los beneficiados por ellas”.

Además, González Suarez añade que ‘Caja Segovia se vio obligada a difundir un comunicado en el que, al tiempo que negaba que Escribano hubiera percibido cantidad alguna en concepto de indemnización con motivo de su prejubilación, señalaba que su ex director se había acogido a las mismas condiciones que 150 empleados. En dicho comunicado, añade el procurador, precisa que el ejecutivo prejubilado recibirá el 74,7% de sus emolumentos hasta la edad ordinaria de jubilación, lo que se aproxima a seis millones de euros en diez años y en cuota mensuales. «La entidad financiera asegura que estos programas de prejubilación «se vienen realizando desde 1996 y son aprobados por unanimidad en los órganos de gobierno» señala González para añadir que «lo que no aclara es si el consejo de administración conoció la cuantía y las condiciones que obtuvo Escribano».

Por otro lado, José María González Suarez afirma que diversos miembros del consejo de administración de Caja Segovia urgirán el próximo lunes a la entidad de ahorro segoviana, a celebrar con «carácter urgente» un consejo de administración extraordinario, en el que se aclaren y se hagan públicas las cifras millonarias recibidas por los máximos responsables de la entidad que decidieron acogerse al plan de prejubilaciones.

Para finalizar solicita al Ministerio Fiscal a que realice las diferentes actuaciones previstas en el artículo 3.5 de su Estatuto, en aras a esclarecer si existe o no actuación delictiva en los hechos anteriormente alegados. “Esta parte considera que hay una base razonable e indicios suficientes como para investigar, entre otros, la comisión de un posible delito societario por parte de aquellos que prevaliéndose de su condición mayoritaria en los órganos de administración, han logrado que las entidades públicas de ahorro hayan adoptado acuerdos con ánimo de lucro propio o en perjuicio para terceros.