El Ayuntamiento de Segovia estudia la retirada de actuaciones y de los depósitos municipales de las entidades financieras que no paralicen los desahucios hasta que se establezca un nuevo marco legal. La Junta de Gobierno Local aprobó hoy una declaración institucional que recoge diferentes medidas contra los desahucios y problemas sociales que están provocando, como explicó el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, quien señaló además que entre las muchas entidades con las que el consistorio trabaja se encuentran Bankia, BBVA o Santander.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, Arahuetes aseguró además que la Policía Local no participará, salvo orden judicial, en los procedimientos de desahucios como en anteriores ocasiones en colaboración con la Policía Nacional. “A efectos de colaboración no lo vamos a llevar a cabo”, aseveró.
Entre las medidas que adoptará el consistorio de la capital segoviana se encuentra además la publicación de las entidades financieras que se comprometen a llevar a cabo actuaciones en contra de esta problemática social, la creación de grupos de trabajo para buscar alternativas a las personas afectadas, y la colaboración con la Junta de Castilla y León para “potenciar” el servicio que puso en marcha de información e interlocución para los afectados.
Arahuetes señaló que el Ayuntamiento de Segovia solicitará la dación en pago como cancelación de la deuda y “como un sistema idóneo para poder abordar parte de este problema”, y la eliminación de los intereses “usureros” que se vienen cobrado por parte de las entidades bancarias a los afectados.
Además de crear un registro de personas desahuciadas y en riesgo, el Ayuntamiento pedirá que los parques inmobiliarios de los bancos se conviertan en parques de alquiler social, ya que en su opinión, “estas viviendas vacías pueden ser una solución para la sociedad”. El alcalde de Segovia, aseguró que estudiarán mecanismos legales para diminuir o incluso eliminar la cuota tributaria de plusvalía, que tiene que pagar por la transacción, la persona desahuciada.
Arahuetes reconoció el trabajo de algunos juzgados como el de Mallorca o Bilbao por frenar los desahucios pero insistió en que son las entidades financieras las que deben actuar.
