El Ayuntamiento de Segovia exigirá al Gobierno la retirada del Real Decreto-Ley que determina obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Así lo aprobó, a propuesta del grupo municipal de Izquierda Unida, el pleno municipal del consistorio segoviano con el apoyo del grupo municipal socialista y el voto de calidad del alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, y la oposición del PP segoviano, cuyo portavoz, Jesús Postigo, aseguró que “gracias a este Decreto, 35 millones de euros, empezarán a funcionar en los bolsillos de los españoles, porque ahora estaban encerrados en los ayuntamientos”.

El portavoz de IU, Luis Peñalosa, criticó que el Real Decreto-Ley lleva a los consistorios “a aplicar un durísimo Plan de ajuste que pondrá en riesgo el mantenimiento de las prestaciones que hasta ahora venían asumiendo los ayuntamientos y que incrementará notablemente la carga fiscal al conjunto de los ciudadanos”. Dentro del mismo acuerdo aprobado Peñalosa incluyó otro acuerdo en el que el Ayuntamiento de Segovia instará a la Junta de Castilla y León para “el pago a los ayuntamientos de las subvenciones que se les debe”. El portavoz explicó que la deuda de las diferentes Consejerías desde 2008, las tendrán que asumir las propias entidades locales “porque la obligación de pago a los contratistas será de ellos”. Además, en este sentido, el acuerdo recoge exigir al Gobierno a que impute a la Junta de Castilla y León y no a los ayuntamientos la deuda provocado por estas subvenciones impagadas, y que estos acuerdos sean trasladados a la presidencia el Gobierno, al Ministro de Hacienda y Administraciones pública, y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Por su parte, el portavoz municipal del grupo popular, Jesús Postigo, defendió que con la medida un total de treinta y cinco mil millones de euros “van a empezar a funcionar en los bolsillos de los españoles porque estaban retenidos en ayuntamientos y entidades locales”. En este sentido, Postigo añadió que con ese dinero las empresas podrán pagar la seguridad social, la Hacienda, atrasos a empleados, nóminas, a proveedores, “e incluso a lo mejor sobra algo”.

En cuanto a la financiación de los ayuntamientos, Postigo criticó que Izquierda Unida no se hubiera involucrado anteriormente en este tema durante el Gobierno socialista y por otro lado, manifestó su acuerdo respecto a las deudas de la Junta de Castilla y León con los ayuntamientos. En este sentido señaló que “tendríamos que ser coherentes y pedir a los ayuntamientos, y a este el de Segovia, a pagar las deudas con los proveedores” y sugirió al portavoz de Izquierda Unida, Luis Peñalosa, a que redactara mociones por separado. Finalmente, y a pesar de que la votación de los acuerdos se llevó a cabo en diferentes partes, los populares no apoyaron su propuesta, por lo que hizo falta el voto de calidad del alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes.