El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, anunció hoy que la Junta de Castilla y León no pondrá en marcha la nueva ayuda de 350 euros vinculada a la formación que sustituirá a los 426 euros que reciben los parados que han agotado sus prestaciones, si el Ejecutivo no financia la medida con una partida extraordinaria que evite que el esfuerzo presupuestario recaiga en las comunidades autónomas. Esta nueva prestación será aprobada con toda probabilidad por el Gobierno en el Consejo de Ministros del viernes.

“Las Cortes de Castilla y León ya han aprobado los presupuestos de 2011 que están ajustados para que el déficit no supere el 1,3 por ciento del PIB, objetivo que para el Gobierno de la Comunidad es prioritario porque es lo que necesita este país: transparencia y claridad ante los mercados internacionales”, subrayó el consejero, quien lamentó que en el seno de la reunión de la sectorial de Empleo y Asuntos Sociales en la que el Gobierno informó a las comunidades autónomas sobre los cambios que sufrirán las políticas activas de empleo, el ministro haya sido incapaz de concretar la partida existente para su aplicación ni cómo se va a gestionar.

En este sentido, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, explicó posteriormente en rueda de prensa que los fondos del plan de choque no requerirán fondos adicionales sino que saldrán de “ahorros de las políticas de estímulo al empleo, reorientación de otros programas de políticas activas y de adelantos del Fondo Social”.

Sin embargo, Villanueva argumentó que el nuevo plan de choque que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, considera que no es una segunda edición del Programa Especial de Protección de Desempleados, se ha gestado desde la “improvisación”, “llega tarde” y es “insuficiente” y, por si fuera poco, está generando “falsas expectativas” entre un colectivo que lo está pasando muy mal como son los parados de larga duración.

Por este motivo y para que no haya confusión, el responsable regional de Empleo explicó que Castilla y León tiene ya un programa “consensuado” con los agentes sociales y económicos “al que dará cumplimiento”. “Lo hemos pactado para cumplirlo, pero lo que no podemos hacer es que, como consecuencia de acuerdos sobrevenidos de otras administraciones públicas y que contradicen el objetivo de control de déficit que propugna el Gobierno, no podamos cumplir con este compromiso”.

Pero el desencuentro de Castilla y León con el Gobierno en la sectorial de Empleo y Asuntos Sociales no sólo se limitó a la reducción de la ayuda a los desempleados de larga duración, sino que también se extiende al documento marco que define las reformas de las políticas activas de empleo.

“Estamos a punto de perder la oportunidad de hacer una reforma integral de los servicios públicos de empleo y de las políticas activas”, subrayó Villanueva, que entiende que las nuevas medidas no tienen la “flexibilidad suficiente” para que puedan adaptarse a las necesidades y circunstancias de cada comunidad autónoma.

“La reforma deja fuera la formación, que es una de las políticas activas más eficaz, y se preocupa más de las cuestiones coyunturales que de las estructurales”, argumentó Villanueva, quien consideró que las “prisas” han llevado al Gobierno a presentar el documento sin una memoria económica-financiera que contemple cómo se van a financiar los programas.

Asimismo, Villanueva señaló que el documento de bases de la reforma parte del error de pensar que lo peor de la crisis ha pasado. “No es verdad que el ciclo económico haya empezado a cambiar para desgracia de todos. Por eso, las medidas que hay que adoptar deben dar solución a la situación agobiante del desempleo en nuestro país”, destacó el responsable de Empleo de Castilla y León, que echa de menos un “programa concreto” que debe tener claro las áreas a las que se debe dirigir, qué objetivos debe cumplir y en qué plazo. Asimismo, consideró vital definir el coste de la nueva estrategia sobre el empleo, que calificó de “poco novedosa” porque recoge los itinerarios personalizados, las políticas para la orientación profesional para el empleo (Opeas) y los agentes de desarrollo local que las comunidades autónomas vienen desarrollando desde hace años.