El Ayuntamiento de Segovia ha decidido preparar un amplio plan plurianual de inspección fiscal de todo tipo de tributos municipales tras destapar cientos de miles de euros en impagos en una primera revisión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Lo que en un principio se concibió como una mera incursión puntual se ha erigido en el germen de una vía de ingresos que se perfila clave para elevar de manera notable las arcas municipales en plena crisis económica, poniendo coto a un ingente fraude que ha desbordado las previsiones de la Concejalía de Economía y Hacienda.

Todas las empresas con expedientes resueltos por la última revisión del IAE estaban pagando menos de lo que debían. La inspección comenzó casi por casualidad, después de que una compañía se ofreciera el año pasado al Consistorio segoviano para llevar a cabo el trabajo de campo que ha servido de base al examen fiscal. La Administración municipal aceptó y firmó un contrato menor, inferior a 18.000 euros, que ha permitido destapar una bolsa no declarada que probablemente supere el millón.

La empresa adjudicataria de la externalización de este servicio comenzó entonces a visitar a firmas contribuyentes del IAE (con la pertinente autorización del Consistorio, que es sobre el que recae por ley la competencia de la inspección fiscal) y los resultados están siendo “lamentablemente sorprendentes”, reconoce a Ical el concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Reguera.

La primera incursión se ha extendido sobre 78 empresas, todas con facturaciones anuales de más de un millón de euros, dado que el resto están exentas del pago de este impuesto, y el índice de fraude, en mayor o menor medida, alcanza al 100 por cien de los expedientes ya cerrados, 22. Los 56 restantes están todavía abiertos, pero el arranque no ha podido ser más desolador, con independencia de la positiva inyección económica que va a suponer para la caja común tanto para este ejercicio como para los próximos, porque las previsiones de ingresos por este concepto se han disparado por encima del 40 por ciento ya para 2014.

En concreto, las 22 empresas con expedientes ya resueltos deberán pagar al Consistorio 422.234 euros para regularizar su situación por el fraude cometido con sus pagos por el IAE desde 2009. Y no porque antes de ese año pagaran lo que les correspondía, sino porque las irregularidades que cometieran en 2008 y en ejercicios precedentes ya han prescrito. “Los ayuntamientos siempre han tenido un poco olvidado el tema de la inspección fiscal, realmente por lo que yo conozco era muy pequeña y se realizaba básicamente sobre la documentación que se presentaba”, admite Reguera.

El Impuesto de Actividades Económicas que debe pagar cada empresa que facture más de un millón de euros se establece de acuerdo a una serie de parámetros como la potencia de luz contratada o los metros cuadrados de superficie del negocio, y la compañía adjudicataria del trabajo de campo previo a la inspección fiscal detectó que la mayoría de las irregularidades provienen de ampliaciones del negocio en los años de bonanza económica. Se remontan incluso hasta hace una década, aunque ahora ya solo se les puede reclamar por los cuatro últimos ejercicios.

Entre los defraudadores del IAE “hay de todo”, precisa el edil de Economía de Hacienda, desde talleres y concesionarios de coches hasta empresas ligadas al sector de la construcción o secaderos de jamones. El expediente más pequeño se ha resuelto con el requerimiento de un abono de 2.000 euros entre la suma del volumen no declarado y los intereses de demora, y el más grave ronda los 120.000.

Las sanciones supondrían además un recargo del 20 por ciento sobre la cantidad defraudada, aunque el Consistorio les está dando la oportunidad de regularizar su situación cursando una petición de alta voluntaria, tal y como ha ocurrido con los primeros 22 expedientes resueltos, e incluso les permite saldar sus deudas en plazos de hasta 18 meses.

“La situación de estas empresas, como la de todas, no es muy boyante en estos momentos”, explica Reguera, de ahí que el Consistorio segoviano haya optado por “ser flexible” y negociar para evitar males mayores, sin que por ello dejen de pagar lo que les corresponde.

“Desde luego que no esperábamos un resultado así. Cada vez que hacen una obra o cambian la potencia de una maquinaria deberían haberlo declarado, pero nos hemos encontrado con un nivel de fallo altísimo y lo sorprendente es que todas estas reformas no se han hecho precisamente hace un año ni dos”, prosigue el edil de Economía y Hacienda. “Lo que se desprende de esto es que, por decirlo de alguna manera, había una costumbre en el empresariado segoviano de modificar las condiciones para el IAE sin comunicarlo en el Ayuntamiento”.

Plan de inspección plurianual para todos los tributos

En cuanto a las 56 empresas investigadas cuyos expedientes no se han cerrado todavía, “decir que va a ocurrir lo mismo que con las 22 anteriores es mucho, pero de momento es cierto que hay fraude en todas”, subraya Reguera. En algunos casos el Ayuntamiento acaba de recibir los datos de la compañía contratada para el trabajo de campo previo a la inspección y otros están ya pendientes de resolución o liquidación, pero todavía no ha aparecido una empresa que declarase correctamente.

La “lamentable sorpresa” ha sido tal que incluso el Ayuntamiento ha tenido que detener la inspección en estas 78 empresas, ya que la adjudicataria de esta labor se lleva un porcentaje de la recaudación por el fraude detectado y la retribución no puede superar los 18.000 euros por tratarse de un contrato menor. “Esto en realidad ha sido una prueba, como una cata”, advierte el concejal, que avanza que el próximo ejercicio saldrá este trabajo de campo a concurso, por un importe superior a esos 18.000 euros, para poder llevar a cabo una inspección fiscal municipal más amplia y estable. “Con nuestros funcionarios es imposible hacer este trabajo y no podemos ampliar plantilla porque la ley nos lo prohíbe”, por lo que la externalización se perfila irremediable.

El contrato se adjudicará por varios ejercicios y la fiscalización municipal se reforzará con carácter indefinido. Tocará todo tipo de tasas e impuestos, desde los vados hasta la ocupación de la vía pública o el dinero que deben pagar las empresas de suministro de luz, agua, gas o telefonía e internet, aunque se irá avanzando de manera progresiva, de acuerdo con un plan que todavía está por definirse, ya que la decisión se acaba de tomar.

“Todos tenemos que liquidar y hacer frente a nuestras obligaciones fiscales”, recuerda Reguera porque, además, solo de ese modo pueden plantearse en un futuro hipotéticas bajadas de impuestos que difícilmente son materializables cuando el fraude asalta las arcas municipales y hace que al final “unos terminemos pagando lo que otros no pagan”.