La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Silvia Clemente, ha advertido de que 2012 será un “año difícil” pero garantizó que se mantendrán los servicios básicos. Así lo dijo durante la celebración de un vino de Año Nuevo que organiza el PP de Segovia por estas fechas, y al que acudieron los cargos públicos del partido y los medios de comunicación.
Clemente recordó la puesta en marcha de iniciativas para reducir los gastos y conseguir nuevos ingresos por parte del Ejecutivo regional. Y por eso valoró las medidas aprobadas por el Gobierno de Juan Vicente Herrera tendentes a “garantizar los mismos niveles de ingresos”. “Si queremos seguir teniendo el mismo nivel de atención sanitaria habrá que garantizar los mismos ingresos”, recordó.
En este sentido apuntó la puesta en marcha de los impuestos sobre hidrocarburos con fines sanitarios, que calificó de “imprescindible”. Además recordó que Castilla y León pondrá en marcha nuevas figuras impositivas que en otras regiones se llevan aplicando desde hace años. Y aparte del céntimo sanitario se refirió a otros impuestos medioambientales “que nunca antes se habían aplicado y que en Castilla y León parece lógico”.
Para Clemente, en el año 2012, “las medidas económicas van a ser importantes” y subrayó que habrá restricciones en materia de gastos con el fin de que se cumplan los compromisos “que España necesita” y que puedan hacer que “empiece a reflotar nuestro país”.
“Va a ser un año difícil”, resumió la consejera, que dijo que se ha empezando “priorizando gastos”, pero donde en la Consejería “vamos a asegurar el cumplimiento de todo lo que es básico para cada sector dentro de la agricultura y la ganadería”. En este sentido añadió que en su departamento se va a asegurar “el cumplimiento de todo lo que permite mantener todas las ayudas públicas” en lo que concierne a la sanidad animal y vegetal, al apoyo a las industrias agroalimentarias, o a las líneas para dotar de liquidez a las empresas.
Por su parte, el presidente provincial del PP, Francisco Vázquez, repasó los principales acontecimientos ocurridos en el año 2011 y, al igual que Silvia Clemente, se refirió a los buenos resultados políticos conseguidos en las convocatorias electorales de mayo y de noviembre, donde el PP de Segovia logró sus mayores apoyos en votos y en resultado de cargos electos.
“El año 2012 se presenta cargado de trabajo, donde se redoblarán los esfuerzos y la labor desde el punto de vista político”, dijo a la vez que anunció algunas convocatorias de congresos para el partido.
Preguntados por las medidas impuestas por el Ejecutivo de Rajoy, tanto Vázquez como Clemente coincidieron en que eran las esperadas y acordes con las necesidades que tiene España. A la vez confiaron en su resultado positivo para la recuperación económica y la disminución de las cifras del paro a lo largo del año.
Excalcalde de San Emiliano en León
La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Silvia Clemente, ha recordado que paralizaron el pago de subvenciones al exalcalde de San Emiliano (León), Pedro Madrigal, acusado de malversación de fondos, hasta que se depuren las responsabilidades civiles o penales que existen.
“Desde la Consejería no podemos tomar ninguna otra salvo la que nos correspondía, que era la de no pagar”, ha explicado la titular de Agricultura y Ganadería de la Junta respecto a una subvención aprobada y que pudo ser motivo de fraude, pero que deberá dilucidar el juzgado correspondiente.
Según dijo la consejera, es al titular del Juzgado al que le corresponde tomar las medidas oportunas entre las que se encuentra la de inhabilitación en su cargo como veterinario de la Junta.
En respuesta a los requerimientos del PSOE de León, Clemente dijo que ante este “presunto o probable hecho delictivo, la Junta no acuerda ceses por la denuncia de un partido político, sino que lo que procede es que el juez sea quien tome la decisión y en una sentencia adopte las medidas oportunas”. “Mientras está interviniendo el juez no procede ni se puede actuar”, insistió.
La Consejería decidió paralizar el pago de una subvención de unos 40.000 euros para una inversión que, al parecer, estaba realizada antes de ser reconocida, según la denuncia presentada.