Castilla y León fue la tercera autonomía española en la que más creció la contratación de las personas con discapacidad, tanto en el mercado ordinario como en los Centros Especiales de Empleo (CEE), en el primer cuatrimestre de 2013, con un aumento del 22,3 por ciento, frente al 6,2 por ciento de la media nacional.
En este sentido, desde la Consejería de Economía y Empleo destacaron su “serio compromiso” con el empleo de las personas con discapacidad, lo que ha permitido su inserción laboral a través de los 190 ‘Centros Especiales de Empleo’ (CEE) actualmente registrados y las empresas del mercado ordinario de trabajo.
Fuentes del departamento que dirige Tomás Villanueva recalcaron que se trata de un compromiso reiterado con el “extraordinario esfuerzo presupuestario” realizado en 2012, para conseguir la financiación de los Costes Salariales (50 por ciento del SMI) de las personas con discapacidad en los ‘Centros Especiales de Empleo’, y al que en 2013, gracias a la incorporación de dichas políticas en el ‘Plan de Estímulo para el Crecimiento y el Empleo’, se ha añadido una partida de 1,5 millones de euros a la dotación inicial, lo que permite “garantizar la financiación de los costes salariales de todo el año”.
Al respecto, recordaron el acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se aprobaron las directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y que desde su puesta en marcha hace un año ha incorporado cláusulas sociales a más de 400 contratos públicos. La sociedad debe entender la finalidad de la integración social de las personas con discapacidad a través de su inclusión laboral efectiva como un objetivo prioritario.
Por otra parte, la Junta quiere impulsar los elementos clave que se deben reorientar en un nuevo modelo de CEE, así como las actuaciones que se tendrían que llevar a cabo para conseguir facilitar el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo, mejorando su empleabilidad y su integración laboral. La Consejería de Economía y Empleo quiere posicionar a los CEE como empresas “viables, sostenibles y socialmente comprometidas, así como desarrollar un nuevo modelo de empleo que ponga en valor tanto los aspectos relacionados con los sectores más desfavorecidos como con sectores estratégicos de actividad, niveles de competitividad y de rentabilidad”.
Este nuevo modelo en los ‘Centros Especiales de Empleo’ deberá facilitar la consolidación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, así como un modelo sostenible de apoyos públicos y privados al sector, que permita incorporar criterios de valoración que faciliten una discriminación positiva para los más necesitados.
El Gobierno regional cree que la Economía Social debe ser un cauce de participación efectiva y de una mayor integración de las personas más desfavorecidas en el mercado de trabajo. Además insiste en que es preciso alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades, especialmente en este sector en el que prima el carácter democrático, e impulsar la integración de las personas en riesgo de exclusión en la vida socioeconómica. Por ello, también desde la Junta de Castilla y León, se considera la labor de fomento de las empresas de inserción -actualmente en Castilla y León hay registradas once a las que se subvenciona el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional, por un importe anual total de 240.000 euros- como una conjugación de políticas sociales y de generación de empleo, bajo la óptica de que la “generación de puestos de trabajo estables y de calidad para la persona, es la mejor forma de realizar una política de integración social de aquellos colectivos con menos posibilidades estructurales”.
La Economía Social cuenta en Castilla y León con más de 4.000 entidades entre cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción, que generan más de 30.000 empleos directos y representan una facturación que supera los 4.000 millones de euros.
Mayor resistencia a la crisis
Aunque las empresas de Economía Social están sometidas a las mismas dificultades e incertidumbres que el conjunto de la economía, han venido demostrando su capacidad para resistir las dificultades, teniendo, en estos momentos de crisis, un comportamiento especialmente positivo. La destrucción de empleo durante la crisis ha sido seis puntos inferior en las cooperativas que en el resto de las empresas. Además hay que tener en cuenta que casi el 75 por ciento de los contratos en las cooperativas y sociedades laborales tiene un carácter indefinido lo que está resultando uno de los elementos que ayuda a que el mercado laboral pueda soportar con más dinamismo la difícil situación actual.
“La Economía Social crea empleo estable y de calidad, promueve la igualdad de género en el ámbito laboral, da oportunidad a los jóvenes, contribuye de forma muy efectiva al desarrollo local y es un referente de la responsabilidad social”, resumieron.
Ley de Cooperativas
La Junta de Castilla y León ha iniciado los trabajos, en colaboración con este sector, para proceder a la modificación de la ‘Ley de Cooperativas de Castilla y León’ con el fin de adaptarla a la situación económica y social actual y conseguir una reducción de obligaciones y cargas administrativas, que facilite su puesta en marcha así como un marco más apropiado para el desarrollo de su actividad.
Se trata de una nueva ley que favorezca la evolución de las cooperativas incorporando nuevas iniciativas que les permitan desarrollarse económica, social y empresarialmente. Castilla y León cuenta con 2.093 cooperativas registradas, que dan empleo a más de 18.000 trabajadores y tienen una facturación de más de 3.300 millones de euros.
Junto a ellas, las sociedades laborales son un instrumento capaz de facilitar a los trabajadores la posibilidad de crear y gestionar sus propias empresas, lo que representa un verdadero modelo de autogestión y autoempleo colectivo. Las 1.787 sociedades laborales actualmente registradas en Castilla y León, están muy ligadas al territorio, al municipio donde desarrollan su actividad, y son conscientes de la importancia de su compromiso con el entorno, con sus socios y con sus trabajadores.
