El Sindicato de Enfermería SATSE reclama una clasificación profesional justa para enfermeras y fisioterapeutas, en un artículo en el que llaman a la acción porque «¡Es el momento de actuar», señala SATSE.
«Incoherente, ilógico e injusto. ¿Quién puede entender que la Administración del Estado establezca unos deberes y principios éticos para sus trabajadores y ella sea la primera que no los cumple?
La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) concreta, en sus artículos 52,53 y 54, el código de conducta que deben respetar todos sus profesionales y, entre otras obligaciones, se remarca que deberán actuar con arreglo a principios, como la objetividad, imparcialidad, ejemplaridad y el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
También los empleados públicos tienen que respetar todas las normas que integran el ordenamiento jurídico, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna, y no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada.
Esto es lo que establece la misma Ley que está perpetuando una situación de clara discriminación y desigualdad desde hace más de 17 años que afecta a enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales del sector público.
Es en su artículo 76 donde se regulan los grupos de clasificación profesional dentro de la administración pública y, en concreto, se establece una división del Grupo A en dos subgrupos, A1 y A2, que se basa en la antigua diferenciación entre las titulaciones universitarias de licenciado y diplomado.
Se trata de una clasificación que no respeta la ya no tan nueva estructura de las titulaciones universitarias implantada tras el proceso de Bolonia, en 2007, y que conlleva que enfermeras y fisioterapeutas permanezcamos en el subgrupo A2, cuando otros colectivos profesionales, que son también Grado universitario y tienen 240 créditos ECTS, sí están en el subgrupo A1.
¿En qué nos perjudica? Entre otras consecuencias, nos impide poder acceder a puestos directivos y de gestión de centros sanitarios o a grupos de investigación y docencia. También supone que no se reconoce a todos los efectos, incluido el salarial, la formación y competencias de nuestra profesión.
Esta situación se viene manteniendo desde hace tantos años porque ningún gobierno hasta la fecha ha mostrado interés alguno por cambiar las cosas.
Ahora, es cierto que el Ministerio de Sanidad está negociando con nuestro sindicato la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y de manera paralela, Función Pública ha iniciado la negociación sobre la revisión de la clasificación profesional de los empleados públicos.
Nos encontramos, por tanto, en una etapa decisiva y tenemos claro que es el momento de actuar. Por ello, desde nuestro sindicato, y tras años de reivindicación y lucha sindical permanente, hemos iniciado una nueva campaña de información y movilización bajo el lema “Reconocimiento y respeto. Por una clasificación profesional justa”.
Y lo hacemos porque estamos plenamente convencidos de que nuestra formación y especialización tienen que ser debidamente reconocidas. Merecemos respeto profesional y la clasificación que nos corresponde.
Es el momento de que el Gobierno dé el paso definitivo para acabar con la discriminación que sufrimos y, con este objetivo, nos concentramos, el 27 de junio, frente la Dirección General de Función Pública.
Una concentración que se suma a otras movilizaciones y acciones reivindicativas realizadas en los últimos años ante el Gobierno, Parlamento Europeo, Congreso y Senado, cámaras autonómicas, partidos políticos y el Defensor del Pueblo, entre otras instituciones.
En definitiva, no pedimos otra cosa que las mismas oportunidades de crecimiento profesional y de participación en la toma de decisiones, además de una remuneración justa y equitativa, y no vamos a cejar en nuestro empeño hasta conseguirlo. Por coherencia, lógica y justicia2.
Beatriz Andrés, adjunta a la Secretaría de Acción Sindical de SATSE Castilla y León
