Si en las últimas décadas la mujer ha sido la gran discriminada del mercado laboral, la crisis económica actual lejos de favorecer la situación supone un freno, que parece que activa con más fuerza la palanca en el caso de las que sufren algún grado de discapacidad. De nuevo, este lunes se celebrará el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con el fin de reivindicar derechos y oportunidades para todas las mujeres, más necesarios para aquellas que padecen una discapacidad y que, se quiera o no, son aún más vulnerables. No quieren ventajas, premios, ni prebendas, sólo piden una oportunidad en igualdad de condiciones para demostrar que están más que capacitadas.

Gemma, parapléjica y administrativa; Arantxa, deficiente visual y empresaria, y Luz María, sorda y coordinadora de lengua de signos son tres de las 255.900 personas con algún grado de discapacidad que viven en Castilla y León, de las que casi el 60 por ciento son mujeres. De ellas, tan sólo 8.700 trabajan, la mayoría (7.400) como asalariadas. Las otras 1.300 optaron por dar un paso al frente y montaron sus propias empresas, 700 de ellas incluso con asalariados a su cargo, según recoge la última Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia del Instituto Nacional de Estadística.

Las tres explican que, pese a que los tiempos cambian y son más visibles para el resto de la sociedad, todavía existe discriminación laboral y “lo que es más triste”, social. Abogan por que las administraciones “pongan toda la carne en el asador” y las empresas comiencen a aplicar esa responsabilidad corporativa de la que tanto se habla hoy en día. Porque, Gemma, Arantxa y Luz María no son “menos que nadie”, y aseguran que su minusvalía no las impide desarrollar muchas tareas como cualquier otra persona y cualquier otra mujer.

Conscientes de que son mujeres, lo que ya de por sí es “una dificultad” para encontrar trabajo en comparación con un hombre, y conocedoras de su discapacidad, tienen claro que pese a los avances aún hay muchas fisuras por cerrar y muchos escalones que subir para lograr la verdadera igualdad de oportunidades. Entre estos retos figuran, por ejemplo, el acceso a la formación. Los datos lo corroboran. En Castilla y León sólo hay 2.400 mujeres con discapacidad menores de 44 años con estudios universitarios y 2.000 por encima de esta edad. Y es que a medida que avanzan en la formación, las dificultades aumentan: barreras arquitectónicas; dificultades para que el puesto se adapte; problemas de apoyo para seguir las clases en discapacidades concretas…, por no sumar el ‘handicap’ de presentarse a unas oposiciones, que en el caso de las personas sordas se incrementa, puesto que algunos tribunales no permiten la presencia de un intérprete de signos.

Voluntad para cumplir las ley

Todos estos motivos, que en el fondo las “hacen más fuertes”, llevan a estas mujeres a exigir que las leyes no queden en papel mojado y exista voluntad para cumplirlas. Por ejemplo, todas coinciden en el agravio que se está cometiendo con la reserva para personas con discapacidad en las ofertas públicas de empleo que muchas veces se cubren con candidatos que “no son realmente discapacitados”. “Se ven muchos abusos”, aseveran. Además, consideran que las plazas son insuficientes – la Administración General del Estado reserva un cinco del total de empleos, un diez por ciento en el caso de la Junta- y que las grandes empresas no están cumpliendo esta reserva, pese a lo mucho que podrían ganar. Preguntadas por aquellas discapacitadas que viven en el medio rural, la respuesta es unánime: acceder a ayudas, a servicios y lograr la igualdad de oportunidades son todavía una utopía. “Prácticamente, está todo por hacer, el panorama en mucho más negro”, precisan estas tres mujeres que, pese a los obstáculos, son optimistas y confían que en el futuro, con la implicación de todos, se superen todas las barreras y la condición de ser mujer y discapacitada, lejos de frenos o de ventajas, se observe con normalidad. No quieren regalos, porque no son ni más ni menos que las demás, sólo piden poder demostrarlo.

Gemma Requejo, 36 años, parapléjica. Trabaja como administrativa para la Fundación Aspaym Castilla y León. “Una silla de ruedas cierra muchas puertas. Necesitamos estar muy bien formadas”.

Convive con una silla de ruedas desde los 15 años, tras sufrir un accidente de tráfico que le provocó una lesión medular. Tuvo que cambiar los estudios de auxiliar de Clínica por los de administrativo, ya que sabía que nunca iba a poder ejercer la primera profesión pero nunca se apartó del mundo laboral, donde ha trabajado para una consultora y para una empresa de telecomunicaciones como teleoperadora. Como mujer sabe que encontrar un trabajo es complicado, y más en su caso, porque “una silla de ruedas cierra muchas puertas”. “Las personas con discapacidad tenemos que estar muy bien formadas para encontrar un trabajo, ya que hay muchos, como el de la construcción, que no podemos desempeñar”. Asegura que se están dando pasos, gracias también al empeño que ponen en el día a día para demostrar que pueden. “Siempre acabamos volcándonos más para hacer ver que valemos”, añade, para pedir a la Administración una mayor criba en las ofertas de empleo público y más ayudas para la adaptación de puestos de trabajo que sirvan para que la empresa privada se implique.

Arantxa Sáez, 33 años, tiene una deficiencia visual del 68%. Maestra de Infantil y Educación Especial y empresaria. “Hay gente que sigue viéndonos como minusválidos, ¿menos válidos que quién?”.

Sufre una miopía magna, y aunque llegó a estar ciega durante seis meses, los avances médicos han permitido que recupere parte de la visión. Es autónoma, dirige la Guardería Romar, en Valladolid, y, aunque tiene algunas limitaciones -no puede conducir, tiene problemas con la larga distancia, etc.- afirma que está tan capacitada como el resto. “Hay mucha gente que sigue viéndonos como minusválidos, ¿menos válidos que quién? Yo fui de las mejores en mis dos promociones. No soy discapacitada, tengo una discapacidad. El problema es que hay gente, y joven, con muchas barreras mentales”. Reconoce que en su vida laboral ha tenido suerte. “No se me nota y no lo llevo como carta de presentación, pero tampoco lo oculto. Sé que si hubiera ido a pedir trabajo con gafas oscuras, un perro guía, un bastón…, no hubiera trabajado donde lo he hecho”. Defiende la integración desde los primeros años como algo “muy enriquecedor”; el talento y los recursos de estas personas para desempeñar un puesto como cualquiera y, aunque valora las ayudas públicas, denuncia que aún es necesario avanzar en la reserva de puestos de trabajo de las empresas públicas; en la conciliación de la vida laboral y familiar; en las ayudas para que el sector privado contrate a personas con discapacidad, y en la accesibilidad, sobre todo en el medio rural. “Viví en un pueblo y allí las oportunidades se reducen. Psicológicamente te hundes”.

Luz María Fernández, 32 años, es sorda y trabaja como coordinadora del Departamento de Lengua de Signos de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León. “Pedimos acceso a la información y los recursos necesarios para competir en igualdad de oportunidades”.

Es sorda de nacimiento, lo que no le ha impedido trabajar en una empresa de agroalimentación y en una imprenta, aunque ahora esté volcada en la promoción y difusión de la lengua de signos. Casada y con una hija, explica que quizá la suya sea una de las discapacidades que más puertas cierra por la barrera de la comunicación y que obliga, en muchos casos, a acudir a una entrevista de trabajo con un intérprete. Reconoce que las mujeres lo tienen más difícil, pero ella ha demostrado que es posible. Considera que aún falta mucho por hacer, sobre todo en el campo de la formación. “Personas universitarias sordas se cuentan con los dedos de la mano y que tengan carrera, poquísimas. La falta de formación se añade a nuestro problema. Hay personas muy válidas que tienen que dejar los estudios por las dificultades que van apareciendo”. Por ello exige más apoyos para la adaptación de puestos de trabajo, en la universidad y en la empresa pública y privada, y también que lo que “está escrito no quede en papel mojado”. “No queremos ni más ni menos que una oportunidad”, dice, para denunciar, por ejemplo, que hoy en día aún hay tribunales en oposiciones que no aceptan un intérprete en el examen. “Es necesario acabar con estas barreras. Pedimos acceso a la información y los recursos necesarios para competir en igualdad de oportunidades. Un empresario, a la hora de elegir entre dos mujeres, si yo tengo discapacidad y ella no, el problema se agrava en mi caso”.