La Audiencia Provincial de Segovia estimó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y UPyD Segovia para estudiar si existe o no delito en la actuación de los directivos de Caja Segovia respecto al caso de las supuestas retribuciones de los miembros de Consejo de Administración. El Juzgado número 2 de Segovia será el encargado de tramitar las oportunas diligencias para que Caja Segovia aporte la documentación en base a la que se han aprobado las prejubilaciones de las personas citadas en el escrito de denuncia, revocando así la decisión del mismo juzgado que el pasado mes de febrero decidió archivas las denuncias presentadas.

En este sentido, las investigaciones recogerán el estado en que se encontraba Caja Segovia al tiempo en que se aprobaron las jubilaciones de sus altos directivos, si había recibido ayudas con cargo a capital público y en qué cuantía; así como el nivel medio o intervalos cuantitativos de los sueldos y jubilaciones de altos directivos de las entidades bancarias de esa naturaleza y tamaño.

La Audiencia Provincial afirmó además que según las denuncias del Ministerio Fiscal y UPyD, los hechos consignados “si podrían a priori tener encaje en las citadas infracciones”· En él se alude a las «desproporcionadas prejubilaciones» otorgadas al ex Director General de la Caja, Manuel Escribano, 12 millones de euros, y al resto de los integrantes del Comité de Dirección, 30 millones de euros como montante global. Estas elevadas prejubilaciones habrían sido logradas, según consta en el escrito de denuncia, por medio del incremento desproporcionado de sus retribuciones efectuado por los propios beneficiarios con objeto de aumentar la base de cálculo de su pensión y también mediante la contratación de una póliza de seguro con la aseguradora CASER. “Este tipo de maniobras se efectuaron a sabiendas de las consecuencias que originaría el proceso de fusión en el que la Caja estaba inmersa”, añade.

Antecedentes

Tanto el Ministerio Público como UPyD pusieron de manifiesto en la denuncia que los integrantes del Comité de Dirección de Caja Segovia “han procedido, en el último año y a sabiendas, a incrementar desproporcionadamente sus retribuciones con el único y deliberado propósito de incrementar de igual modo la base de cálculo de su pensión o dotación por prejubilación”. En este sentido, señaló el auto, se desprendería la existencia de un delito de administración desleal, por lo que resulta necesario efectuar las diligencias de investigación tendentes a la comprobación la veracidad de tales afirmaciones.

En el caso de los magentas, señalaron los 12 millones a la que se acogió supuestamente el ex director general de Caja Segovia Manuel Escribano; “ que de ser cierto, haría surgir la duda de si tal monto se ajusta a las indemnización que legalmente le corresponde”; que se contrató un seguro con CASER para incrementar la pensión del Director General Adjunto, al igual que la del resto de los miembros del Comité de Dirección; que se aprobó una dotación de dos millones de euros del miembro del Comité de Dirección José Francisco Santos, sin la aprobación del Consejo de Administración de la Caja, e incluso posiblemente en contra del criterio del mismo, que fue negativo al nombrársele en 2010, a sabiendas de que las funciones del mencionado Comité iban a carecer de contenido por la fusión que se iba a realizar de inmediato con Bankia; y que el que fuera Director de Auditoría de la Caja cometió posibles irregularidades contables que habrían llevado a ésta a una quiebra técnica que fue salvada con la fusión de Bankia.

En este sentido, la Audiencia señala que los recursos deben ser estimados, y que “la calificación que entienden los denunciantes de los hechos relatados en la denuncia formulada contra el Consejo de Dirección de Caja Segovia, dada la magnitud de las cantidades afirmadas, no puede ser descartada apriorísticamente”.