El abogado que ejerce la acusación popular por UPyD en el caso Navicoas, Jorge Alexandre, vaticinó ayer lunes que el juez podría abrir juicio oral antes del verano, momento en el que se verá “quiénes se tienen que sentar en el banquillo” por el presunto delito societario que se investiga. Una operación por la que Caja Segovia incluyó como garantía hipotecaria el torreón de Lozoya, entre otros inmuebles, para obtener un préstamo de Bankia de 6,8 millones y pagar la deuda tributaria de una sociedad participada por esta entidad, cuando no tenía capacidad para pagarlo ni Hacienda le reclamaba ninguna responsabilidad subsidiaria.
La causa se inició en diciembre de 2012 por una denuncia ante la Fiscalía firmada por once de los 17 miembros del Consejo de Caja Segovia, que sostienen que fueron manipulados para aprobar que la extinta entidad financiera, en pleno proceso de integración en el Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, cargara con esa deuda. Casi siete millones que correspondían a Navicoas Asturias S.A. y que ya estaba en concurso de acreedores tras una operación urbanística (la compra de terrenos de una cementera en Gijón para construir 1.200 viviendas) frustrada en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria.
En la nómina de imputados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 figuran todos los consejeros de Caja Segovia, así como Bankia, y después de más de dos años de instrucción, la apertura de juicio oral está más cerca, según señaló Alexandre minutos después de que terminara una nueva ronda de declaraciones. Ante el juez comparecieron , en calidad de testigos, la responsable del comité de riesgos de Bankia que supervisó el préstamo y un miembro de la consultora Garrigues, que también participó en el proceso ante la Agencia Tributaria; así como Bankia, a través de un representante legal, en calidad de entidad jurídica imputada.
Según UPyD, el juez entiende que se puede sostener la imputación de Bankia por su condición de administrador de hecho de Caja Segovia, como cooperador necesario o como autor mediato del delito societario. “Bankia se encontraba en posición de claro dominio social de Caja Segovia y, por tanto, en disposición de tutelar o lesionar el bien jurídico protegido”, sostiene la acusación popular.
De la declaración del representante de Bankia, que se acogió a su derecho de responder sólo las preguntas de su abogado, el fiscal o el juez para evitar a las acusaciones populares, Alexandre destacó que apuntara que esa entidad ya descartó “desde un primer momento” asumir la deuda de Navicoas como una carga de Caja Segovia dentro del proceso de integración en BFA. “Ha dicho que Bankia hizo labores de intermediación, de alguna manera, por un compromiso de ética o de buen gobierno corporativo de ayudar a Caja Segovia, o mejor dicho Navicoas, para que pudiera defenderse ante la Agencia Tributaria”, señaló en declaraciones a la prensa recogidas por Ical.
Una afirmación que Alexandre calificó de “muy sorprendente”, dado que “si están seguros (en Bankia) de que no van a responder en ningún momento por la deuda, ¿cómo es posible que fueran ellos los que llevaran la batuta de todo el procedimiento tributario?”. En concreto, “hace una labor en nombre de Caja Segovia, a la que somete a una deuda que le va a obligar a pagar, y se produce un claro conflicto de intereses porque al final Bankia, por ética corporativa según ellos, representa a Caja Segovia y luego dice que no tiene nada que ver”, argumentó el letrado, que cree que por ello se mantienen “muchos interrogantes” sobre su papel.
La acusación popular sospecha que Caja Segovia asumió el préstamo para evitar que la responsabilidad de la deuda tributaria recayera sobre Manuel Agudíez y Óscar Varas de la Fuente, exconsejero y jefe de Riesgos de esta entidad, respectivamente, por su condición de administradores de Navicoas. Y a ellos apuntó “cuatro o cinco veces” durante su declaración el representante legal de Bankia, al asegurar que ambos eran los encargados de informar al Consejo sobre lo que estaban aprobando, según añadió Alexandre, quien cree que sus miembros “parece que no tenían toda la información que debían”.
Varas y Agudíez, sin embargo, declararon en su día que fue Bankia la que “de alguna manera impuso” a Caja Segovia que acordara con la Agencia Tributaria la asunción de la deuda de Navicoas para prevenir el riesgo de tener que afrontar en el futuro el pago de una cantidad diez veces más alta. El mismo planteamiento que expusieron el expresidente y el exdirector general de Caja Segovia, Atilano Soto y Fernando Tapia, cuando comparecieron ante el juez también como imputados.
En este contexto, preguntado por si considera que Varas y Agudíez deberían ser citados de nuevo por haber sido señalados por Bankia, el letrado de UPyD respondió que quizá esté más cerca la apertura de juicio oral que la ampliación de las declaraciones previas. “Lo cierto es que la instrucción está muy avanzada y yo no descartaría de hecho que la cerrase el magistrado en breve, con lo cual igual no hay tiempo para que eso se produzca”. Apuntó que la apertura del juicio oral podría llegar antes del verano, “aunque nunca se sabe, siempre puede haber alguien que pida pruebas de última hora y depende de su señoría”, matizó.
“La confianza que tenemos en UPyD es que se va a abrir juicio oral y veremos con qué protagonistas, que se van a sentar en el banquillo una serie de personas y se va a saber qué paso, hasta qué punto alguien debería haber asumido responsabilidades de forma personal y hasta qué punto debió asumir o no la deuda Caja Segovia”, resumió.
Alexandre también valoró que “después de dos años de instrucción por fin” se tuvo acceso en esta jornada al informe que Garrigues remitió a Bankia sobre la situación de Navicoas. “Cuatro folios” donde, según subrayó, no se habla “en ningún momento” de que exista responsabilidad subsidiaria alguna por parte de Caja Segovia, sino que se limita a exponer los escenarios posibles según haya acuerdo o no con Hacienda.
Respecto a los testigos citados, reseñó que la responsable del comité de riesgos de Bankia que supervisó el procedimiento de la garantía hipotecaria del torreón declaró que su labor era “puramente de gestión”, de ver cuál es el préstamo que se solicitaba y las garantías necesarias, pero que desconocía la inclusión del torreón. Un crédito que “negó rotundamente” que se ofreciera con “condiciones ventajosas”, sino “de mercado, absolutamente normal”, en contra de lo que declararon los consejeros y cargos de Caja Segovia que apuntan a Bankia como la entidad que les “impuso de alguna manera” la asunción de la deuda.
En cuanto al representante de Garrigues, según Alexandre, aseguró que esta consultora “asesoró en materia fiscal” a Navicoas a petición de Bankia. De ahí también las cuestiones “contradictorias” que apuntó el letrado de UPyD, que calificó de sorprendente que el miembro de la consultora declarase que Bankia “no les dio instrucciones”, cuando fue esta entidad la que solicitó su intervención y pagó sus servicios, a pesar de que fue contratada formalmente por Caja Segovia/Ical
Foto: El abogado Jorge Alexandre atiende a los medios a la salida del Juzgado de Segovia/Ical
