Visto para sentencia el juicio celebrado durante el lunes 27 de enero contra 50 personas por fraude a la Seguridad Social y falsedad en documento oficial. La Fiscalía de Segovia rebajó finamente su petición de cárcel para el principal acusado a dos años y cinco meses la petición de cárcel frente a los tres años y medio, por firmar falsos contratos y altas irregulares en la Seguridad Social a trabajadores extranjeros. El juicio, que duró cerca de seis horas, tuvo que celebrarse en el salón de actos de la sede provincial del INSS por falta de espacio en el Juzgado de lo Penal.
El administrador único de la empresa ‘Doblejota H’, Héctor Muñoz Pascual, se enfrenta a una sentencia condenatoria por un delito continuado de falsedad en documento oficial de 11 meses de cárcel y una petición de multa de seis euros a día durante medio año. Así como, 18 meses de cárcel por un delito continuado de defraudación a la Seguridad Social, más una multa de 170.847 euros y la inhabilitación para el cobro de ayudas y subvenciones públicas, de incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante 30 meses.
En la elevación a definitivas de los cargos, el fiscal también propuso que, si los hechos no encajan en anterior tipo, se le acuse por parte del Juzgado de lo Penal de Segovia, de un delito continuado de estafa del tipo básico, con la misma petición de cárcel pero tendría que devolver, en materia de responsabilidad civil, las cantidades percibidas en las prestaciones por desempleo derivadas de los contratos fraudulentos.
En tercer lugar, el representante del Ministerio Público aseguró que si no encajan en los delitos anteriores, se aplique el artículo 307 del Código Penal, que subiría la multa por fraude a la Seguridad hasta el medio millón de euros, por las cuatas impagadas, así como las costas del proceso judicial.
Para la Fiscalía de Segovia, tras escuchar el testimonio del acusado principal y de 26 trabajadores también en acusados, quedó probado que Héctor Muñoz fue “el cooperador necesario” y “el autor material de las falsedades con el resto de los acusados», firmando contratos laborales fraudulentos.
El administrador único de ‘DobleJota H’ reconoció que, entre 2009 y 2012, no tenía ningún tipo de actividad relacionada con la construcción pero que daba de alta a los trabajadores para regularizar su situación de residencia, “para los papeles” o para que cobraran el paro y otras prestaciones. “La verdad es que yo no los busqué me vinieron siempre a buscar”, remarcó a las preguntas del fiscal.
Su empresa de construcción no tenía actividad real alguna, no había ni proyectos ni facturas de los supuestos clientes al tratarse de obras inexistentes. Héctor Muñoz Pascual reconoció que hizo 77 contratos “ficticios” a trabajadores extranjeros, que “no trabajaron salvo en algún caso esporádico o en la limpieza pero nada en construcción” y que lo hizo porque le venía a pedir “el favor”.
A preguntas de los abogados defensores, Muñoz Pascual explicó que años antes sí tuvo mucho trabajo en la construcción y que varios de los acusados trabajaban habitualmente para él. “En aquella época sí que pagaba con contratos y nóminas reales”, pero que después, los trabajadores ya sabían que “no era real”. En sus declaraciones, algunos trabajadores reconocieron que Muñoz Pascual era una persona muy conocida y que «hacía favores para ayudar a la gente».
Un montaje
Para el fiscal, la empresa de Muñoz Pascual era “un montaje” en el que se firmaban contratos fraudulentos con el objetivo de que los trabajadores pudieran reclamar a la Seguridad Social prestaciones y subsidios por desempleo o acabar regularizando su situación personal de residencia en España.
El investigador de la Guardia Civil encargado de estas diligencias sostuvo que el gestor les pedía a los trabajadores, en su mayor parte marroquíes pero también ciudadanos latinoamericanos, cantidades entre los 200 y los 500 euros por regularizar su situación. Además, según el responsable de la investigación, les hacía firma las nóminas y los finiquitos falsos para que luego no le pueden reclamar nada a él.
Para los 29 trabajadores que sí reconocieron su participación en este fraude, 26 presentes en el juicio y que tres que no acudieron por problemas de salud o estar fuera de país, aceptarán por un delito de falsedad en documento oficial una pena de tres meses y un día de prisión, un multa de tres euros al día durante tres meses. Un acuerdo al que ya se había llegado antes de la vista.
Durante la celebración del juicio, siete de los trabajadores extranjeros acusados no reconocieron los hechos, al explicar que no tenía conocimiento de la ilegalidad del contrato que firmaron o sentirse engañados por el administrador de la empresa, y se enfrentan a una petición de cinco meses y 21 días de cárcel, así como una multa por el mismo periodo a razón de 12 euros al día.
El jefe de la Inspección Provincial de Trabajo, Javier Puente de Pinedo, que prestó declaración como testigo, remarcó que se llegaron a tramitar un centenar de bajas laborales de oficio, tras ver toda la documentación y confirmar que los contratos y las altas en la Seguridad Social era fraudulentas, además de no existir el pago de las nóminas ni las retenciones a la Agencia Tributaria.
La situación de la empresa ‘Doblejota H’ en 2009, cuando se inició esta actividad laboral ficticia, ya estaba en “causa de disolución” y “no presentaba cuentas en el Registro Mercantil”, según expuso Puente de Pinedo.
El primer juicio que acoge el salón de actos de la sede provincial del INSS y la Tesorería de la Seguridad Social de Segovia quedó vista para sentencia pasadas las 15.30 horas, después de casi seis horas desde su inicio.
