La Comisión de Transparencia de Castilla y León recibió 325 reclamaciones en 2019

La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, recibió el pasado año un total de 325 reclamaciones, lo que supone once más que en 2018, según señalaron desde la institución. La cifra refleja un incremento en más de un 200 por ciento desde 2016, cuando la Comisión comenzó su labor de defensa del derecho de acceso a la información pública.

De estas reclamaciones, 220 se refirieron a denegaciones de información pedida a entidades locales (de las cuales 168 correspondieron a ayuntamientos); 76 se presentaron frente a la Administración autonómica y 14 en relación con alguna de las cuatro universidades públicas de la Comunidad. En 134 ocasiones los ciudadanos utilizaron medios electrónicos para la presentación de su reclamación.

A pesar de que sigue mermando el porcentaje de reclamaciones interpuestas ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información (se ha pasado del 70 por ciento en 2018 al 63 por ciento, aproximadamente, en 2019) todavía son 207 las planteadas frente a desestimaciones presuntas.

En los supuestos de reclamación frente una resolución expresa, los motivos que con mayor frecuencia han sido utilizados para denegar la información fueron la protección de datos personales, la necesidad previa de re-elaboración de la información solicitada y el carácter repetitivo o abusivo de la petición.

El tipo de información solicitada por los ciudadanos que motivó sus reclamaciones fue muy diverso, pero tres materias dieron lugar a un número relevante de impugnaciones: las relativas al empleo público, a las actuaciones urbanísticas y a la actividad económica, presupuestaria y de contratación de las entidades locales.

216 resoluciones

En 2019, la Comisión de transparencia adoptó 216 resoluciones, de las cuales en 114 casos se estimó la petición del ciudadano de acceder a determinada información; 20 más que en 2018. En 69 ocasiones las resoluciones se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público y 30 se formularon a alguna de las Consejerías ( nueve más que el año anterior). Estas resoluciones deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los tribunales.

De hecho, en 2019 se presentaron seis recursos judiciales frente a una resolución de la Comisión y se adoptaron dos sentencias confirmatorias de la decisión adoptada en cada caso por la Comisión (una de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León y otra del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León).

Por otra parte, la institución destaca que en 2019 hasta en 60 ocasiones (ocho más que en 2018), una vez que intervino la Comisión ante la reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad correspondiente reconoció el derecho del ciudadano a acceder a ésta.