El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cacyl), Julio Sanz Orejudo, asegura que la desescalada y celebración de juicios telemáticos ha demostrado que, “en estos momentos, la Justicia no está preparada para adaptarse a las nuevas tecnologías” sin poner en riesgo los derechos de los ciudadanos en el proceso judicial. Además, el que fuera decano del Colegio de Abogados de Segovia durante diez años califica de “medida cosmética” ante la opinión pública la habilitación del mes de agosto.
Los abogados no han sido ajenos a la crisis generada por el COVID-19. ¿Algún bufete se ha visto obligado a cerrar?
La abogacía ha sufrido la pandemia de la misma forma que el resto de la ciudadanía y se ha comportado con responsabilidad y preocupación. Como servicio esencial, los abogados hemos estado en primera línea de batalla acompañando a los detenidos y participando en las intervenciones judiciales y, aunque en los primeros momentos lo hicimos con carencias y sin los equipos de seguridad necesarios, tengo de que decir que gracias a la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Delegación del Gobierno y de los jueces, muchos de los trámites se pudieron hacer de forma telemática. La preocupación ha sido lógica. La paralización total de la actividad judicial ha provocado que los despachos de abogados se resientan y que en más de un caso se han visto obligados a recurrir a los ERTE.
¿Han contado con ayudas similares a las de otros sectores para hacer frente a estos duros momentos?
Las hemos tenido que reivindicar, dado que en un primer momento los abogados quedamos al margen de cualquier tipo de las subvenciones que se establecieron para pymes y autónomos. Desde el Consejo de la Abogacía de Castilla y León se trasladó una petición a la Junta que, no sin una batalla reivindicativa, logramos que fuera aceptada. Al final hemos logrado las mismas ayudas que empresas y autónomos y podemos acceder a los préstamos del ICO. Después, han sido los propios colegios de abogados a través de su fondos sociales en los casos de necesidad o reduciendo cuotas, los que han establecido ayudas directas para mitigar, de alguna manera, la falta de ingresos.
¿Considera que el proceso de desescalada en la administración de Justicia está siendo el adecuado?
Ha sido un proceso muy extraño. Después de la parálisis total, llegaron de forma gradual diversas disposiciones para desescalada. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y los jueces decanos de cada provincia establecieron una serie de recomendaciones en cada una de las audiencias provinciales, que han tenido una eficacia relativa. Aspectos como los juicios telemáticos o la potenciación de los trámites online han dependido mucho de los medios disponibles de cada audiencia y de cada juzgado, y qué decir tiene que los órganos de los partidos judiciales, con los medios limitados, han tenido muchas dificultades. Ha existido mucho voluntarismo y mucha celeridad en la utilización de las nuevas tecnologías, pero la falta de medios ha provocado muchas carencias que rompen la unidad del acto judicial. En estos momentos la justicia no está preparada para adaptarse a las nuevas tecnologías por la evidente falta de medios humanos y materiales. En esta adaptación queda mucho trabajo por hacer y se deben dar pasos a partir de normas estructurales y serias que se puedan aplicar. Hay un descontento grande en la abogacía por el actual sistema de funcionamiento y la mayoría de los profesionales están deseando volver a los juicios presenciales.
¿Qué queda?
Todos nos debemos adaptar a las nuevas tecnologías, habrá actuaciones procesales que se podrán hacer de forma telemática, pero en estos momentos la Justicia de Castilla y León no está preparada para abordar la desescalada desde las nuevas tecnologías. En este sentido, yo quiero lanzar una alerta. Se quiere ir tan rápido que en muchas ocasiones se ponen riesgo los derechos de los ciudadanos en el proceso judicial. No podemos ir muy deprisa y pervertir el procedimiento, el derecho y el juicio. Hay que ser cautelosos y buscar el equilibrio entre el uso de las nuevas tecnologías y los principios esenciales del derecho en cuanto al proceso judicial. No todo lo va a resolver la tecnología. Ni la inteligencia artificial ni la robótica podrán dictar sentencias. La cercanía del abogado con el ciudadano y del ciudadano con la justicia es necesaria.
¿La habilitación del mes de agosto en los juzgados servirá para descongestionar el atasco que ha generado el parón de la pandemia?
Se trata de una medida cosmética frente a la opinión pública después de la paralización de la justicia durante tanto tiempo. Es un mero lavado de cara que no resuelve el problema de la justicia. El desastre y la acumulación de casos ya se advirtió desde la abogacía, y en otoño se conocerá la magnitud del problema. Nosotros propusimos que en agosto se concentraran las vacaciones de todos los profesionales que intervienen en la justicia y que se interviniera solo en las cuestiones de urgencias, para que se pudiera trabajar a pleno rendimiento el resto de los meses. Se trata de una decisión del Ministerio de Justicia con la que está descontento todo el mundo. De hecho, creo que se han dado cuenta de que se trata de una decisión errónea y la recomendación del Consejo General del Poder Judicial es que no halla señalamientos, algo que nos consta que está siendo así.
¿Espera un repunte de la litigiosidad como consecuencia de los efectos de la crisis?
Por su puesto. El hecho de que miles de personas estén en ERTE, que en su momento tendrán que concluir o convertirse en otro tipo de ERTE de carácter ordinario provocará un aumento considerable de la litigiosidad en la justicia laboral. Además, la previsión de que muchas empresas caigan también provocará un incremento de los concursos. Este incremento de casos, unido a la congestión acumulada por la parálisis de los últimos meses, provocará que a medio y largo plazo la respuesta de la justicia tendrá una situación bastante penosa.
Hoy se celebra el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, el único instrumento que tiene mucha personas para hacer efectivo su derecho a la defensa. Una de sus reivindicaciones históricas es dignificar este servicio. ¿Se está consiguiendo?
La pelea de la abogacía por la dignificación del turno de oficio es histórica. Llevamos muchos años ejerciendo una gran labor que contribuye a pacificar la sociedad y a cumplir el artículo 24 de la Constitución que establece la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Por eso, dedicamos el Día de la Justicia Gratuita para hacer un homenaje a los abogados de Castilla y León del Turno de Oficio por su comportamiento responsable. Creo que las instituciones deben reconocer la labor social que realizan estos abogados en beneficio de la sociedad y que en parte si realiza la ciudadana, ya que según el último Barómetro sobre Justicia Gratuita, el 82 por ciento de los españoles valora positivamente este servicio. Además, esta abogacía social en Castilla y León suma a 2.212 abogados de oficio, un 44 por ciento de los 4.953 ejercientes, lo que sitúa a la Comunidad muy por encima de la media nacional, donde el 32 por ciento de letrados españoles presta servicio de Asistencia Jurídica Gratuita
El Consejo General de la Abogacía también lleva tiempo defendiendo un Pacto por la Justicia. ¿Sería ahora el momento, aprovechando el proceso de reconstrucción?
Siempre es buen momento y nunca es tarde. Si ahora hay realmente una voluntad de conjunción de las instituciones para poner en común su mejor disposición, debería afrontarse un pacto que nosotros consideramos prioritario. En el Ministerio, desde hace tiempo conocen nuestra propuestas. Por otro lado, a medio plazo hay que abordar la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, cuyo borrador ya está elaborado, como un instrumento para reforzar el derecho a la asistencia de jurídica gratuita, modificar el importe del Iprem para evitar la exclusión de determinadas familias y revisar los módulos y bases de compensación que retribuyen el trabajo del abogado de oficio, que está recibiendo una media de 143 euros por cada asunto. El Pacto por la Justicia es una prioridad para la abogacía y así se lo hemos transmitido a todos los responsables que han ido pasado por el Ministerio de Justicia y esperemos que más pronto que tarde se convierta en una realidad.
¿Cómo calificaría la situación de la Justicia en Castilla y León en comparación a otras comunidades? ¿La asunción de competencias por parte de la Junta es un asunto olvidado?
La justicia solo importa cuando uno la sufre. A la política siempre le interesó poco la justicia y de las transferencias de competencias nunca más se supo. Nadie quiere hablar de ello y creo que sería una buena pregunta para los responsables políticos. Por otra parte, en Castilla y León siempre hemos presumido de tener una buena administración de justicia, pero la situación es manifiestamente mejorable. Hacen faltan más órganos judiciales, más jueces, más fiscales… y más medios técnicos
