CSIF se concentra ante la llegada de los directores de los Centros Penitenciarios de toda España para celebrar su reunión anual, donde analizarán la peligrosa situación de los centros.
CSIF pide el apoyo de los directores para defender la situación de las prisiones y exige una reforma integral de la Ley Penitenciaria para reforzar la autoridad de los trabajadores.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias, se concentra a las puertas del hotel segoviano donde van a mantener los directores de los 84 Centros Penitenciarios y de Inserción Social la reunión anual, en la que analizarán la difícil situación por la que atraviesan los Centros Penitenciarios.
CSIF ha pedido el apoyo de los directores para defender la preocupante situación por la que atraviesan las prisiones y reclama una reforma integral de la Ley Orgánica General Penitenciaria para reforzar la autoridad y la seguridad de los trabajadores de prisiones y endurecer las sanciones a los presos que delinquen y actúan de manera violenta en las cárceles españolas.
El Pasado sábado, se han cumplido 40 años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta Ley 1/1979, que necesita una adaptación urgente a la nueva realidad de las prisiones en nuestro país.
CSIF ha dirigido un escrito a todas las fuerzas políticas, así como a los parlamentos autonómicos (estos últimos, para que impulsen mociones en favor de la reforma de esta norma), en el que reclama consenso y responsabilidad para promover un acuerdo en esta materia.
CSIF pide que se modifiquen:
a) Las infracciones disciplinarias, como de las sanciones a imponer a los internos (artículos 108, 109, 110 y 111 y del primer párrafo del artículo 124 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, en la redacción dada por el Real Decreto 787/1984, de 26 de marzo), incluyendo una nueva catalogación de las infracciones y el endurecimiento de algunas sanciones disciplinarias como consecuencia de actos violentos ejercidos contra los profesionales penitenciarios.
b) Las medidas destinadas a incrementar la protección de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias frente a eventuales agresiones por parte de internos, revisándose e incluyendo en el catálogo de medios coercitivos (regulados en los art. 45.1 LOGP y 72.1 RP) otros instrumentos fruto de los avances tecnológicos. Los trabajadores penitenciarios desarrollan su función con un colectivo en el que predominan los comportamientos agresivos y antisociales, trastornos mentales y conductas adictivas.
c) Reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
Con la ALARMANTE situación en que se encuentran los Centros de toda España, con más de 3000 vacantes, 45 en el Centro Penitenciario de Segovia, es muy difícil conseguir las funciones que nos otorgan tanto la Constitución Española, en su art. 25.2, como la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria en su artículo 1 y el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, desarrollado en su artículo 2, fijan, como objetivo primordial de la actividad de las Instituciones Penitenciarias, la Reeducación y Reinserción de los sentenciados, así como la Retención y Custodia de estos además de los detenidos y presos.
En la actualidad nos encontramos en el Centro Penitenciario de Segovia con un número insuficiente de personal de vigilancia, faltan educadores, psicólogos, asistentes sociales y sin ningún jurista en estos momentos. También falta personal de oficinas, de área mixta y personal laboral. Solo con la profesionalidad y el sobreesfuerzo de los empleados públicos penitenciarios se consigue que se note lo menos posible estas carencias.
En cuanto a la sanidad penitenciaria es absolutamente insuficiente, las plantillas han descendido un 40% en los últimos tres años. La sanidad penitenciaria está a punto de colapsar, no se cubren las plazas que se ofertan, pasando de 411 médicos que había hace tres años a 212 actuales por las grandes diferencias retributivas.
Se ha llegado a esta situación por el incumplimiento de la Ley de Calidad y Cohesión de 2003, en el que se contemplaba la integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas autonómicos de salud.
