La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, descartó hoy la adquisición de mascarillas quirúrgicas, cuyo uso va a ser obligatorio en espacios cerrados y al aire libre si no se puede respetar la distancia, porque su precio, por debajo de un euro, ya está regulado por el Gobierno Central y ya no existen problemas de abastecimiento en las farmacias. Luquero recordó que el consistorio ha repartido unas 30.000 mascarillas centrándose en los usuarios del transporte público y las personas mayores.
Clara Luquero explicó que “en principio” no tienen pensado adquirir y repartir más mascarillas, resaltando que siempre está la posibilidad de acudir a la empresa segoviana que las va a empezar a producir a finales de mayo. La alcaldesa de Segovia incidió en que ofrecer “tres, cuatro o cinco” unidades de estas mascarillas, que tiene un uso para unas cuantas horas, es “sólo un gesto” que no soluciona el problema, ya que la utilización de este elemento de protección se va a prolongar en el tiempo.
“Sería un gesto que resolvería cuatro días pero no todo el tiempo”, argumentó Luquero, cuando las mascarillas quirúrqicas tiene su precio fijado por la Administración General del Estado, a menos de un euro, además de estar a disposición de la ciudadanía porque no hay problemas de abastecimiento.
La alcaldesa de Segovia aseguró que este tema se abordó de forma reiterada en el Comité de Seguimiento de la crisis del COVID-19. En los peores momentos de la crisis, estudiaron la compra de mascarillas pero no se hizo porque, en las partidas que se ofrecían, la certificación no estaba garantizada. “El Ayuntamiento de Segovia nunca va repartir a sus vecinos mascarillas no certificadas”, apostilló Luquero, en un mercado en el que se dieron “timos y situaciones muy complicadas”.
Clara Luquero también explicó que los proveedores de este material sanitario exigían el pago del adelantado y el consistorio se negó a poner en riesgo “el dinero de todos los segovianos”, recordando que una administración pública sólo pueda pagar cuando tiene el suministro en su poder. Por todas estas razones, el Ayuntamiento optó por repartir sólo el material proporcionado por el Gobierno, que fueron 30.000 unidades, en los repartos entre los viajeros del transporte público, al ser obligatorio, y entre las personas mayores.
