La Fiscalía Superior de Castilla y León ha abierto diligencias de investigación sobre el protocolo interno de las gerencias de Salud y Servicios Sociales de la Junta para la atención sanitaria a usuarios de residencias de mayores durante la crisis del COVID-19.
Las diligencias se han abierto tras dos denuncias presentadas por la asociación Defensor del Paciente, según confirmaron a la Ical fuentes de la Fiscalía Superior, que también apuntaron que la investigación se encuentra en fase incipiente y que el primer paso ha sido solicitar a la Junta el protocolo en el que, según el Defensor del Paciente, se indicaba que los pacientes de las residencias se les atendería sin necesidad de movilizarlos ni trasladarlos a los hospitales.
Las mismas fuentes también indicaron que se trata de una actuación ordinaria después de la recepción de los dos escritos de denuncia, si bien estos son muy “genéricas” y están fundamentados en varios enlaces a noticias aparecidas en medios de comunicación.
El pasado día 21 de mayo, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se refirió a este asunto y aseguró que “de ninguna manera” la Junta había dejado abandonados a los ancianos enfermos en las residencias. Según confirmó, hasta ese momento habían sido 3.200 los ancianos procedentes de residencias ingresados en hospitales de la Comunidad. “Se ha hecho lo que se tenía que hacer y como se tenía que hacer, y volvería a hacer lo mismo una y mil veces”, señaló aludiendo a la creación de los COVID-residencias, con profesionales sanitarios que atendían a quienes por la evolución de su enfermedad no precisaban el traslado al hospital, facilitándoles los debidos antibióticos, medicamentos o balas de oxígeno.
La titular de Sanidad defendió el documento en su integridad (lo publicado fue una parte) y dijo que “una lectura extensa de todo su contenido deja muy claro qué es lo que se quiere hacer”. En ese sentido, el propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, también tachó de “inaceptables” las insinuaciones de abandono de los mayores. “En la información es importante el conocimiento de la totalidad de la situación, que evitaría que alguien se pudiera hacer una idea muy equivocada de cual ha sido nuestra actitud con los mayores”, defendió.
Los sanitarios españoles que han luchado en primera línea contra la pandemia del Covid-19 han sido galardonados este miércoles con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. Se reconoce así el trabajo de profesionales de la medicina, la enfermería, los auxiliares y el resto del personal sanitario que han atendido directamente a los pacientes contagiados y han realizado su labor en los principales focos de lucha contra la enfermedad del coronavirus desde que empezó esta emergencia sanitaria y que se ha cobrado la vida de más de 27.000 personas.
«Expuestos a una alta y agresiva carga viral, su entrega incondicional, haciendo frente a largas jornadas de trabajo sin contar, en ocasiones, con el equipamiento y los medios materiales adecuados, según quejas de organizaciones profesionales y sindicales del sector, representa un ejercicio de vocación de servicio y de ejemplaridad ciudadana», sostiene la nota de la Fundación Princesa de Asturias.
«Con un espíritu de sacrificio personal sobresaliente en favor de la salud pública y del bienestar del conjunto de la sociedad, se han convertido ya en un símbolo de la lucha contra la mayor pandemia global que ha asolado a la humanidad en el último siglo», remarca.
Esta candidatura ha sido propuesta por Ginés Morata, Pedro Miguel Echenique Landiríbar y Sir Salvador Moncada, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2007, 1998 y 1990, respectivamente.
El Sindicato de Enfermería, SATSE, agradeció al jurado de los Premios Princesa de Asturias que haya decidido otorgar este año uno de sus reconocimientos a los profesionales sanitarios de nuestro país por su encomiable labor y dedicación para combatir la pandemia del Covid-19, haciéndose así eco de la petición realizada el pasado mes de abril por la organización sindical.
El presidente de SATSE, Manuel Cascos, se dirigió el pasado 8 de abril por carta a la Fundación Princesa de Asturias para pedirle que se reconociese y pusiese en valor la labor de las enfermeras y enfermeros, junto al conjunto de profesionales sanitarios, para atender y cuidar de la mejor manera posible a las personas afectadas por la Covid-19.
Así lo ha hecho finalmente el jurado de los premios que hoy ha dado a conocer que el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 será para los profesionales sanitarios de nuestro país, porque han demostrado, desde que empezó esta emergencia sanitaria, «un encomiable nivel de profesionalidad y compromiso».
Un total de 746.411,12 hectáreas de montes de Castilla y León, que representan el 25 por ciento de la superficie forestal arbolada de la Comunidad, dispondrán hasta el año que viene del sello PEFC, que acredita que este producto procede de bosques cuya gestión es repetuosa con los valores de conservación y mejora, de forma que se asegura su persistencia para las generaciones venideras. Según la última certificación, Castilla y León es la comunidad que más superficie aporta a la certificación forestal por este sistema a escala nacional, con un 32,5 por ciento del total certificado en España, que es de 2,3 millones de hectáreas.
Según informó la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a través de un comunicado, en torno al 93 por ciento de la superficie certificada es aportada por los montes gestionados directamente por la Junta, y el resto, es decir, el 7 por ciento de la superficie certificada, es aportada por otros propietarios, tanto de titularidad pública como privada. Del conjunto de montes gestionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, más del 50 por ciento de la superficie arbolada se encuentra certificada.
La semana pasada se llevó a cabo la auditoría anual de esta certificación, centrada en esta ocasión en las provincias de León y Zamora. El resultado ha sido favorable, lo que permite sacar al mercado productos con el sello PEFC, que garantiza a los consumidores la procedencia de bosques gestionados con criterios de sostenibilidad. El examen se ha desarrollado este año con medios telemáticos como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la COVID-19.
El sello PEFC evaluó la gestión forestal que se lleva a cabo en cuatro unidades de gestión forestal, dos en cada provincia. Además de otros montes de menor relevancia, en Zamora se analizó un grupo ordenado de montes con gran extensión superficial (4.501,91 hectáreas), y en León, un monte emblemático también de gran dimensión, el Valdesamario, con 4.955,31 hectáreas.
La certificación de la gestión forestal es un proceso que se inició en España a principios de este siglo, haciendo una primera tentativa Castilla y León de adherirse a este sistema en el año 2004, para posteriormente, a partir de 2007, seguir en un proceso de evaluación continua que se mantiene hasta la fecha. La certificación de la gestión forestal sostenible es un proceso voluntario que requiere, para adherirse a él, que el monte esté sometido a un instrumento de planificación forestal aprobado por la administración competente y que se cumpla con los requisitos exigidos por el estándar de certificación en la gestión del monte.
En Castilla y León, una parte de la superficie forestal ordenada, tanto pública como privada, y que, por tanto, cuenta con instrumento de planificación forestal, se ha acogido al sistema de certificación de Gestión Forestal Sostenible por el sistema PEFC, que garantiza que la gestión de esas superficies forestales se realiza con criterios de sostenibilidad, dando garantía a los consumidores finales que están usando productos que no proceden de bosques explotados más allá de sus límites biológicos.
Cerca 450 trabajadores en las 22 tiendas con que cuenta la cadena de supermercados Lidl en Castilla y León están convocadas a secundar una huelga mañana por el “desencuentro existente entre la parte sindical y patronal con motivo de los efectos que la crisis provoca en el trabajo cotidiano” de estas personas.
CCOO informó de que en principio solo habrá paró durante esa jornada, y también está previsto llevar a cabo concentraciones de una hora frente a todos los centros de trabajo de la Comunidad entre las 9.30 y las 10.30 horas.
La organización explicó, en un comunicado de prensa, que el pasado viernes día 29 de mayo, empresa y sindicatos mayoritarios se reunieron en el SIMA para iniciar un procedimiento de mediación, pero el acuerdo “no fue posible”. Así, CCOO y UGT mantienen la convocatoria de huelga para mañana. “Para CCOO la actitud de Lidl es grave porque sienta las bases para unas relaciones laborales basadas en la desconfianza y en el conflicto. La empresa ha roto el diálogo con la representación legal de la plantilla, negándose a abordar hasta las cuestiones más básicas”, señaló Chema Domingo, responsable de CCOO en Lidl Valladolid.
Ambas organizaciones sindicales denunciaron que se encontraron el pasado viernes en la Fundación SIMA con una empresa “cerrada al debate”. “La dirección de Lidl se presentó el viernes para cumplir un mero trámite, negando sistemáticamente los hechos y sin ninguna voluntad de llegar a acuerdos”, afirmaron.
CCOO y UGT criticaron que no existen protocolos de prevención para iniciar la actividad de forma segura en secciones recién abiertas al público como la del textil. Asimismo, afirmaron que la empresa ha incumplido el acuerdo firmado al principio del estado de alarma, en el que se comprometían a pagar las horas extra al 150 por ciento, reconociendo así el sobresfuerzo que está realizando la plantilla durante la pandemia.
Las centrales consideran también un desplante a las fuerzas mayoritarias, que la empresa sí haya firmado un acuerdo con el sindicato nacionalista ELA. “Un acuerdo que recoge propuestas sistemáticamente ignoradas por la empresa y que solo es de aplicación en el País Vasco”, agregaron.
“Lidl ya ha dejado claro su punto de vista, ahora es el turno de los trabajadores y las trabajadoras que el próximo 4 de junio ejercerán su derecho a réplica en forma de huelga”, resumieron desde CCOO.
Lidl es una cadena de supermercados de descuentos de origen alemán. Opera en más de 10.000 establecimientos en 27 países y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa. Las 22 tiendas con que cuentan en estos momentos en Castilla y león se reparten de la siguiente manera entre Ávila (1), Burgos (5), León (5), Palencia (1), Salamanca (1), Segovia (2), Soria (1), Valladolid (ahora 4 y otros dos más en breve) y Zamora (2).
El Comité de Empresa de FCC Medio ambiente S.A rechaza los hechos ocurridos el pasado 21 de mayo en el barrio incorporado de Madrona. Sobre las 22.30 horas, varios individuos lanzaron piedras al vehículo de recogida de basuras, en dos zonas distintas del barrio. En una de ellas la piedra entró por la ventanilla del conductor y atravesó el habitáculo, rompiendo la ventana del copiloto. Las consecuencias pudieron ser trágicas de haber impactado los proyectiles en el trabajador, pudiendo este haber perdido el control del vehículo y haberse provocado un vuelco, chocando con algún inmueble o incluso atropellando a algún viandante. Estos hechos no son nuevos, ya que se han venido repitiendo en los últimos años.
Como representantes de los trabajadores, solicitamos la colaboración ciudadana, política y policial para la identificación y castigo de estos delincuentes, no desechando otras medidas para preservar la seguridad de los trabajadores.
Estas actitudes no son propias de una sociedad avanzada y van en contra de todos. Si no se cortan de raíz, acabarán por causar una tragedia.
La Diputación de Segovia ha hecho público un emotivo pero duro homenaje de la situación que han vivido sus centros asistenciales durante la crisis de la COVID19, seis minutos que no esconden la ansiedad, preocupación e incluso las lágrimas de sus empleados, cómo afrontan el futuro, y cómo han vivido estos meses. El presidente de la Institución ha agradecido así a residentes, trabajadores y ha recordado a las persona fallecidas en los centros porque, lamentó, no hay que olvidar «que hablamos de personas». Miguel Ángel de Vicente ha reconocido la necesidad de actuar con agilidad ante posibles rebrotes y ha anunciado partidas extraordinarias en sus centros para proteger la ‘casa’ de nuestros residnetes.
Las nuevas líneas, incluidas en el Plan ReFuerza inyectarán más de 1,9 millones de euros para Servicios Sociales, que sumado a la partida presupuestaria de 2020 alcanza una cifra cercana a los 28,6 millones de euros, para reforzar las plantillas, adecuar los centros para convivir con el coronavirus, seguir con la prestación de servicios a todos los vecinos de la provincia, reforzando los programas de atención comunitaria, así como un Plan de Contingencia dotado con 320.000 euros.
De Vicente explicó que la cantidad de 1.926.087 euros suman las aportaciones del Gobierno Central y la Gerencia Regional de Servicios Sociales, con 649.823 euros, y los fondos propios de la institución provincial, que se incrementan en 1.276.000 euros. Una cantidad que no se ha detraído de ninguna otra área de la Diputación sino acudiendo al 20 por ciento del superávit presupuestario, siguiendo el Real Decreto de 31 de marzo, de utilizar el saldo positivo presupuestario para la política de gasto de Servicios Sociales y Promoción Social.
El Plan ReFuerza es el cuarto pilar del programa ‘Segovia, provincia ReActiva’ para reforzar todas las actividades en materia de Servicios Sociales en los centros residenciales de la Diputación y en el ámbito de la provincia, en las actuaciones en el territorio. De Vicente recordó que este refuerzo llega a un área al que ya se destina casi el 50 por ciento del presupuesto provincial.
Zonas rojas, zonas verdes
De Vicente señaló que hay que aprender las lecciones que ha dejado la contingencia sanitaria con el acondicionamiento arquitectónico y medioambiental de los centros para poder “actuar de una manera rápida en los espacios para las nuevas necesidades, para lo que se anuncia en otoño”, remarcando que hay “convivir con el coronavirus”, creando espacios “más visibles y más amables”, que no pierdan el ambiente de hogar ante futuras situaciones de aislamiento de los residentes y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de luminosidad y de acceso desde el exterior.
La Diputación creará zonas rojas para acoger y atender los casos positivos por COVID-19 que tengan siempre una acceso exterior, para no contaminar las zonas verdes y permitir el libre movimiento interno del resto del centro, por las zonas verdes. A estas actuaciones se destinará un total de 665.000 euros.
En el Centro de Servicios Sociales ‘LA Fuencisla” se invertirá en total 290.000 para acondicionar ese espacio en un lateral exterior para atender los casos de coronavirus, así como la dotación de una segunda unidad de convivencia. A la residencia de mayores ‘La Alameda’, en Nava de la Asunción, se le dotará de 90.000 euros para crear una unidad de convivencia nueva y un nuevo acceso exterior para facilitar esa atención a los posibles casos de coronavirus.
Por su parte, en el CAMP ‘El Sotillo’, dedicado a la atención de personas con discapacidad física e intelectual, se invertirá 85.000 euros para crear la primera unidad de convivencia de toda la provincia para precisamente para personas con discapacidad intelectual. “Se acometerá con carácter urgente y celeridad para disponer de ella lo antes posible”, subrayó de Vicente.
En cuanto, al residencia de menores ‘Juan Pablo II’, la Diputación también destinará 85.000 euros para terminar de las unidades convivenciales en todos los grupos de edad y modernizar todos los espacios comunes.
Refuerzo de las plantillas
De Vicente tambien confirmó que seguirán “cuidando al que cuida”, manteniendo la seguridad de os profesionales de atención directa y el personal de apoyo a lo residentes, con la ampliación de las plantillas, para que puedan tener el descanso y las vacaciones que necesitan y seguir garantizando las necesidades básicas de los usuarios.
El presidente de la Diputación aseguró que se asumirá con más de 370.275 euros, de los fondos de de la Gerencia de Servicios Sociales y fondos propios. “Es de justicia que la gente que dijo sí”, en los peores momentos de la pandemia”, “ahora estemos a su lado y estén con nosotros ejerciendo su labor profesional durante el verano y el otoño”, sentenció de Vicente, asumiendo del compromiso de que estos trabajadores sigan en la institución provincial para hacer las sustituciones de verano y durante los meses siguientes. “Facilitar su permanencia a estas personas que han estado atendiendo enfundadas literalmente en plástico en las unidades del COVID-19”, subrayó
Otras medidas
Miguel Angel de Vicente también hablo del incremento de las prestaciones sociales en el territorio, con medidas como las tarjetas monedero para los becados de los comedores escolares; ayudas de emergencia social, con todos los programas de en domicilio, envejecimiento activo, teleasistencia, con los 378.000 euro procedentes del Gobierno y la Junta para las entidades locales.
Los Programas de Proximidad Comunitaria se reforzarán con 100.000 euros para atender a los mayores y dependientes de los pueblos, con una mayor interacción social y familiar, para reforzar la confianza de los vecinos en el personal de Servicios Sociales con nuevos programas basados en la cercanía, como ‘Tu vecino, tu vecina de la puerta de al lado’ o ‘Te acompaño’, para aprovechar también las herramientas de comunicación digitales y detectar las nuevas necesidades.
La Diputación incrementa en un 18 por ciento, con 44.000 euros, el apoyo a los ayuntamientos que acoge los Centros Sociales Agrupados; así como 100.000 euros para la protección, prevención y seguridad de todos los trabajadores que atienden directamente a los usuarios de Servicios Sociales; una línea nueva de 44.000 euros para las Agrupaciones de Protección Civil y 155.000 euros para el Tercer Sector.
Fondo de Contingencia
Por último, De Vicente recordó el Fondo Provincial de Contingencia, dotado con 320.000 euros, para financiar las necesidades de los centros sociales, el teletrabajo y los suministros de medio telemáticos para la administración electrónica, siendo la provincia en la que sus ayuntamientos están “más avanzados” en los trámites a través de sedes electrónicas y la administración electrónica que permite estar en contacto con los vecinos.
El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, anunció hoy que las nuevas líneas incluidas en el Plan ReFuerza inyectarán más de 1,9 millones de euros para Servicios Sociales, que sumado a la partida presupuestaria de 2020 alcanza una cifra cercana a los 28,6 millones de euros, para reforzar las plantillas, adecuar los centros para convivir con el coronavirus, seguir con la prestación de servicios a todos los vecinos de la provincia, reforzando los programas de atención comunitaria, así como un Plan de Contingencia dotado con 320.000 euros.
De Vicente explicó que la cantidad de 1.926.087 euros suman las aportaciones del Gobierno Central y la Gerencia Regional de Servicios Sociales, con 649.823 euros, y los fondos propios de la institución provincial, que se incrementan en 1.276.000 euros. Una cantidad que no se ha detraído de ninguna otra área de la Diputación sino acudiendo al 20 por ciento del superávit presupuestario, siguiendo el Real Decreto de 31 de marzo, de utilizar el saldo positivo presupuestario para la política de gasto de Servicios Sociales y Promoción Social.
El Plan ReFuerza es el cuarto pilar del programa ‘Segovia, provincia ReActiva’ para reforzar todas las actividades en materia de Servicios Sociales en los centros residenciales de la Diputación y en el ámbito de la provincia, en las actuaciones en el territorio. De Vicente recordó que este refuerzo llega a un área al que ya se destina casi el 50 por ciento del presupuesto provincial.
Zonas rojas, zonas verdes
De Vicente señaló que hay que aprender las lecciones que ha dejado la contingencia sanitaria con el acondicionamiento arquitectónico y medioambiental de los centros para poder “actuar de una manera rápida en los espacios para las nuevas necesidades, para lo que se anuncia en otoño”, remarcando que hay “convivir con el coronavirus”, creando espacios “más visibles y más amables”, que no pierdan el ambiente de hogar ante futuras situaciones de aislamiento de los residentes y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de luminosidad y de acceso desde el exterior.
La Diputación creará zonas rojas para acoger y atender los casos positivos por COVID-19 que tengan siempre una acceso exterior, para no contaminar las zonas verdes y permitir el libre movimiento interno del resto del centro, por las zonas verdes. A estas actuaciones se destinará un total de 665.000 euros.
En el Centro de Servicios Sociales ‘LA Fuencisla” se invertirá en total 290.000 para acondicionar ese espacio en un lateral exterior para atender los casos de coronavirus, así como la dotación de una segunda unidad de convivencia. A la residencia de mayores ‘La Alameda’, en Nava de la Asunción, se le dotará de 90.000 euros para crear una unidad de convivencia nueva y un nuevo acceso exterior para facilitar esa atención a los posibles casos de coronavirus.
Por su parte, en el CAMP ‘El Sotillo’, dedicado a la atención de personas con discapacidad física e intelectual, se invertirá 85.000 euros para crear la primera unidad de convivencia de toda la provincia para precisamente para personas con discapacidad intelectual. “Se acometerá con carácter urgente y celeridad para disponer de ella lo antes posible”, subrayó de Vicente.
En cuanto, al residencia de menores ‘Juan Pablo II’, la Diputación también destinará 85.000 euros para terminar de las unidades convivenciales en todos los grupos de edad y modernizar todos los espacios comunes.
Refuerzo de las plantillas
De Vicente tambien confirmó que seguirán “cuidando al que cuida”, manteniendo la seguridad de os profesionales de atención directa y el personal de apoyo a lo residentes, con la ampliación de las plantillas, para que puedan tener el descanso y las vacaciones que necesitan y seguir garantizando las necesidades básicas de los usuarios.
El presidente de la Diputación aseguró que se asumirá con más de 370.275 euros, de los fondos de de la Gerencia de Servicios Sociales y fondos propios. “Es de justicia que la gente que dijo sí”, en los peores momentos de la pandemia”, “ahora estemos a su lado y estén con nosotros ejerciendo su labor profesional durante el verano y el otoño”, sentenció de Vicente, asumiendo del compromiso de que estos trabajadores sigan en la institución provincial para hacer las sustituciones de verano y durante los meses siguientes. “Facilitar su permanencia a estas personas que han estado atendiendo enfundadas literalmente en plástico en las unidades del COVID-19”, subrayó
Otras medidas
Miguel Angel de Vicente también hablo del incremento de las prestaciones sociales en el territorio, con medidas como las tarjetas monedero para los becados de los comedores escolares; ayudas de emergencia social, con todos los programas de en domicilio, envejecimiento activo, teleasistencia, con los 378.000 euro procedentes del Gobierno y la Junta para las entidades locales.
Los Programas de Proximidad Comunitaria se reforzarán con 100.000 euros para atender a los mayores y dependientes de los pueblos, con una mayor interacción social y familiar, para reforzar la confianza de los vecinos en el personal de Servicios Sociales con nuevos programas basados en la cercanía, como ‘Tu vecino, tu vecina de la puerta de al lado’ o ‘Te acompaño’, para aprovechar también las herramientas de comunicación digitales y detectar las nuevas necesidades.
La Diputación incrementa en un 18 por ciento, con 44.000 euros, el apoyo a los ayuntamientos que acoge los Centros Sociales Agrupados; así como 100.000 euros para la protección, prevención y seguridad de todos los trabajadores que atienden directamente a los usuarios de Servicios Sociales; una línea nueva de 44.000 euros para las Agrupaciones de Protección Civil y 155.000 euros para el Tercer Sector.
Fondo de Contingencia
Por último, De Vicente recordó el Fondo Provincial de Contingencia, dotado con 320.000 euros, para financiar las necesidades de los centros sociales, el teletrabajo y los suministros de medio telemáticos para la administración electrónica, siendo la provincia en la que sus ayuntamientos están “más avanzados” en los trámites a través de sedes electrónicas y la administración electrónica que permite estar en contacto con los vecinos.
Comisiones Obreras (CCOO) exigió hoy que las medidas fiscales que beneficien a la hostelería, con motivo de la crisis provocada por el COVID-19, como que la supresión de las tasas de terrazas no solo beneficien a los empresarios sino al conjunto del sector. En este sentido, apostó que estas acciones estén condicionadas al mantenimiento del empleo, que en el caso de Valladolid afecta a 11.000 trabajadores.
La responsable provincial de Hostelería en CCOO, Montserrat Noriega, subrayó que el sindicato no está en contra de las medidas de protección adoptadas por las administraciones públicas pero consideró que no deben servir para que los empresarios ganen más dinero. No en vano, recordó que la «exoneración» de las tasas de terrazas en la capital vallisoletana se aplica a todo el año, incluyendo los dos primeros meses del año cuando hubo «picos» de máxima actividad.
En este sentido, Noriega apostó, según recogió la Agencia Ical, por «poner en valor» a los trabajadores del sector de la hostelería y aseveró que el mantenimiento del empleo ha sido el «eje fundamental» de la aprobación de los Erte (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) de fuerza mayor. Una herramienta, precisó, al que se ha acogido la «inmensa totalidad» de la hostelería de Valladolid, que ha supuesto que los empresarios se ahorren los seguros sociales de sus empleados. «Los empresarios de los empresarios de hostelería se quejan de que no les salen los números pero tampoco a los trabajadores, ya sea estando en Erte o en condiciones normales», sentenció.
La responsable sindical aseguró que, «jamás», los empresarios de la hostelería de Valladolid han ganado más, después de que el sector haya acumulado «máximos históricos» en los últimos años, especialmente en enero y febrero pasado, antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia. Frente a eso, lamentó que los empleados de la hostelería en Valladolid llevan tres años sin un incremento salarial, al no haberse firmado el convenio provincial del sector.
El secretario general de la Federación de Servicios de CCOO en Valladolid, Raúl García, manifestó que el contacto con la la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (Apehva) está «roto» y solo está abierta la vía del Serla (Servicio regional de Relaciones Laborales), que ha quedado suspendido con la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria.
De ahí que abogara por llevar el «conflicto», de nuevo, a la calle por que la patronal no solo ha actuado de «mala fe» en la negociación del convenio sino que actúa como la organización que representa a la hostelería de Valladolid. «Una representación que ha legitimado el propio Ayuntamiento de la capital que se pliega a sus peticiones, sin dar participación alguna a los sindicatos porque la patronal ha faltado al respeto a los 11.000 trabajadores del sector», expuso.
Una situación que, señaló, influye en las prestaciones que reciben esos trabajadores durante la aplicación de los Erte. No en vano, el asalariado cobrará aproximadamente el 70 por ciento de su sueldo bruto, que se calcula con la base de cotización de referencia que lleva congelada desde 2017 y es la referencia del convenio «más precario» de Castilla y León.
Durante una rueda de prensa por videoconferencia, CCOO analizó el proceso de desescalada en los sectores de comercio y hostelería en la provincia de Valladolid, que han sido dos de las actividades más afectadas por la crisis del coronavirus. Y es que, según los datos del sindicato, el cierre de los negocios afectó entre el 85 y el 90 por ciento de la hostelería y al 60 por ciento del comercio.
Desafectación trabajadores
En concreto, un total de 1.450 establecimientos del comercio de la provincia se ha acogido a un Erte de los 5.200 existentes en la ciudad, con unos 9.000 trabajadores afectados. Con el arranque de la fase 1 de desescalada, Comisiones Obreras calculó que la desafectación de trabajadores beneficie a 5.000 empleados, por lo que aún quedaría un «grueso» de asalariados. En la actualidad, estarían abiertos todos los comercios minoristas (con una superficie inferior a 400 metros cuadrados) cuya actividad fue suspendida por el estado de alarma.
En cuanto a la hostelería de Valladolid, la semana pasaba estaban en Erte 1.756 de los 2.050 establecimientos existentes, lo que supondría el 85 por ciento del total. Supondrían que estarían sin trabaja unos 9.300 empleados de los casi 11.000 existentes. Además, a raíz de la desescalada, la mitad del sector hostelero de la capital ha abierto sus negocios al público mientras que los hoteles esperará a funcionar en la fase 2, ya que ahora tienen «muy condicionada» por las restricciones de movilidad. En todo caso, Noriega anunció que algunos hoteles ya tienen reservas para julio, por optarán por los Erte parciales de sus plantillas.
En este sentido, se opuso a que se acojan a los Erte los hoteles que se negaron a abrir pese a que, por real decreto, podían prestar un servicio esencial a los trabajadores de la sanidad y otros sectores como el transporte, lo que hubiera podido permitir desafectar a algunos trabajadores. «Estas causas no son compatibles por que ya pudieron tener ingresos en este tiempo, aunque fueran menores», manifestó.
Cese actividad
Montserrat Noriega eludió dar el dato de los negocios de hostelería y comercio que cesaran de actividad por la actual crisis al apuntar que habrá que esperar a cómo se comporta el consumo de los ciudadanos. Por su parte, Raúl García apostó por «dar confianza» al sector, porque existe un «riesgo evidente» con la pandemia pero también hay medidas que garantizan la seguridad de los trabajadores y clientes para recuperar una «cierta normalidad».
Preguntados por las palabras hoy de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha abierto la puerta a extender los Ertes hasta finales de año en los sectores más afectados, ambos coincidieron en sería una «buena medida» para la protección de los trabajadores. Además, explicaron que los expedientes de regulación son «dinámicos», por lo que se podrán desafectar en función de las necesidades de cada negocio. «Es cierto que no hay que hace Ertes preventivos pero si la situación actual extiende los Ertes hasta finales de 2020 permitirá que únicamente las empresas que las empresas que realmente los necesitan los utilicen para lograr una protección a la actividad, destruir el empleo o cesar la actividad», manifestó el secretario provincial de la Federación de Servicios de CCOO.
La Junta de Castilla y León pidió hoy la implicación de las entidades locales de la Comunidad en el proceso de desescalada sanitaria y social y aclaró las ayudas que pueden convocar los ayuntamientos para no duplicar las competencias de cada administración.
Los consejeros de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y de Sanidad, Verónica Casado, mantuvieron una reunión con la Comisión de Gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), que preside la titular de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, para detallar esos contenidos.
En una rueda de prensa presencial posterior en la Sede de la Presidencia de la Junta, ambos consejeros señalaron la importancia de la implicación de los alcaldes y concejales como regidores de la administración más próxima a los ciudadanos, en un momento de desescalada para volver a la normalidad y para que se cumplan las normas sanitarias y de seguridad social.
Ibáñez, después de referirse a las líneas de apoyo a los distintos sectores habilitadas por al Junta, aclaró que si algún ayuntamiento convoca ayudas sobre materias que no son de su competencia debe contar antes con informes de inexistencia de duplicidad y de sostenibilidad de que la puede financiar.
Precisamente, en la reunión de este martes se instó a que en esos casos de contacte con la Consejería de la Presidencia para ver el marco legal y se informó de que se remitirá una circular con la normativa y las ayudas. “Nos hemos comprometido a enviar información fácil”, precisó Casado.
El consejero de la Presidencia explicó que no se trata de “penalizar” a ayuntamientos que convoquen ayudas fuera de su ámbito competencias, porque consideró que “lo hacen de buena fe”, sino de aclarar los términos con el objetivo de no duplicar las mismas.
El Gobierno de España ha enviado a Cruz Roja, Cáritas y CERMI un total de tres millones de mascarillas, de las que 142.500 corresponden a Castilla y León. El envío del material se realiza, como se ha hecho hasta ahora con el reparto de material a las distintas comunidades autónomas, entidades locales y colectivos sociales, a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en cada territorio.
A principios del mes de mayo, el Gobierno ya distribuyó millón y medio de mascarillas a través de las mismas organizaciones, 500.000 con destino a cada una de estas ONG. Con el envío de hoy, las mascarillas entregadas a las ONG para su distribución a los colectivos sociales más vulnerables ante la crisis sanitaria originada por el COVID-19 suman 4,5 millones.
El Gobierno ha repartido entre las comunidades autónomas y otros organismos 117,8 millones de mascarillas entre el 10 de marzo y el 29 de mayo. En total, la distribución de material sanitario en todo el territorio español asciende a 167 millones de unidades.
En el caso del reparto de hoy, y atendiendo a la distribución por provincias, 30.000 han ido a parar a la provincia de León y Valladolid (10.000 para cada entidad); 22.500 a las provincias de Burgos y Salamanca (7.500 para cada organización) y 7.500 en el resto de provincias de la Comunidad, con 2.500 mascarillas para cada una de las oenegés.
