La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, defendió hoy que la potestad para cesar a un concejal la tiene ella y “no voy a cesar a la concejala”, en referencia a la edil de Turismo, Gina Aguiar, porque lo único que ha hecho es “trabajar, trabajar y trabajar” y cometería “una injusticia”. Además recordó que la capacidad de dimisión es personal pero confió en que “no lo haga y lo digo claramente”.
Clara Luquero aseguró que le “parece inadmisible” que se le haya sometido a Gina Aguiar “a un enjuciamiento público” y se ponga en tela de juicio “su honorabilidad” cuando ha asumido, en su etapa como concejala de Cultura, jornadas maratonianas “sin irse a casa a comer, hasta las siete y las ocho de la tarde”. Como ya dijo hace unas semanas, la alcaldesa de Segovia aseguró que Aguiar es “una máquina de trabajar y tiene una gran capacidad como gestora que ha puesto a disposición de la ciudad” pero sólo, sentenció, “se está llevando un disgusto detrás de otro”.
Luquero señaló que el contrato con su hermano, Luis Aguiar, para prestar los servicios de asesoramiento técnico en La Cárcel-Centro de Creación es muy anterior a la llegada de Gina al consistorio de la ciudad y a la Concejalía de Cultura, ya que se remonta a 2011. “Es un disparate”, sostuvo la regidora, que todos los familiares y personas cercanas a todos los miembros de la corporación municipal, incluido el equipo de Gobierno, que tiene una empresa o son profesionales «no pueda ser contratado por el Ayuntamiento cuando esta es una ciudad pequeña”.
La alcaldesa recordó que el suegro del portavoz municipal del PP, Pablo Pérez, tiene una empresa de sonorización, de las más veteranas de la ciudad, que lleva muchos años trabajando con el Ayuntamiento o que el hermano de la edil del PP Azucena Suárez es el gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (Evisego). “Esta es una ciudad muy pequeña”, concluyó.
Sobre la denuncia hecha por Podemos, a la que se sumaron otros grupos municipales, sobre el formato de la contratación de Luis Aguiar, Clara Luquero resumió la nota de prensa remitida esta semana sobre los cambios realizados a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley de Contratos Públicos. Por un lado, está la decisión política asumida por la exresponsable de Cultura, desgranó la alcaldesa, “de poner por encima de todo el mantenimiento de los servicios públicos a los ciudadanos”, aquéllos que afectaban a un gran número de personas como el Taller Municipal de Música y Danza, con todos su profesores y alumnos, para no bloquear la contratación.
“Entre estos contratos estaba él de servicios de asistencia técnica en La Cárcel. No hay más que decir es lo único que se ha hecho”, dijo Luquero. Para no perjudicar a los ciudadanos, desde la Concejalía de Cultura, cuando llegó Gina Aguiar, se priorizó “los de mayor enjundia”. Una vez tomada la decisión política, el cómo se lleva a cabo, cómo se actúa “entre el ámbito de las responsabilidades técnicas”, resaltó Luquero.
En su opinión, “no descubre América” al decir que “las decisiones políticas tiene las limitaciones que marcan los técnicos en muchas cuestiones”. La alcaldesa de Segovia sostuvo en dos ocasiones, durante su intervención, que no va cesar a Gina Aguiar como concejala de Turismo. «Por mucha presión mediática que haya, no voy a tomar la decisión de cesar a la concejala», sentenció. Además, le pidió a Gina Aguiar que no ejerza la decisión personal de presentar su dimisión. «Espero que no lo haga», dijo con claridad.
Segovia Educa en Verde
La alcaldesa de Segovia puso además como ejemplo un tema aprobado en la Junta de Gobierno de hoy sobre el pago por una sentencia judicial de unas facturas a la empresa concesionaria del programa de educación ambiental ‘Segovia educa en Verde’. Luquero detalló que el servicio se tuvo que adaptar a la situación marcada por la pandemia y para el equipo de Gobierno el trabajo estaba hecho pero el Servicio de Intervención no opinó lo mismo y, tal y como marca la ley, “no pagamos, la empresa lo llevó ante el juez que dictamina que ha ejercido el trabajo y se le tiene que pagar”.
El servicio de Intervención, por el que pasan todos los asuntos del consistorio, tiene pendiente el informe sobre el análisis de los contratos menores del año 2018, y será también Intervención, tal y como viene reflejado en el Plan de Fiscalización, que lleve cabo la revisión de los contratos menores de 2019 y 2020. “Estaba previsto de antemano, es el proceso de fiscalización que marca la ley”, reiteró Luquero.
La alcaldesa no escondió los problemas que ha supuesto para el consistorio la sentencia del caso ‘Trípode’, por la que el juez de lo Contencioso Administrativo exige un informe técnico en todos los contratos menores. “El contrato menor servía para agilizar los procedimientos y lo ha bloqueado. Es necesario el informe jurídico lo que no se hace en casi ningún ayuntamiento. Lo tendremos que hacer todos la Diputación y las demás administraciones”, subrayó Luquero.
