El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, remitió una carta a los ministros de Sanidad, de Interior y de Exteriores, Salvador Illa, Fernando Grande-Marlaska y Arancha González Laya, respectivamente, para informarles de la decisión de prorrogar el confinamiento perimetral de Castilla y León durante 14 días. 

La limitación de la entrada y salida a la Comunidad, que decaía a las 14.00 de mañana, se prolongará así hasta las 23.59 del 23 de noviembre. En la misiva, Alfonso Fernández Mañueco explica que, conforme al Real Decreto que declara el estado de alarma, como autoridad competente delegada, dará continuidad a esta medida “para contener la propagación de las infecciones causadas por el SARS-CoV-2”.

Igualmente, el líder autonómico comunicó la decisión a los presidentes de Madrid y Castilla-La Mancha, Isabel Díaz Ayuso y Emiliano García Page, respectivamente, así como a otras comunidades limítrofes y al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca.

La Junta de Castilla y León prorrogará así la medida que restringe la entrada y salida de personas del territorio autonómico. Tal y como ocurre desde las 14.00 horas del pasado 30 de octubre, solo estará permitido cruzar los límites de la Comunidad en casos justificados como «la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil; y el cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables». Asimismo, se permitirá para el «cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales; el retorno al lugar de residencia habitual; y el desplazamiento a entidades financieras o de seguros». Otro supuesto es la «realización de actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; la renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables; y los exámenes o pruebas oficiales inaplazables o cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada».

Además, la circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen Castilla y León estará permitida siempre y cuando tengan origen y destino fuera de la Comunidad.

Los castellanos y leoneses respaldan la gestión que la Junta de Castilla y León ha hecho de la crisis del coronavirus, según los datos de un sondeo de Sigma Dos a la que ha tenido acceso la agencia Ical. Son casi el doble los encuestados que creen que este trabajo está bien o muy bien (35,7%) que aquellos que lo consideran mal o muy mal (18,8 por ciento).

Este apoyo contrasta con la valoración negativa que trasmiten los ciudadanos de la Comunidad respecto a la forma en que el Gobierno central ha manejado la situación. En este caso, la opinión mayoritaria es que lo ha hecho mal o muy mal (54,4 por ciento), frente a solo el 16,9 por cientos de los encuestados que están satisfechos con la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

El estudio demoscópico al que ha tenido acceso Ical se ha elaborado a partir de mil entrevistas realizadas en la Comunidad entre el 15 y el 20 de octubre, es decir, con el pico de contagios creciendo significativamente días antes de la declaración del toque de queda y el estado de alarma, pero cuando el Gobierno autonómico había decretado cierres perimetrales en varias capitales de provincia. El margen de error es de más-menos 3,2 por ciento para un nivel de confianza del 95,5 por ciento.

El 42 por ciento de los encuestados califica de ‘regular’ la gestión de la Junta de Castilla y León, que encuentra respaldo a sus medidas en todas las franjas de edad, aunque son los más jóvenes, de entre 18 a 29 años y el grupo de entre 45 y 64, lo que muestran más apoyo, el 39,9 y el 38,7 por ciento, respectivamente. Los más críticos son el colectivo entre 30 y 44 años, cuyos recelos manifiestan el 24,6 por ciento. También casi el 40 por ciento de las las mujeres dicen estar convencidas con la actuación de la Junta, frente al 32 por ciento de los hombres.

Los votantes de Ciudadanos, la formación de la que procede el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, son los que mejor valoran esta gestión y llegan al 44 por ciento de apoyo. Pero también, los votantes socialistas dan el espaldarazo a las medidas, en un 40,1 por ciento, más incluso que los del propio PP, partido que gobierna la Junta, entre los que el 36 por ciento respalda la labor de su Ejecutivo. 

Solo entre el electorado de Podemos hay más críticas que alabanzas a la gestión de la Junta. Los primeros suman el 24 por ciento de los encuestados, mientras que los que están satisfechos solo llegan al 17,9 por ciento. También tienen porcentajes moderadamente altos de rechazo entre los votantes de Vox (25,6 por ciento), pero inferiores a los que aprueban las medidas (30,7 por ciento), siempre según la encuesta de Sigma Dos.

El Gobierno central, en cuestión

Según el estudio demoscópico conocido por Ical, la gestión del Gobierno central es cuestionada por el 54,4 por ciento de los encuestados y recibe el regular únicamente del 26 por ciento de los castellanos y leoneses, mientras que el apoyo a sus medidas se reduce al 16,9 por ciento. El mayor rechazo se produce en el colectivo de entre 30 a 40 años y llega al 60 por ciento, mientras que desaprueban las actuaciones el 55 por ciento de los de entre 40 y 64 y el 52,2 por ciento de los mayores de 65. El apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez no llega al 20 por ciento en ninguna franja de edad.

El Gobierno central encuentra apoyo a sus medidas en los votantes del PSOE (40,1 por ciento) y en menor medida en Podemos, cuyos simpatizantes respaldan en un 32,9 por ciento esta gestión, aunque un 51 por ciento la considera simplemente ‘regular’. El respaldo entre las personas afines al resto de partidos es nulo y solo llega al 2,5 por ciento entre los del PP. Por el contrario, el rechazo es acusado: del 80,9 por ciento entre los ‘populares’, del 83,3 por ciento, entre los de Ciudadanos y del 90,9 por ciento entre los de Vox.

El 25,5% cree que la Junta está entre las que mejor han gestionado

La moderada satisfacción con la gestión de la Junta se percibe también al ponerla en relación con las medidas implementadas en otras comunidades. El 58 por ciento de los castellanos y leoneses cree que las actuaciones en Castilla y León están en un término medio: han sido mejores que en unas autonomías pero peores que en otras. No obstante, un 25,5 por ciento entienden que el Gobierno autonómico está entre los que mejor lo han hecho, frente al 7,8 por ciento que lo consideran en el vagón de cola.

De acuerdo con el sondeo, los mayores de 65 años y los de entre 45 y 64 años son los grupos en los que más hay más convencidos de que la respuesta de la Junta está entre las mejores, 28,2 y 26,7 por ciento, respectivamente). Los votantes de las principales fuerzas políticas (PP, PSOE y Ciudadanos) coinciden en un porcentaje similar (en torno al 27 por ciento) al asegurar que la Junta está entre las comunidades que mejor han gestionado. Los más críticos son los de Vox y Podemos. En la formación de Santiago Abascal solo un 13,4 por ciento cree que Castilla y León va en cabeza, frente al 11,3 que cree que está en la cola, mientras que en la de Pablo Iglesias, aunque un 16,6 por ciento entiende que se ha hecho mejor que en otras, un 11,7 por ciento considera que ha sido de las que peor respuesta ha dado.

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, permanece en su domicilio en cuarentena tras tener un contacto directo con un caso positivo de coronavirus. Según publicó eldiasegovia.es, Luquero dio negativo en la primera PCR que le realizaron y ya ha pasado buena parte de su periodo de confinamiento, ya que el contacto se produjo la semana pasada.

La ausencia de la alcaldesa de Segovia por tener que guardar la cuarentena obligatoria al haber estado en contacto con positivo en coronavirus no se había hecho público pero una vez que ha transcendido la noticia, fuentes municipales consultadas por El Día de Segovia, destacaron que se que “si se hacen llamamientos a la ciudadanía”, para ser responsables con las medidas y decisiones de las autoridades sanitarias, los representantes políticos “han de hacer lo mismo”.

Clara Luquero podría incorporarse a sus labores presenciales en el Ayuntamiento de Segovia a comienzos de la próxima semana. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha acordado no ratificar la medida contenida en el acuerdo 78/2020 de 3 de noviembre por el que la Junta de Castilla y León ordenaba la suspensión de las visitas en los centros residenciales de personas mayores a partir de este viernes para intentar frenar el avance de la pandemia por el COVID-19. 

La Sala no ratifica el acuerdo porque entiende que el marco normativo para adoptar este tipo de restricción de derechos fundamentales debe ser la Ley Orgánica 4/1981 (de los estados de alarma, excepción y sitio) en lugar de la Ley Orgánica 3/1986 (de medidas especiales en materia de salud pública). 

El Tribunal cree que “la medida adoptaba en el Acuerdo 78/2020 rebasa el presupuesto habilitante de la Ley 3/1986, tanto por la extraordinaria situación de crisis sanitaria mundial existente, persistiendo en el tiempo, como por la intensidad de la afectación de los derechos fundamentales concernidos, produciéndose de facto un confinamiento domiciliario de un sector de la población en todo el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, de forma indiferenciada, sin distinción de centros residenciales afectados o no por la enfermedad de que se trata, a diferencia de lo realizado en las medidas anteriores, entre municipios más o menos afectados por la enfermedad transmisible, lo que exige una ley que la posibilite con las garantías y exigencias de la doctrina constitucional sobre esta materia”. 

“No parece justificado que para la limitación de la libertad de circulación en horario nocturno sea precisa la declaración del estado de alarma”, al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, pero “no sea necesaria para limitar la libertad de circulación todo el día, aunque solo afecte a un determinado sector de la población de toda una Comunidad autónoma”. 

Según el fallo, las personas mayores, que viven en centros residenciales, “son ciudadanos como los demás con los mismos derechos y cuya especial vulnerabilidad frente a la enfermedad transmisible de que se trata merece la adopción de cuantas medidas de toda índole sean precisas para hacer efectiva su protección, no necesariamente mediante una restricción mayor que el resto de los ciudadanos de sus derechos fundamentales”, argumentó la Sala. 

La Junta de Castilla y León anunció el pasado martes un conjunto de restricciones con entrada en vigor en la medianoche del viernes, y a la espera de ratificación judicial, con el fin de frenar el avance de la pandemia por el COVID-19 en la Comunidad. Al toque de queda ya establecido desde hace casi dos semanas, se decidió el cierre de la hostelería, de los centros deportivos y los centros comerciales, además de que se decidió la suspensión de las visitas a centros residenciales de personas mayores y de centros de protección de menores, aspecto este último que no ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.