Los Servicios Sociales de Castilla y León obtuvieron la tercera mejor nota, tras País Vasco y Navarra, aunque hay «déficits» en ayuda a domicilio y teleasistencia, según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que mide el IDEC 2020. Pese a reconocer que mantiene un nivel «muy estable» en su clasificación desde 2017, ha bajado dos décimas, informa Ical.
El estudio recoge que el gasto por habitante y año ha pasado de 353 euros en 2012 a 455,8 euros en 2019, por encima de la media estatal que se situó en 406,3 euros. El porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas de Castilla y León en servicios sociales sobre el PIB regional se situó en el 1,86 por ciento en 2019 frente al 1,66 por ciento en 2012 y por encima del conjunto de España, que fue del 1,60.
La asociación precisó que desde el año 2017 Castilla y León cuenta con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización alcanzando la excelencia, sólo a falta de los 0,05 puntos que se otorgan si la Consejería identificase el sistema, incluyendo en su nombre ‘servicios sociales’.
Así, ofrece una de las mejores ratios entre cobertura y gasto, es decir, una gran eficiencia del sistema, que se debe a la colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, así como a decisiones estratégicas adecuadas, como la acertada integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales y especialmente a nivel local.
«La cultura de consenso en la ordenación del sistema con agentes sociales, tercer sector y entidades locales es un intangible que ofrece sus frutos en estos equilibrios», subrayó.
De la misma manera, el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León muestra una relación equilibrada entre los derechos que reconoce en su ley de nueva generación y en el catálogo que los concreta, y su entrega efectiva de prestaciones y servicios.
Y es que Castilla y León se encuentra por encima de la media estatal en casi todos los indicadores contemplados, alcanzando la excelencia en dependencia, con el 15,1 por ciento de su población potencialmente dependiente que recibe prestaciones o servicios del Sistema frente al 9,7 por ciento de la media estatal mientras que su tasa de desatención es 0,1 por ciento frente al 17,1 por ciento de España.
En cuanto a las rentas mínimas de inserción, alcanzan al 10,7 por ciento de las personas bajo el umbral de la pobreza en Castilla y León, frente al 7,9 por ciento de media estatal. Sin embargo, la cuantía media por persona perceptora en Castilla y León, que supone un 15,4 por ciento de la renta media por hogar en esa Comunidad, es inferior a la media estatal, que alcanza en 17,1 por ciento. «Su reto en 2021 es ajustar la reordenación de estas rentas tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital», precisó el informe.
Plazas residenciales
Castilla y León tiene el porcentaje más elevado en plazas residenciales de financiación pública para personas mayores, con el 6,3 por ciento, muy por encima de la media estatal (2,7 por ciento). «Esta posición tan destacada hace que sus retos sean la adecuada distribución de estas plazas, de manera que se ubiquen allí donde existe la demanda, evitando el desarraigo de las personas mayores de su localidad y, muy especialmente, liderar el cambio de modelo residencial que la sociedad está demandando. Su anteproyecto de Ley recientemente presentado, del modelo residencial, puede ser una oportunidad para ello, con la contribución de todos los sectores implicados», añadió.
Por su parte, los servicios residenciales, diurnos y ocupacionales para personas con discapacidad, tienen una cobertura de 4,2 plazas residenciales por cada 100 personas con discapacidad, por lo que la Comunidad cuadruplica la media estatal que es de 1,6 por ciento. De la misma manera, con 5,9 plazas diurnas u ocupacionales por cada 100 personas con discapacidad, duplica la media estatal que es de 2,7 por ciento.
Entre los «déficits», la asociación alertó que el servicio de ayuda a domicilio solo alcanza una cobertura del 4,2 por ciento de personas mayores, frente al 4,9 por ciento de media estatal. Además, Castilla y León retrocede en este servicio tan importante, ya que su cobertura un año antes era del 5,4 por ciento, y registra una línea descendente en los últimos años.
De la misma manera, la teleasistencia solo alcanza a 4,9 de cada 100 personas mayores en Castilla y León, la mitad que la media estatal que es de 10,2 por ciento. Castilla y León también retrocede en este servicio, al pasar de una cobertura del 6,2 por ciento en 2018 a 4,9 por ciento en 2019.
