El Hospital de Segovia no ha notificado hoy nuevos fallecidos por Covid-19, lo que mantiene el total en 370 desde el inicio de la pandemia (únicamente notificados en el complejo hospitalario).
En lo que respecta a los nuevos contagios se han notificado 10, un aumento respecto a los 6 notificados ayer.
El número de brotes se mantiene, con 15 brotes activos y 98 casos vinculados a ellos.
El número de altas es de 1.947, sin contabilizar nuevas altas en las últimas horas.
Las exportaciones del sector agroalimentario de Castilla y León alcanzaron los 2.400 millones de euros en 2020, lo que supuso el 18 por ciento de las ventas de la Comunidad autónoma al exterior.
De esta forma, las exportaciones agroalimentarias registraron un crecimiento del 33 por ciento durante el último lustro, con el valor más alto registrado en el ejercicio de 2020, y mantienen una tendencia al alza, según los datos registrados en el primer trimestre de este año, con un crecimiento del nueve por ciento, que supone el 21 por ciento de las exportaciones totales en ese período, publicados por la Dirección General de Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda.
El sector cárnico experimentó una evolución “muy favorable” en los últimos años, con ventas que rondaron los 600 millones de euros en 2020, un 45 por ciento más que en 2015, con una cuota del 25 por ciento del total de las exportaciones del sector agroalimentario.
La mitad de la carne exportada desde Castilla y León correspondió al sector porcino, mientras que el bovino representó un 20 por ciento de las ventas y el ovino y el caprino, un siete por ciento. Las ventas de carne ovina registraron el mayor crecimiento en los últimos cinco años, con un incremento del 115 por ciento, que sitúa a Castilla y León entre las dos principales comunidades exportadoras de carne ovina de España. Así, las exportaciones de carne ovina han crecido un 115 % en el periodo 2016-2020.
En este apartado, el 27 por ciento de la carne de ovino producida en Castilla y León fue exportada a Francia; el 24 por ciento, a Israel; el 13,5 por ciento, a Italia; el 7 por ciento, a lo Emiratos Árabes, y el 6,9 por ciento, a Catar, según precisaron fuentes de la Administración autonómica.
En 2016, había en Castilla y León 5.280 empresas exportadoras, cifra que ha aumentó hasta 6.848 en 2020. De hecho, el año pasado Castilla y León sumó 270 nuevas empresas a la exportación, con un aumento superior al cuatro por ciento respecto a 2019. De ellas, 1.845 exportan con regularidad, un 47,7 por ciento más respecto 2008.
Moralejo Selección
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, visitó hoy en Arcenillas (Zamora) las instalaciones de la empresa Moralejo Selección, firma productora de carne de ovino y con una larga trayectoria en el sector.
Moralejo Selección integra todas las fases del proceso productivo, es decir, producción, procesos de compra y venta del animal, transformación del producto, tecnología, sistemas de aprovechamiento de todos los cuartos del cordero, sistemas de matanza, procesos previos a la matanza, estándares de calidad, bienestar del animal e I+D+i y mantiene acuerdos con ganaderos y cooperativas de Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Fernández Carriedo se reunió con los responsables de la empresa zamorana, que alcanzó el año pasado un volumen de negocio superior a 62 millones de euros, con un incremento del 300 acumulado durante los ocho últimos años.
El gran crecimiento de Moralejo Selección, que comercializa sus productos en más de 30 países de Europa, África y Asia, se debe a la entrada en el mercado de la exportación internacional, que hoy representa casi un 30 por ciento de la facturación total.
Moralejo Selección cuenta con el sello de calidad Tierra de Sabor, la marca de calidad IGP Lechazo de Castilla y León y los estándares de calidad internacional más exigentes como IFS, así como el sello Aenor de Bienestar Animal.
En este contexto, la Consejería de Economía y Hacienda ha tramitado, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial, ayudas directas a Moralejo Selección para el desarrollo de proyectos de innovación, internacionalización e I+D+i, además de facilitar liquidez para varios proyectos a través de la Plataforma Financiera.
Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha concedido varias ayudas para la mejora de sus instalaciones.
La Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla y León exigió hoy a la Consejería de Educación que mantenga la contratación de los 1.350 docentes (601 maestros y 749 en Secundaria y FP), así como el resto de medidas para que haya un inicio «seguro» del próximo curso escolar, ya que argumentó va a contar con fondos enviados tanto desde la Unión Europea como del Gobierno central.
«Es una realidad que la pandemia no ha desaparecido y que las razones que motivaron el aumento de contratación se siguen manteniendo. Debe seguir garantizándose la disminución de ratio en las aulas y la distancia de seguridad. Además, la disminución de la ratio supone una mejora en la educación de todo el alumnado, el cual se beneficia de una atención más individualizada, acorde con las necesidades educativas, lo que repercute en una mejora de su rendimiento», manifestó en un comunicado.
Asimismo, destacó que no solo se han contratado a personal docente para este curso, ya que indicó existe «multitud» de perfiles con distintas funciones que son «imprescindibles» para que la educación funcione: administración, limpieza, comedor, conserjería, fisioterapeutas y enfermería. A juicio de CCOO, estas contrataciones también tienen que ser prorrogadas para garantizar la presencialidad segura en todas las etapas.
Por ello, indicó que la Consejería de Educación debe mantener todas estas medidas ya que va a contar con fondos para acometerlas. Por eso exigió voluntad política para destinar los fondos necesarios a la educación pública de nuestra comunidad.
Asimismo, reclamó que la Consejería de Educación reconozca con hechos y no solo de palabra la labor desempeñada por el conjunto de la comunidad educativa desde el inicio de la pandemia, que además ha conseguido garantizar la presencialidad segura en Castilla y León.
«No puede seguir castigando con los recortes al profesorado. Es el momento de agradecer su labor y valorar los resultados conseguidos en informes como PISA, de los que tanto alardea nuestra consejera, reduciendo la jornada arrebatada por los recortes con fondos propios, ya que para el resto de medidas va a contar con fondos de la UE y el Gobierno central», concluyó.
La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha dictado resolución y ha indemnizado con 28.000 euros a la viuda e hija de un paciente con por un retraso diagnóstico en cáncer. Desde el Gobierno regional, según apuntan desde la asociación ‘El Defensor del Paciente’, cuyo abogado Santiago Díez ha llevado el caso, reconocen que un “error de organización” para la valoración de un TAC realizado a la víctima propició el retraso en el diagnóstico que favoreció la progresión de la enfermedad sin tratamiento ninguno.
En un comunicado recogido por Ical, desde ‘El Defensor del Paciente’ señalan que fue el propio paciente quien formuló la reclamación inicial cuando contaba con 57 años, en el curso de las pruebas de preoperatorio para cirugía de hombro que se le realizaron en el mes de octubre de 2014 en el Hospital Universitario de León.
Fue entonces cuando le detectaron un nódulo pulmonar, y le recomendaron realizar un TAC que se realizó en el mes de enero de 2015, confirmando la existencia de un nódulo pulmonar de aspecto maligno. Sin embargo, ningún médico informó al paciente del resultado del TAC, a pesar de acudir a diversas consultas postquirúrgicas durante los meses posteriores. Y así, en enero de 2016, con ocasión de una consulta del paciente a su médico de cabecera por presentar tos y dolor en pecho, éste decide realizar una Rx de tórax, la cual informó de la presencia de un nódulo pulmonar del que el radiólogo informa “ya existente en TAC realizado en enero de 2015”. Es decir, un año antes.
A partir de esa fecha, se derivó al paciente a Neumología y se realizaron estudios complementarios de ese nódulo, que concluyeron que el mismo se correspondía con metástasis de un cáncer de colon desconocido hasta ese momento, ya diseminado. Tras estudios de extensión de la enfermedad, se calificó el tumor en estadio IV, con afectación hepática masiva y peritoneales. Se inició tratamiento oncológico, pero la enfermedad estaba ya muy avanzada, y sólo admitía tratamientos paliativos, falleciendo finalmente el paciente en el mes de julio de 2017.
A la vista de los hechos, Inspección Médica consideró acreditado que el resultado del TAC no fue valorado por ningún servicio hospitalario, que atribuyó a un “error de organización”, y que el retraso en el diagnóstico favoreció la progresión de la enfermedad sin tratamiento ninguno.
Ese retraso diagnóstico y, en consecuencia, de tratamiento se valora finalmente como daño moral por los sufrimientos físicos y psíquicos padecidos por el paciente durante todo este periodo de tiempo, al considerar que aún con un diagnóstico precoz, el tratamiento hubiera sido el mismo, sin que hubiesen variado en demasía las probabilidades de curación del cáncer, dado que la imagen del TAC de enero de 2015 ya informaba de una enfermedad avanzada.
“Tras el fallecimiento del paciente, su esposa e hija le sucedieron en la reclamación presentada por él ante la Consejería para hacer valer los derechos de su esposo y padre ante un flagrante error de organización entre los distintos servicios médicos, que llevó al desconocimiento de la existencia de una grave enfermedad, con la finalidad de que los hechos no cayeran en el olvido de la Administración y quedara sin el reproche que tal fallo merecía”, apuntan desde la Asociación.
IU constituyó la Red de Activistas de Jóvenes de Izquierda Unida Castilla y León, que surge “por un futuro social en la Comunidad”, en el que afiliados y simpatizantes “se organizan para aglutinar al movimiento juvenil de izquierdas que elabore propuestas políticas y aportaciones en un marco organizativo como es Izquierda Unida, así como plantear canales de formación y para organizar acciones propias”, según un comunicado.
Nace como extensión del trabajo realizado desde Jóvenes de Izquierda Unida Federal por promover la creación de redes en los distintos territorios para “tejer comunidad y lazos entre las diferentes provincias de cara a la realización de un trabajo conjunto”.
En Castilla y León, consideraron, “es necesario reivindicar la precaria situación en la se encuentran los jóvenes, la pérdida de población, sobre todo juventud, arrastrándonos a un futuro incierto para nuestros pueblos y comarcas”. Todo ello, “sumado a la nula gestión por parte de la Junta de Castilla y León para frenar la despoblación y el deterioro de los servicios públicos, son algunas de las preocupaciones más expresadas los castellanos y leoneses”. La Red de Jóvenes señaló también los retos ambientales que amenazan a Castilla y León y las necesarias políticas de igualdad pendientes de desarrollarse.
‘Supernanny’ fue un programa de entretenimiento de televisión que hace unos años cosechó grandes audiencias, enganchadas a las pautas que una psicóloga daba a los padres para mejorar la educación de sus hijos y les ayudaba a corregir sus problemas de comportamiento. Pero hay casos de niños y jóvenes con trastorno grave de conducta, casi todos con diagnóstico clínico e intervención psiquiátrica, en los colegios y las aulas que requieren de mucha más atención y profesionales especializados en su abordaje.
Forman parte de los equipos y las unidades de atención al alumnado con trastorno grave de conducta, dependientes de la Consejería de Educación de la Junta, que en lo que va de curso han atendido a 480 estudiantes de Castilla y León, con edades entre los 3 y los 16 años. La trascendental labor de estos orientadores, maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y profesores técnicos de servicio a la comunidad busca cambiar la conducta de un alumno en su centro pero, sobre todo, el control del comportamiento para lograr el objetivo de mejora e integración escolar. Es decir, trabajan cuando hay problemas en la escuela y dejan su labor cuando hay un cambio de comportamiento en el alumno o, al menos, se logra manejar.
Una de esas unidades es la de Valladolid, que es la más antigua de Castilla y León y España, ya que cuando hace 33 años comenzó a funcionar fue pionera, tras detectar la necesidad de atender a los niños con alteraciones de comportamiento como parte de las necesidades educativas especiales. Está compuesta por tres orientadores, tres maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y medio profesor técnicos de servicios a la comunidad que han atendido en lo que va de curso un total de 136 alumnos con trastorno grave de conducta, según los datos facilitados por la Consejería de Educación a la Agencia Ical. El número incluye tanto a los que reciben una atención directa completa (80) y los que requieren de un asesoramiento a través de consultas puntuales.
Se trata de un servicio muy demandado y prueba de ello es que siempre hay lista de espera, ya que los recursos son limitados. En la actualidad, la unidad de Valladolid tiene siete alumnos pendientes de intervención, aunque los casos prioritarios (con riesgo grave) se atienden de manera urgente.
Las provincias de Burgos (52 intervenciones) y León (119), además de Valladolid, cuentan con equipos completos mientras que en el resto hay unidades, con una o dos personas, en función de las necesidades, al existir menos casos por ser territorios más pequeños. No en vano, hasta mayo pasado, el resto de las provincias atendieron a 47 alumnos con trastorno grave de conducta en Zamora; 39 en Salamanca; 34 en Palencia; 22 en Ávila; 16 en Soria y 15 en Segovia.
La directora del equipo de atención al alumnado con trastorno grave de conducta, Teresa de San Luis, asegura a Ical que, en ocasiones, es posible modificar el comportamiento de un menor pero en otras es imposible ya que existe un trastorno subyacente que implica unas características diagnósticas. “Ese diagnóstico existe y ahí seguirá”, sentencia. En ese tipo de casos, el equipo dependiente de la Dirección General de FP, Régimen Especial y Equidad Educativa procura que el entorno escolar sea capaz de manejar el comportamiento del alumno, hasta situarle en la media del grupo de referencia. Una media que varía en función de si el centro está en entorno urbano o rural, su tamaño y el nivel de tolerancia, entre otras. “Buscamos que el niño no sea incontrolable ni perjudicial para sí mismo y para los demás. Perseguimos incrementar el comportamiento bueno para sustituirlo por el malo. Deben aprender comportamientos nuevos y desaprendan conductas inadecuadas”, aseveró.
Para ello, los profesionales de la unidad comprueban ‘in situ’ la situación concreta del centro de referencia donde está el niño con problemas de comportamiento, por que en ocasiones con la simple modificación del entorno y del medio se logra una conducta más normalizada.
En otros casos, detectan los comportamientos alterados y se marcan una serie de objetivos. “El proceso de observación es muy importante”, sentencia De San Luis. Para ello, se trata de poner “de acuerdo” a todos los adultos (padres, profesores, orientadores de los centros y psiquiatras o técnicos de los Servicios Sociales o de los juzgados) que están alrededor de ese alumno para trabajar en la misma dirección, cada uno en su ámbito, con sus herramientas y su contexto.
Por ejemplo, se puede decidir que el niño debe estar sentado más de diez minutos para aumentar su permanencia en la tarea. La directora del equipo de Valladolid deja claro que son un servicio escolar, por lo que su intervención acaba cuando hay una mejora o un control del comportamiento en el centro educativo. Eso sí, reconoce que “lo normal” es ese avance en el aula y entorno “repercute” fuera, ya sea en el ámbito familiar como en su casa y en el social. En este sentido, la primera entrevista que llevan a cabo los especialistas de la unidad es con los padres por que De San Luis destaca que hay que buscar el compromiso de las familias y su implicación para lograr el cambio. “Hay veces que estos niños no dan problemas en casa por que los adultos de la familia giran alrededor del menor, donde no hay exigencias ni límites. Si hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere, no hay problemas al satisfacer al niño todas sus necesidades ni se le pone en la tesitura de hacer algo que no le gusta”, manifiesta.
Se trata de un trabajo en red que implica un asesoramiento al profesorado o un modelado en la propia clase del alumno con trastorno grave de conducta e incluso en las aulas de tratamientos, ubicadas donde se encuentra la sede de la unidad, que en el caso de Valladolid ocupa una parte del colegio público Antonio Allúe Morer del barrio de Las Delicias.
Aulas específicas
Aunque la primera intervención es en el propio centro y el aula de referencia del alumno para ver su comportamiento en el centro, a continuación, en la mayor parte de los casos, hay un abordaje con este tipo de alumnado en las propias instalaciones de la unidad, que en el caso de Valladolid están en el colegio público Antonio Allúe Morer del barrio de Las Delicias. “Traerlos aquí, acelera las intervenciones por que se trabaja específicamente su comportamiento”, añade.
Son aulas donde acuden este tipo de alumnos durante algunas horas, nunca una jornada escolar completa, repartidas en dos sesiones (de 9 a 11 horas y de 11,45 a 13,45 horas), por lo que en ocasiones se trabaja el currículo del niño para abordar el tema de fondo que es la conducta. “No es una forma de escolarización ni siquiera de escolarización combinada. Vienen para trabajar aspectos concretos, a modo de laboratorio, como ayudar a que cumplan órdenes. Existen determinadas conductas que hay que crear o suprimir en un lugar donde las variables están muy controladas”, añade.
Y es que en esas aulas, los especialistas trabajan con tres o cuatro alumnos e incluso, en algunos casos más complejos, de forma individualizada. Al principio, acuden tres veces a la semana y luego, en función de la evolución, se reducen a dos y a una sesión, hasta que deja de asistir, aunque se lleva a cabo un seguimiento. Lo habitual es que convivan niños de nueva incorporación y otros de cursos anteriores. “Hay que dejar claro que el objetivo es la generalización. De nada sirve que el chico no dé problemas en el aula de tratamiento por que su comportamiento debe ser el adecuado en su centro de referencia”, precisa a Ical Teresa de San Luis. Además, deja claro que su equipo es “integrador” y no “segregador” por lo que sus objetivos persiguen la inclusión de ese menor en su aula y en su colegio o instituto.
Excesos y déficits conductuales
El personal de la unidad de Valladolid apunta que se enfrentan a alumnos con excesos conductuales (mucha movilidad, agresiones) y déficits (falta de atención, relaciones sociales inadecuadas), que suelen estar vinculadas a diagnósticos psiquiátricos como trastornos por déficit de atención, de carácter impulsivo, espectro autista, fobias escolares, mutismos selectivos, trastornos del lenguaje que producen mucha agresividad y otras psicopatologías (comportamientos obsesivos, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos). Además, hay casos en que los problemas de comportamiento aparecen al existir un desfase curricular que pasa desapercibido. “Al ser niños, no suelen tener un diagnóstico claro y aún no se ha visto la evolución, pero tampoco afecta a la hora de trabajar desde el punto de vista educativo”, precisa.
Un claro ejemplo es un chico con un trastorno “muy serio” que, después de muchos años en la unidad de Valladolid y una evolución “excelente”, pasará el curso próximo a la FP Básica. “Sigue requiriendo de la atención a necesidades pero no se ha perdido por el camino, algo que es fundamental”, reconoce Teresa de San Luis. En cambio, hay adolescentes que por su psicopatología grave abandonan la escolarización como por ejemplo los que sufren fobias sociales y se niegan a salir de casa. “En muchos casos, evitamos que se llegue a esa situación por que de no intervenir se puede llegar a ese aislamiento social y logramos un entorno más normalizado”, añade.
La negociación colectiva sigue en parálisis fruto de la pandemia del COVID-19 y los sindicatos hacen un llamamiento a la patronal para que asuma ya su responsabilidad ante la recuperación económica, impulse las mesas y acuerde incrementos salariales justos y derechos para los trabajadores, con el fin de lograr una salida de la crisis “justa”.
El año pasado había que firmar 80 convenios sectoriales y este 48, y se suscribieron solo 17 en 2020 y once hasta junio de este año, lo que supone que quedan pendientes de abordar un centenar, entre los de este ejercicio y los arrastrados del anterior, para 197.069 trabajadores.
Asimismo, este año había que firmar 77 convenios de empresa por la finalización de su vigencia, para 10.202 trabajadores. Si se suman los pendientes de años anteriores, la cifra se elevaría a 207 convenios por negociar en el comienzo del año, para 21.756 trabajadores, de los que solo se han suscrito hasta la fecha 15 con paraguas para 1.046 empleados, a los que hay que añadir otros cuatro firmados de empresas públicas con derecho a negociación colectiva, según los datos consultados por Ical.
El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, reconoció que “está costando retomar las negociaciones” porque la patronal “viene utilizando la crisis económico para no asumir su responsabilidad y abordar los procesos de negociación”.
En este sentido, hizo un llamamiento a su “responsabilidad parea negociar” y a que no se use la crisis “de forma interesada, porque no beneficia a nadie”. Fraile razonó a Ical que los convenios deben dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y de las empresas y apeló a subidas salariales para lograr un reparto justo de la riqueza en la salida de la crisis así como a abordar materias como la formación, la seguridad y la salud laboral, la digitalización, el empleo y la igualdad.
Fernando Fraile exigió a los empresarios que abandonen su posición “cicatera” para que se produzca un “reparto justo de la riqueza” porque “no se puede producir una salida de la crisis como la anterior.
El responsable sindical defendió que “elevar salarios es totalmente compatible con los beneficios, para lograr una redistribución justa de la riqueza” y explicó que platean subidas en las retribuciones que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido e impulsar los salarios mínimos de los convenios para alcanzar los 14.000 euros.
En este sentido, asumió que esas subidas no se producirán “de una manera general, no puede ser café con leche para todo el mundo”, dijo, porque algunas actividades están “muy castigadas” por la pandemia, y en las negociaciones serán “responsables”.
Fernando Fraile advirtió no obstante que no todas están en la misma situación y a medida que avance la vacunación y se ponga freno a la pandemia, “habrá un relanzamiento fuerte de la economía, que está mejorando y mejorará mucho más”. “Esto traerá más beneficios para los empresarios que deben redistribuir de forma justa la riqueza con aumento general de los salarios en la salida de la crisis”.
La Junta de Castilla y León ha publicado una guía en la desgrana los distintos aspectos que condicionan el funcionamiento de las piscinas públicas ante los riegos del COVID-19.
En la misma se recuerda que se deberán cumplir en todo momento las precauciones sobre higiene de manos e higiene respiratoria, distancia interpersonal y uso de la mascarilla, incluidas la playa de la piscina y el entorno del vaso, evitando el contacto de los objetos personales con los de otros usuarios. Además, se apunta que los usuarios deberán ser informados de estas reglas mediante indicadores virtuales, carteles o megafonía.
En cuanto a los controles de acceso, la Junta recomienda la existencia de puertas de entrada y salida diferentes siempre que sea posible, así como la alternativa de hacer turnos de baño si la afluencia fuese muy elevada. En los vestuarios solo se permite una persona en aquellos espacios de menos de cuatro metros cuadrados, y en los de mayor tamaño con varias cabinas solo se podrá alcanzar una ocupación del 50 por ciento de las mismas, respetando la distancia interpersonal de 1,5 metros.
Con respecto a los aforos, dentro del vaso de la piscina se limita a dos metros cuadrados por persona, y en cuanto a la ocupación del total de las instalaciones la proporción será de una persona por cada cuatro metros cuadrados. En el nivel 2, en el que nos encontramos actualmente, se contará también con la limitación del 75 por ciento al aire libre.
Se prevé también la dosificación de desinfectantes en el agua mediante medios automáticos o semiautomáticos, con filtración durante las 24 horas del día y lavado diario de filtros, cambiando el material filtrante cuando proceda. Los niveles recomendables de pH estarán entre 7,2 y 7,6, y los de cloro libre entre 1 y 2 mg por litro. También se establece la periodicidad de los controles, al menos 3 veces al día, y una vez al mes por un laboratorio acreditado.
Además, se describen las medidas higiénico-sanitarias de limpieza y desinfección, que incluyen los sistemas de desinfección de manos y calzado al menos en la entrada, uso de calzado exclusivo dentro del recinto, identificación de las zonas de contacto más frecuentes y ventilación de los espacios cerrados al menos tres veces al día.
Para una información más detallada sobre la normativa se puede consultar la siguiente web: https://www.saludcastillayleon.es/es/sanidadambiental/sanidad-ambiental-covid-19.
Tras las críticas realizadas por algunos alcaldes de la provincia de Segovia contra la reorganización de la campaña de vacunación, la Delegación Territorial de la Junta explicó que son manifestaciones “comprensibles e incluso razonables desde una perspectiva local”, generar las menos molestias a sus vecinos, pero matizó que “en la lucha contra la pandemia no puede hacerse desde una perspectiva meramente local, como se ha visto en el último año y medio, sino que es necesaria una perspectiva global e integrada, tanto del territorio como de las personas.
Desde la Junta remarcaron que “el objetivo prioritario del proceso de vacunación es vacunar cuanto antes al mayor número posible de personas y esto solo es posible con la concentración de los recursos humanos y materiales”, por lo que “la dispersión de medios en el territorio no garantiza un avance rápido en el proceso de vacunación”.
En un comunicado, la Delegación Territorial de la Junta en Segovia sostuvo que es “evidente” que no todos los días se pueden dispensar las vacunas en un centro de salud rural, sino sólo algunos días a la semana, en función de la ruta que haya de establecerse para los equipos de vacunación. “Sin embargo en los puntos concentrados sí que es posible vacunar todos los días y además, al reunirse mayor número de personas, por pertenecer a varias zonas de salud, el trabajo del equipo puede llegar a un número mucho mayor de destinatarios”, argumentaron.
Por otra parte, se consigue que “el funcionamiento ordinario de los centros de salud y los equipos de enfermería de los mismos puedan seguir haciendo su trabajo en las consultas diarias, y no interferir estas con la vacunación”.
Como ejemplo, señalaron que “no es operativo tener un equipo que el mismo día pone, por ejemplo, 40 vacunas en El Espinar, 15 en Villacastín y 30 en Nava de la Asunción. O en Riaza, poner 25; 12 en Sepúlveda y ocho en Sacramenia, empleando tiempos y desplazamientos que podrían dedicarse a vacunar a más personas. “Y que hasta siete u ocho días después no pueda volver el equipo de vacunación a ese mismo municipio porque esté haciendo otras rutas, demorando la vacunación de las personas de esos municipios que tengan que vacunarse seguidamente”, detallaron.
Comprenden que desplazarse es una molestia, que debe ser entendida, “compensada”, por la recepción ágil y rápida de la vacuna. “Para la administración responsable del sistema sanitario el hecho de que se pueda vacunar más rápidamente a mayor número de los ciudadanos debe ser un objetivo fundamental, prioritario ante todo por el riesgo que el virus supone para las personas no vacunadas”, explicaron textualmente.
Además, resaltaron que los destinatarios de esta medida son, “en su inmensa mayoría personas menores de 55 años, acostumbradas a los desplazamientos”, que van a otros municipios a comprar, al centro de salud, a realizar gestiones administrativas o de ocio en las cabeceras de comarca o en otros municipios son actividades habituales en el medio rural, por lo que, en su opinión, tiene más sentido “desplazarse para recibir la vacuna, un remedio que a muchas personas puede salvarles la vida, y salvar a otros a los que potencialmente pudieran contagiar”
Otro argumento dado por la Junta en Segovia es que la concentración de puntos de vacunación no es una práctica exclusiva de nuestra provincia, también se hace en otras de Castilla y León. En Madrid se pueden ver largos desplazamientos para que las personas se vacunen en el estadio Wanda Metropolitano, o en el Hospital Zendal. Se aplica también en otros países de Europa porque asegura obtener del trabajo de los equipos de vacunación el máximo rendimiento.
Hasta ahora se había vacunado en domicilios, en residencias, en casi todos los centros de salud rurales porque así lo aconsejaba la edad de los ciudadanos. “Cuando se ha llegado a edades más jóvenes es necesario adoptar esta medida para darle mayor agilidad al proceso”. En todo caso, continua el comunicado, “en aras de seguir mejorando el sistema, desde la Gerencia de Asistencia de Segovia también se valora la introducción de modificaciones en la planificación de la campaña para mejorar la accesibilidad de todos los ciudadanos a los tres puntos fijos de vacunación masiva que a partir del lunes estarán en funcionamiento en la provincia”.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, afirmó hoy que la Junta, en su lucha por el reconocimiento de los Servicios Sociales, quiere “escuchar, aprender y ayudar” a las personas con discapacidad. Prueba de ello, la puesta en marcha, en el CAPDI ‘Los Juncos’ de la Diputación de Segovia, de la primera Unidad de Convivencia de Castilla y León para personas con discapacidad, con el nombre ‘Ojalvilla’. Una experiencia para 14 residentes.
“Los Servicios Sociales son tan grandes, con las mejores calificaciones, es porque son de todos, todos nos implicamos”, aseguró Isabel Blanco, que agradeció el trabajo del Tercer Sector y la implicación “pionera en muchas materias” de la Diputación de Segovia. Según la consejera, el Acuerdo Marco de colaboración económica de la Junta con la institución se firma para prestar servicios también está “ligada a la confianza, a la enseñanza, a aprender unos de otros”.
Blanco reiteró que “el objetivo de todos aprender” para “seguir avanzando el modernizar los Servicios Sociales, en una comunidad que no tiene lista de espera para la Dependencia, gracias a todas las personas que trabajan y se implican en los Servicios Sociales, mirando al futuro”. La consejera puso de manifiesto el nuevo modelo de atención a la Dependencia 5.0 en Castilla y León.
En su opinión, hay que aprovechar “todos los avances, las nuevas tecnologías, la domótica, siempre centradas en las personas para ser capaces de dará a los usuarios, lo que queréis y necesitáis”. Isabel Blanco se comprometió a escucharles, para aprender y ayudar en “vuestro proyecto de vida”, precisamente con una nueva normativa para personas con discapacidad, para “garantizar que pase lo que pase siempre se va hacer lo que vosotros queráis”.
La nueva Ley de Atención Residencial para personas mayores y personas con discapacidad, indicó la consejera de Familia, está centrado en las personas, con un modelo de unidades de convivencia como ésta de ‘Ojalvilla’, con pequeñas viviendas para de 12 a 16 personas, “dentro de un gran cascarón que es la residencia”, como “un pequeño pueblo”, dentro de la residencia.
Isabel Blanco estuvo acompañada por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y a la directora del centro, Angustias Sernández, en la inauguración de esta estancia, que lleva este nombre de Ojalvilla, “en honor a un asentamiento poblacional que habitó el municipio de La Lastrilla en la Edad Media y desapareció con el paso del tiempo”.
En sólo unos meses, recordó de Vicente, lo que “eran 265 metros cuadrados de ladrillos, columnas, yeso, planos sobre los que aún se realizaban algunos cambios y muros entre los que era difícil imaginar pasillos o paredes, hoy es un hogar para 14 personas, cuatro mujeres y 10 hombres”.
Detalles
Cuenta con siete habitaciones dobles, sus respectivos cuartos de baño, su cocina, sus adornos y su salón, para remarcar “el cariz familiar que pueden llegar a alcanzar estas Unidades de Convivencia”. En sus centros residenciales, la Diputación cuenta con ocho unidades de convivencia. La primera para personas con discapacidad, con usuarios entre 32 y 86 años, y grados entre el 44 y el 99 por ciento.
Ubicado en un antiguo almacén del centro, este espacio, en cuyo acondicionamiento la institución provincial ha invertido 200.000 euros, cuenta, además de con una grúa portátil, con una inversión de 8.762,57 euros, con una zona común de 68 metros cuadrados con cocina y salida a una zona ajardinada a la que se accede desde el salón, desde el cual se da paso también a la zona de siete habitaciones dobles con baño propio
Miguel Ángel de Vicente avanzó que tres de estas habitaciones han sido adaptadas, debido a que los habitantes de Ojalvilla tienen capacidades diferentes y una serie de necesidades distintas de apoyo, que abarcan, desde cuestiones de movilidad y visión, hasta otras relacionadas con la asistencia conductual positiva.
Por su parte la directora del centro, recalcó que, tras la reforma arquitectónica de esta parte del centro, los residentes pueden entrar y salir de la Unidad cuando así lo desean, gracias a la ubicación de ésta en la planta baja de la residencia, lo que ha supuesto una mejora en la accesibilidad y ha permitido garantizar la convivencia. Disponen de “un entorno terapéutico y seguro que facilita la interacción social con diferentes grupos, desde residentes y trabajadores, hasta sus familiares, amigos y allegados”, Angustias Sernández.
Esta experiencia, que comenzó en abril, ha supuesto “cambios positivos en las personas”, y que, con la ayuda de las ocho auxiliares de atención a personas dependientes, la educadora y la psicóloga que trabajan en la Unidad. Según detalló se han observado en todos ellos “una mayor autonomía, una mayor conciencia de respeto y responsabilidad y una gran satisfacción por vivir como en su propia casa, cumpliendo sus sueños y desarrollando sus proyectos de vida con la ayuda personalizada de los profesionales exclusivamente en lo que necesitan”.
Además se apostó por un cambio de nombre a Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual ‘Los Juncos’, por la capacidad de resistir los vientos de la vida, que arremeten con fuerza, pero vuelven a dejarnos en pie. La consejera avanzó que con un presupuesto de 870.000 euros, se van a continuar la adaptación y acondicionamiento de espacios, realizar mejoras de accesibilidad y de estructuración de estancias y adquirir un microbús accesible para el transporte colectivo de residentes.
Mientras llegan estas inversiones, que se pretenden acometer con fondos europeos, y termina de ser tramitada para su aprobación la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad en Castilla y León, Miguel Ángel de Vicente deseó a los residentes de la nueva estancia que el cumpleaños de Sergio, con el que el 12 de abril se celebró la entrada a la Unidad de Convivencia “fuese la primera celebración en familia de muchas y que la nueva población de Ojalvilla sea feliz aquí durante mucho, mucho tiempo”.
Resistiré
El acto concluyó con la canción ‘Resistiré’ sonando en la voz de Jesús Parra, después de que los presentes guardasen un minuto de silencio en contra de la violencia de género y en memoria de Olivia, la menor cuyo cuerpo era encontrado hoy en el mar, después de que su padre la secuestrase junto a su hermana pequeña, y de Rocío Caíz, menor también y cuyo cadáver también era encontrado hoy después de que presuntamente haya sido asesinada por su expareja.
