El Consejo de Ministros ha confirmado este martes la declaración de Castilla y León como zona afectada por emergencia de protección civil por el incendio ocurrido en la localidad abulense de Navalacruz y que ha quemado cerca de 22.000 hectáreas.
El Consejo de Ministros ha extendido esta declaración a las 13 comunidades autónomas en las que, a lo largo de este verano, se han producido incendios de grandes proporciones, entre las que se encuentra Castilla y León.
De esta manera, el Consejo de Ministros confirmó el compromiso adquirido el domingo por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su visita a la zona afectada por el incendio declarado el 14 de agosto en la localidad abulense de Navalacruz, y que quemó cerca de 22.000 hectáreas de terreno.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, detalló que la declaración de zona de emergencia afectará a Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Asturias, Baleares, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra. Además, el Gobierno incluyó en el mismo acuerdo las inundaciones ocurridas en la Comunidad Valenciana entre los días 4 al 9 de noviembre de 2020, y en La Rioja entre los días 14 al 16 de junio de 2021.
Ello ha sido posible gracias a que el Real Decreto-Ley 10/2021, de 18 de mayo, de medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca Filomena, abrió la posibilidad de nuevas declaraciones de zona afectada por emergencia de protección civil por hechos catastróficos acaecidos entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021.
Estos incendios fueron de tal magnitud que las autoridades autonómicas competentes se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad (niveles 1 o 2), según lo establecido en el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem), aprobado el pasado 15 de diciembre.
De este modo, las personas afectadas, físicas, jurídicas y corporaciones municipales, podrán beneficiarse de medidas y ayudas destinadas a paliar daños de índole personal y material sufridos por infraestructuras, viviendas, establecimientos agrarios o instalaciones ganaderas. Estos daños no han podido ser identificados y cuantificados con la precisión necesaria para determinar las ayudas destinadas a paliar tales perjuicios, ya que la fase de recuperación, iniciada inmediatamente después de la de intervención, no ha finalizado todavía.
El acuerdo del Consejo de Ministros se extiende a las zonas que, sin necesidad de disponer de una evaluación de daños y a la vista de la información disponible, resulta manifiesto que han padecido los efectos de los incendios, sin perjuicio de extenderla posteriormente a las zonas que hayan podido quedar excluidas, como se hizo en el caso de la borrasca ‘Filomena’.
Una vez se cuente con la memoria de los daños producidos, el Gobierno, en colaboración con el resto de las administraciones autonómicas y locales competentes, estudiará otras medidas complementarias a las adoptadas por las autoridades territoriales, así como el desarrollo de medidas fiscales relativas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), al Impuesto sobre Actividades Económicas, al IVA y al IRPF.
Por su parte, la portavoz del Gobierno dejó clara la sensibilidad del Gobierno con lo sucedido en las zonas afectadas por el fuego durante el periodo estival como, dijo, quedó demostrado en la reciente visita de Sánchez a Ávila.
Por último, reconoció la labor de los distintos actores que han estado involucrados en la prevención y la extinción de las llamas, así como la solidaridad de la sociedad civil en las zonas afectadas, y reiteró el compromiso del Gobierno en la lucha contra el cambio climático.
