La Junta de Castilla y León propone un Plan Renove de calderas con fondos Next Generation. Es una de las medidas incluidas en la propuesta en materia de energía que lanza al Gobierno de la nación.

El documento incluye 18 medidas bajo dos premisas a tener en cuenta. Una de ellas es la voluntariedad en las medidas para empresas y ciudadanos, y la obligatoriedad para las administraciones públicas, ha indicado el portavoz de la Junta. Carlos Fernández Carriedo también ha señalado al respecto de las medidas en materia energética que «bajar impuestos es bueno».

18 propuestas de Castilla y León en materia energética

Medidas de sustitución de combustibles

1. La sustitución de combustibles es una opción prioritaria, debiendo incentivar las capacidades de sustitución de combustibles por parte del sector residencial, así como de los diferentes sectores económicos y la generación de electricidad y calor.

2. En este sentido cabe contemplar la reprogramación de fondos comunitarios para incrementar los destinados a las ayudas al autoconsumo eléctrico y almacenamiento así como para el fomento de las energías renovables térmicas.

3. Se debería activar masivamente un Plan Renove de Calderas aprovechando los fondos europeos Next Generation.

4. Es imprescindible aprobar los desarrollos normativos que faciliten la inversión en la repotenciación de las instalaciones de generación renovable, el almacenamiento energético, la cogeneración de alta eficiencia y los gases renovables, como el hidrógeno o el biometano.

5. Considerar una verdadera apuesta por el sector de la biomasa reduciendo los impuestos a los biocombustibles sólidos como pellets o astillas, generadores de una actividad económica en nuestro necesitado medio rural así como constituyendo un instrumento que facilita la gestión de las masas forestales ante el riesgo de incendios.

6. La utilización de toda la capacidad de generación eléctrica, incluso mediante carbón allí donde todavía resulte técnicamente posible de acuerdo con las orientaciones europeas, aun cuando se trate de una medida temporal a corto plazo.

7. La reprogramación del calendario de cierre de la capacidad de generación nuclear; tal y como dispone la Comisión Europea “La decisión sobre el posible aplazamiento de la eliminación progresiva de las centrales nucleares cuando sea técnicamente viable es una opción política para los Estados miembros.”

Instrumentos basados en el mercado

8. Los sistemas de subastas o licitación nacionales o conjuntos mediante los cuales los Estados miembros incentiven una reducción del consumo por parte de los grandes consumidores. Los consumidores mejor situados para reducir la demanda se ofrecerían voluntariamente a hacerlo. Dependiendo del diseño, podrían recibir una compensación financiera o desgravación fiscal, a cambio de un ahorro adicional, utilizando, por ejemplo, un subtipo especial de Certificado de ahorro energético (CAE). Este tipo de sistema también podría fomentar el ahorro de gas por parte de las empresas que prevean cerrar con fines de mantenimiento o modernización.

9. Los Contratos de intercambio entre grandes consumidores; en el caso de industrias y en periodos de gran escasez, podrían acordar de antemano intercambios contractuales de su producción desde un área expuesta a perturbaciones a otra menos expuesta. En un nivel de crisis de «alerta» o de «emergencia de la UE», el productor situado en el área menos afectada por la escasez de gas garantizaría el suministro de la producción al productor que tuvo que detenerla debido a la escasez de gas en el área afectada.

10. Por otra parte fomentar el uso de contratos interrumpibles para el consumo de gas, como medida voluntaria basada en el mercado, representando una importante fuente de flexibilidad.

11. Reforzar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, con el sistema europeo.

Ahorro en calefacción y refrigeración

El establecimiento de límites de temperatura para conseguir ahorros en calefacción y refrigeración deben ser consensuados, entendiéndose como:

12. Preceptivos para el sector público por su carácter ejemplarizante y siempre que ello no menoscabe el concreto interés público que la entidad tenga encomendada. “Clientes protegidos” como los hospitales, centros de educación infantil y servicios sociales deben excluirse de su adopción.

13. Voluntarios para el resto: particulares, hogares y entidades del sector privado debiéndose consensuar con las diferentes entidades públicas y los sectores afectados. Sin embargo, para estos colectivos habrán de desarrollarse importantes campañas de información y sensibilización a favor del ahorro energético; buscando siempre el menor perjuicio en la actividad productiva, la competitividad empresarial o las economías familiares; pudiéndose establecer incentivos económicos en las facturas en función del ahorro logrado.

14. Entre las medidas informativas cabría considerar una campaña de información del mix de generación eléctrica previsto del día y aconsejando en las franjas de no generación con gas todo consumo que se pueda diferir.

15. Se propone por otra parte, fomentar la rehabilitación energética de viviendas habituales más allá del 31 de diciembre de 2022, de forma similar a los edificios cuyos beneficios fiscales se contemplan hasta finales de 2023.

Sectores productivos

16. El papel esencial que juega la industria, la agricultura, la ganadería, la hostelería, el transporte, el comercio y otros sectores económicos gravemente afectados por los precios energéticos, debe ser tomado en consideración a los efectos de los apoyos a implantar.

17. Por otra parte, resulta imprescindible dar una solución al sector de la cogeneración, reiterando los argumentos trasladados al Gobierno, por parte de esta Administración, de tal forma que la utilización del gas en sus instalaciones resulte efectivamente compensado. Además, parte de los Fondos Next Generation se deberían dedicar a apoyar una renovación e impulso de la cogeneración española, lo que redundará en refuerzo de los diferentes sectores económicos que la utilizan, del empleo que crean y de su competitividad.

18. Se propone la adopción de medidas de política fiscal que disminuyan la presión impositiva existente sobre la energía con impacto para los consumidores.

Fotografía de Matthew Henry en Unsplash