El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón Beltrán, ha mantenido una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León para informarles sobre la Ley de Violencia de Género, cuyo anteproyecto fue aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 7 de enero de 2010. El objetivo de la reunión es explicar a los portavoces parlamentarios el proceso de elaboración del texto.

Esta reunión persigue que la normativa se apruebe con el mayor grado de consenso posible de la sociedad de Castilla y León, tanto de sus fuerzas políticas como de los agentes sociales. De hecho, la elaboración del borrador del anteproyecto ha contado con una gran participación del tejido social de la Comunidad, habiéndose dado trámite de audiencia a cerca de 50 entidades para la formulación de alegaciones, observaciones y sugerencias. Entre estas entidades, participantes muchas de ellas en la Comisión Regional contra la violencia hacia la mujer y el Consejo Regional de la Mujer, figuran administraciones públicas, asociaciones de mujeres, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones agrarias y colegios profesionales.

La Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León, futura normativa autonómica que regulará todas aquellas medidas tendentes a erradicar la violencia de género en el ámbito de la Comunidad. Esta normativa es uno de los compromisos para esta legislatura que asumió el presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera Campo, en su discurso de investidura pronunciado ante las Cortes el 26 de junio de 2007.

 

Principales novedades de la Ley

Una de las principales novedades que presenta el documento es que no se limita a las manifestaciones de la violencia de género (física, psíquica o emocional, sexual, económica o de cualquier otro tipo) en el seno de las relaciones de pareja y ex pareja, sino que se extiende a otros contextos en los que se pueda producir como el familiar, laboral o el social. Además, se regulan de forma específica aquellos sectores en los que la violencia hacia las mujeres está acompañada por otro tipo de problemas o situaciones características como el tráfico y la explotación sexual, tener algún tipo de discapacidad, vivir en el medio rural o ser inmigrante.

También hay que resaltar, como aspecto novedoso, que la normativa garantizará el reconocimiento legal del derecho de las víctimas de violencia de género a recibir una atención integral.

Una tercera novedad consiste en contemplar a las personas dependientes de la mujer (mayores o menores a su cargo, por ejemplo) como víctimas indirectas de la violencia de género y beneficiarias, por tanto, de algunos de los recursos puestos a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género.

Esta ley pretende ser un instrumento efectivo para eliminar la violencia de género, potenciando los instrumentos de prevención y sensibilización dirigidos a toda la sociedad; formando específicamente a los profesionales en esa materia y articulando una serie de recursos que presten una atención integral a todas aquellas mujeres, y a las personas a su cargo, que padecen situaciones de violencia. La Ley no olvida regular la necesaria coordinación que debe existir entre las distintas instituciones y organizaciones que trabajan en esta materia para alcanzar el fin último que persigue la ley: eliminar la violencia de género.