El programa por el que «los alumnos de los colegios pueden utilizar los ordenadores, recibiendo formación por tutores y los puntos Wifi que no son capaces de aguantar la conexión» está en el «aire» según afirma el PSOE de Castilla y León. «Las familias no quieren asumir la responsabilidad de tener un ordenador que no es de su propiedad al estar limitada la funcionalidad.» Al igual que «los ordenadores se quedan en los centros educativos por la Orden de uso privativo impuesta por la Junta de Castilla y León»

La portavoz socialista de Educación en las Cortes de Castilla y León, Mª Luz Martínez Seijo, lamenta que sólo 1 de cada 4 alumnos hayan solicitado llevar el ordenador a casa, “lo que deja claro que la orden que el PSCyL ha criticado desde su publicación ha resultado tan nefasta como se preveía.” Para Martínez Seijo, el hecho de que la Junta haya prorrogado el plazo de solicitud para que las familias soliciten el uso privativo corrobora el fracaso de la gestión de este programa.

Según explica la procuradora, la gestión del programa Red XXI o Escuela 2.0 en Castilla y León “está resultando ser una chapuza en todos los sentidos, los ordenadores han llegado y siguen llegando tarde a los centros con respecto a otras Comunidades Autónomas donde ya se repartieron el curso pasado, y esto supone que no todos los alumnos han empezado a disfrutar de su uso al mismo tiempo.” Además, a juicio de Martínez Seijo, la relación que se tiene que establecer entre el ordenador del alumno y el del profesor no funciona adecuadamente, tampoco se pueden «capar» los ordenadores para evitar la entrada de virus, o el acceso a páginas no deseadas, los cursos que iban a impartir los tutores nombrados por la Junta no están llegando a los centros y los puntos Wifi no son capaces de soportar la conexión a la vez de todos los portátiles de los alumnos.

Para la portavoz socialista, tanta restricción marcada en la Orden EDU/303/2010, de 9 de marzo ha acabado por provocar que los padres no quieran llevarse los ordenadores a casa y es que esta Orden deja a voluntad de las familias solicitar este recurso, obligando a pagar una cuota de copago de 25 euros, así como a correr con los gastos derivados de la contratación de un servicio de conexión a Internet, sabiendo que no hay igualdad de acceso en todo el territorio. Además, el fondo de esta orden reside en la discriminación que pueden sufrir aquellos alumnos cuyas familias no soliciten este recurso, y no lo tengan en casa, difícilmente van a ir todos los alumnos al mismo ritmo, por eso el PSOE considera discriminatoria esta Orden.

Martínez Seijo considera que la gestión del Red XXI deja en entredicho la rentabilidad de los miniportátiles en Castilla y León por la política cerrada y restrictiva de la Consejería de Educación, ya que éstos sólo van a ser utilizados por todos los alumnos en los centros educativos, perdiéndose una oportunidad única para que los ordenadores resultasen una herramienta educativa en los centros educativos y fuera de ellos y conseguir uno de los grandes objetivos de este programa del Ministerio de Educación, el de la igualdad de oportunidades entre todos los niños.

Finalmente el PSOE considera que no es de extrañar que las familias no quieran asumir una responsabilidad por el uso de un ordenador que, en definitiva, no es propiedad del alumno, pero que les supone un coste y muy pocas ventajas en su uso en casa, al estar limitada su funcionalidad.