Siete alcaldes del PSOE se han abstenido en la votación relativa la Orden TED/789/2023 de 7 de julio del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de
España, cuyo objetivo es establecer un método de cálculo para el coste de emisión de estos gases de los residuos biodegradables que se eliminan en vertedero. La medida, aprobada con los votos a favor de 34 alcaldes del Partido Popular, y la abstención de los ediles socialistas resulta, según el presidente de la entidad., Mario Pastor, “paradójico”. “Los alcaldes del PSOE se han abstenido ante una medida que nos vemos obligados a tomar para ajustarnos a una Ley del Gobierno socialista de España”, explica en un comunicado de prensa remitido a esta redacción.
Así, el el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Segovia, que ha celebrado este miércoles su Asamblea General, aprobó un Presupuesto de 6,2 millones de euros para 2024. Además, durante la sesión, se acordó, entre otros asuntos, la subida de costes por emisión de gases de efecto invernadero en vertederos, con la consiguiente repercusión en los entes consorciados. Una medida obligatoria, tal y como recoge dicha orden y cuyo objetivo es establecer un método de cálculo para el coste de emisión de estos gases de los residuos biodegradables que se eliminan en vertedero.
De esta manera, la tasa soportará un incremento de 7,4026 euros por tonelada, lo que supondrá un coste total de 84,39 euros por tonelada para los ayuntamientos. Este punto que fue el más controvertido de la Asamblea- Para Pastor, “esta situación es la misma que se creó con la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, que nos obligó a subir la tasa a 30 euros por tonelada”. Unas medidas, ha continuado el presidente, “que vienen del ámbito nacional y repercuten en todos los ayuntamientos y mancomunidades de la provincia, con lo que supone una subida de casi el 10% con respecto a lo que se venía pagando”.
Esta orden considera que el cálculo de los costes ligados a la emisión de gases de efecto invernadero es uno de los instrumentos más efectivos para reducir las cantidades de residuos vertidas e impulsar la calidad del tratamiento al que los residuos deben someterse. Por todo ello, los nuevos precios de aportación de los entes consorciados han quedado establecidos y tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2024.